La investigación a una sociedad que teóricamente funcionaba en Palencia como una autoescuela destapó un fraude a la Seguridad Social basado en la conformación de una empresa ficticia que se dedicaba a contratar artificialmente a trabajadores, en este caso 11, los cuales tenían como objetivo lograr finalmente una prestación del organismo estatal. Se trataba de una sociedad fijada en Melilla, pero que utilizó un piso de Palencia para darle un paraguas de legalidad bajo una actividad supuestamente regulada como es el de las autoescuelas, aunque en realidad nunca existió como tal. Las empresas ficticias son aquellas que no realizan ninguna actividad económica sino que solo se han creado para llevar a cabo un fraude.
Este es un ejemplo detallado de una parte del trabajo que se lleva a cabo en la coqueta y amplia sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional del mismo nombre ubicada en el Sector 8 de la capital, junto al estadio de la Nueva Balastera. La directora provincial del citado organismo, Lourdes Maté Barbero, reconoce a Diario Palentino que este tipo de fraude está «muy extendido» a nivel general. De hecho, solo en Palencia durante el pasado año ocho empresas fueron investigadas y la mitad de las mismas fueron dadas de baja al encontrarse más que indicios de fraude, así como a otros siete autónomos. «En colaboración con otros organismos como la Inspección de Trabajo queremos centrarnos también en el fraude que se produce con las empleadas del hogar», pormenoriza Lourdes Maté, que tras 26 años ejerciendo en Palencia ha ocupado la máxima responsabilidad en dos períodos, el primero entre 2009 y 2012 y el segundo desde febrero de 2018 hasta la actualidad. Perteneciente al cuerpo técnico de la Administración de la Seguridad Social, también ha ocupado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional la jefatura de la Unidad de Recaudación Ejecutiva en Palencia.
Pero el fraude que más se conoce es aquel que procede del impago de las cuotas por parte de las sociedad empresariales. Según los datos aportados por la Tesorería, en los últimos siete años siete procedimientos han acabado en los tribunales de Justicia en Palencia. En un caso el procesado acabó absuelto, tres fueron condenados y otros tres se encuentran en situación de investigación en la actualidad. «Tengo que resaltar que la TGSS es muy solidaria y distingue perfectamente entre el defraudador y la sociedad que, efectivamente, tiene dificultades para afrontar sus compromisos y obligaciones. En este caso, ofrecemos siempre todas las facilidades posibles para encauzar el problema. Sin embargo, hay personas que tratan de defraudar a sabiendas, en beneficio propio y en perjuicio del resto. A estos hay que decirles que están cometiendo un delito», recuerda Maté Barbero.
El fraude a la Seguridad Social consiste en la defraudación de una cantidad superior a los 50.000 euros, ya sea eludiendo el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, ya sea obteniendo devoluciones o beneficiarse de deducciones de manera indebida. En definitiva, es un daño patrimonial mediante engaño en la recaudación. El artículo 307 del Código Penal establece que se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante el organismo. Para determinar la cuantía mencionada se atenderá al importe total defraudado durante cuatro años naturales.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
«Deber dinero no es delito, sino la intencionalidad de no pagar», recalca Lourdes Maté. La Tesorería cuenta con el apoyo del SISS a través de la unidad especial de la Policía Nacional, con sede en Madrid, encargada de investigar este tipo de delitos. El objetivo principal de la Unidad de Prevención de los Delitos Económicos es el de informar, coordinar y efectuar el seguimiento de las actuaciones de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) en relación con conductas que presuman daño o perjuicio para la Seguridad Social o de las que pudieran derivarse responsabilidades penales.
Fuente: diario palentino
