La Seguridad Social necesita cada año más transferencias del Estado para seguir funcionando
Quince de cada 100 euros que pagamos en impuestos se destinan ya al pago de las pensiones públicas.
Son unos 50.000 millones de euros al año que se dejan de destinar a otras políticas como la vivienda, la emancipación juvenil, la inversión en I+D, el fomento de la productividad o la mejora del rendimiento escolar, sólo porque el sistema de Seguridad Social ha dejado de funcionar como debería.
Su contributividad, ese principio según el cual el derecho a percibir una prestación se basa en las contribuciones que se han hecho a lo largo de la vida laboral, ha dejado de operar en plenitud, ya que con lo que ocupados y empresas pagan por cotizaciones no es suficiente. A pesar de que éstas aumentan casi un 7% interanual tras la reforma del Gobierno y rozarán este año los 190.000 millones, no basta para asumir el gasto creciente al tener que revalorizar todas las pensiones sin distinción conforme a la inflación.
Esas transferencias que hace el Estado a la Seguridad Social con cargo a impuestos presentan cuatro problemas.
El primero de ellos -y quizá más importante- es el coste de oportunidad: es dinero que no se destina a otras partidas probablemente más prioritarias para el futuro del país.
El segundo es que exige un dinamismo de la recaudación tributaria que no durará para siempre y que podría exigir subidas de impuestos ad hoc en el futuro.
El tercero es que vulneran la propia ley de la Seguridad Social, ya que en su artículo 109 dice que las aportaciones del Estado deben responder a «atenciones especiales» o resultar «precisas por exigencia de la coyuntura». Dado que se repiten anualmente, cada vez en mayor cuantía y se harán más necesarias a medida que se jubile la generación del babyboom… no parecen circunstanciales ni tampoco ocasionales, como marca la ley.
El último problema es que son absolutamente desconocidas para los votantes. Según un estudio de Funcas, sólo uno de cada ocho adultos en España sabe cómo se financian las pensiones, con lo que sólo ese uno podrá estar preocupado por la composición del gasto público y estará en posición de exigir en las urnas más eficiencia, primero, y una reforma, después, que vuelva a hacer el sistema sostenible por si mismo. Bendita ignorancia, pensarán los políticos.
Fuente: Pensiones: 50.000 millones y cuatro problemas
