BBVA, condenado como responsable civil subsidiario por no notificar la muerte de un cliente, quien siguió recibiendo la pensión

Durante un período de seis años, una mujer se apropió de manera indebida de más de 60.000 euros pertenecientes al fallecido

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado al BBVA como responsable civil subsidiario por no comprobar que uno de sus clientes, al que durante más de cinco años se le continuó pagando la pensión de la Seguridad Social, había fallecido. En total, se le ingresaron más de 74.000 euros a su cuenta corriente del banco. Dinero que fue disfrutado por una mujer, quien ahora ha sido condenada a dos años de cárcel y a devolverlo.

No obstante, como al final todo sale a la luz, la mujer terminó siendo descubierta y denunciada por el Ministerio Fiscal y la Seguridad Social. Frente a este desenlace, tanto la acusada como las partes demandantes firmaron un acuerdo de conformidad, por el cual ella reconocía su culpabilidad y se comprometía a devolver todo lo estafado. Asimismo, se le condenó a una pena de dos años de prisión y cuatro años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Pese a ello, la entidad bancaria —BBVA— se abstuvo de participar en el acuerdo de conformidad, alegando no ser responsable civil subsidiario del caso y afirmando que dicho precepto es inconstitucional y, por lo tanto, «no debe ser aplicado». Una opinión que no ha terminado de compartir la Audiencia Provincial, que finalmente ha condenado al banco por no «prestar la información necesaria a la Administración para prevenir y ayudar a perseguir ciertos delitos», como en este caso el de fraude.

La obligación de control del banco

De hecho, para la Seguridad Social se debía condenar a BBVA como responsable civil subsidiario al entender que «la obligación de control de la pervivencia del titular de la pensión le incumbe a la entidad bancaria», en atención a lo dispuesto en el 17.5 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de febrero de 1996 parala aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social. Una valoración que ahora ha hecho suya también el Tribunal.

Concretamente, este precepto dispone que las entidades financieras que realizan pagos de pensiones y otras prestaciones periódicas a través de depósitos bancarios deben informar al menos una vez al año a la entidad gestora correspondiente sobre la continuidad de los beneficiarios.

Basándose en esta premisa, la Audiencia ha descartado la inconstitucionalidad de la obligación impuesta a los bancos y ha considerado innecesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que no se trata de una norma con rango de ley. Por consiguiente, ha concluido que la actuación de la entidad bancaria constituyó un «incumplimiento de su deber de control».

En esta línea argumentativa, la sentencia ha subrayado la importancia de las entidades bancarias en el sistema estatal, destacando su papel fundamental en la lucha contra delitos como el blanqueo de capitales y el fraude, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social. Por tanto, ha considerado crucial que estas entidades proporcionen la información necesaria a la Administración para prevenir y perseguir dichos delitos.

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