La EAPN destaca que, sin prestaciones ni ayudas públicas, la pobreza se dispararía en 10,8 millones de personas, aunque advierte de que España puede mejorar mucho su protección social
Según el último estudio de Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), una España sin ayudas del Estado a los hogares y sin pensiones públicas, no tendría 9,6 millones de personas viviendo con ingresos por debajo del umbral de la pobreza,(el 20,2% de la población), sino que casi la mitad de la población sería pobre, en concreto el 42,6% (unos 10,8 millones de personas). Eso sí, también señala que España tiene mucho margen para mejorar en la reducción de la pobreza, con menos impacto que muchos de nuestros vecinos europeos.
En 2023, una de cada cuatro personas en España vivía en riesgo de pobreza y exclusión social, 12,7 millones de personas, el 26,5% de la población, según el indicador AROPE. Este indicador mide la pobreza en ingresos, pero también en aspectos como la baja intensidad del empleo y la carencia de bienes básicos, como no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y la incapacidad de calentar el hogar en invierno o refrescarlo en verano.
Sin el Estado, ¿qué pasaría?
A través de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística), el estudio muestra dos escenarios. El primero visibiliza el impacto de las transferencias del Estado –sin tener en cuenta las pensiones de jubilación y supervivencia– en la reducción de la pobreza a día de hoy. El segundo incluye también las pensiones públicas, que aunque son fruto de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores durante toda su etapa activa, también están sufragadas en parte por impuestos.
Si el Estado solo realizara transferencias de jubilación y supervivencia y ninguna otra, la tasa de pobreza se incrementaría para este año desde el 20,2% hasta el 26,2%, es decir, 6 puntos porcentuales más. En otras palabras, las transferencias sin tomar en cuenta las pensiones evitan este año (2023) que casi 3 millones de personas entren en la pobreza. Cuando se tiene en cuenta el impacto de las pensiones, la reducción de la pobreza es mucho mayor, de 16,4 puntos porcentuales, alrededor de 7,8 millones de personas, ya que las pensiones son el medio de vida principal para una gran parte de los jubilados.
El informe muestra también cuánto se reduce la pobreza entre personas menores de 65 años debido a las pensiones, ya que forman parte de los ingresos de sus hogares. Así, a nivel nacional, gracias a estas pensiones la pobreza se reduce 5,4 puntos entre los población de 0 a 64 años. Es importante compararlo con el efecto del resto de transferencias, que entre este grupo son responsables de otra reducción de 6,9 puntos. Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, destacó este dato para subrayar la relevancia del sistema público de pensiones como pilar social del conjunto de la población.
Mucho que mejorar: IMV, rentas mínimas y más
En su análisis territorial, la EAPN subraya las grandes diferencias en el impacto de las ayudas y las pensiones entre las distintas Comunidades Autónomas.
La acción del Estado (sin pensiones) se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, País Vasco, Región de Murcia, Canarias y Extremadura; en todas ellas las transferencias reducen entre un 27% y un 33% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas transferencias. Las que muestran menos impacto, con una reducción de entre “un 17% y un 21%” de las tasas de pobreza, son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Navarra y La Rioja.
Aun así, las organizaciones sociales saben que hay Comunidades Autónomas actúan de manera muy distinta en materias de su competencia como las rentas mínimas de inserción para personas en riesgo de pobreza. Antes de la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), se reflejaban enormes diferencias en su cobertura y cuantías. Por ejemplo, más de 65% de personas en riesgo de pobreza en Navarra y Euskadi percibía su renta mínima, mientras que solo llegaba a menos del 2% en Andalucía y Castilla-La Mancha.
Con la puesta en marcha del IMV por parte de la Seguridad Social, en lugar de adaptar las ayudas para que fueran complementarias, la gran mayoría de las Comunidades han reducido su gasto en esta política clave contra la pobreza.
La EAPN insiste en que combatir la pobreza requiere de ayudas económicas específicas para las personas más vulnerables, que sean efectivas y lleguen a la población, una tarea pendiente del IMV.
