Los acuerdos sectoriales premian la jubilación anticipada, lo que supone un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social
La diferencia entre la edad real y la legal de jubilación provoca que cada año el sistema de pensiones deje de percibir más de 1.200 millones en cotizaciones por los trabajadores que se retiran antes de tiempo del mercado laboral.
Fue por ello acertado que el exministro de Seguridad Social, José LuisEscrivá, introdujera medidas encaminadas a reducir esta brecha en la primera parte de la reforma de pensiones aprobada en 2021. En concreto, una mayor penalización para la jubilación e incentivos para para aquellos que alarguen su vida laboral.
Estas iniciativas han incrementado la edad efectiva de jubilación hasta los 65,2 años, su máximo histórico, lo que es positivo. Como también lo es que la actual titular de Seguridad Social, Elma Saiz, siga el camino de su antecesor con nuevas medidas que eleven el atractivo de permanecer en el mercado de trabajo y, con ello, seguir aportando ingresos al sistema público.
No obstante, el impacto de todas estas medidas se reduce por la inflexibilidad de los convenios colectivos. Ello debido a que 1 de cada 5 de estos acuerdos incluyen cláusulas que fuerzan o estimulan la jubilación anticipada. De hecho, más de 700.000 personas son premiadas por los pactos sectoriales vigentes en España, lo que supone un 85% más que la pandemia. Es más que evidente que la Seguridad Social, en situación financiera crítica, necesita la ayuda que pueda suponer la extensión de la actividad laboral de los cotizantes.
Esto debería llevar a abrir un debate con los agentes sociales para modernizar el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de evitar que los convenios pongan palos en las ruedas y entorpezcan la prolongación de la vida activa. Un factor clave para hacer frente al reto que supone el retiro de la generación del baby boom.
Fuente: Convenios: lastre para las pensiones
