Demoras de hasta un año para la ayuda de la Seguridad Social
Los teléfonos de las oficinas de la Seguridad Social no paran de sonar pero casi cuatro millones de llamadas (3.893.671) quedaron sin responder entre enero y diciembre del año pasado por la falta de personal disponible, según informes internos fechados el pasado 22 de diciembre. El tapón que se ha generado con las demandas del Ingreso Mínimo Vital ha hecho además que haya 235.179 peticiones de esta ayuda pendientes de resolver, con esperas que llegan hasta el año.
La ayuda para familias vulnerables llega a 549.670 hogares en las cuales viven 1.542.675 personas, todavía por debajo del objetivo de 850.000 hogares y 2 millones y medio de personas que se marcó el ministerio en su primer año, en 2020, cuando lanzó esta ayuda para familias vulnerables en medio de los estragos de la pandemia. Lo que no explica el ministerio es que las 550.000 ayudas aprobadas solo son una cuarta parte de los 2.2 millones de solicitudes hechas. Además de las 235.000 pendientes, se han cancelado 177.287, se han denegado 754.288 y se han inadmitido 488.680, siempre con cifras del año pasado facilitadas por los sindicatos. Eso quiere decir que solo se ha concedido una cuarta parte de las solicitudes.
Como prueba de los posibles errores y carencias que se pueden dar en las prestaciones, la Seguridad Social ha perdido 20.473 de los procedimientos que tenía abiertos. Es decir, más de 20.000 personas, que, por errores administrativos o falta de documentación, han pasado meses sin recibir una prestación a la que tienen derecho y por cada procedimiento perdido por la Seguridad Social había un ciudadano que tenía derecho a prestación
Fuentes del ministerio niegan que haya un problema con las demoras, aunque el dato se ha contrastado con trabajadores de la administración, plataformas vecinales y afectados. Tampoco reconocen como buenas las cifras de las demandas pendientes, “se está al día de la tramitación”. Defienden además el valor del bus informativo que recorre las calles de España dando información sobre el ingreso y la contratación de 1.600 interinos, anunciada el pasado mes de septiembre del año pasado y que todavía se está llevando a cabo.
Las quejas de criterios y ejecución del IMV son muy numerosas. Las entidades de barrios lamentan que trabajan con casos con “esperas de más de un año”, que coinciden con la estimación de los sindicatos. Además de las esperas para obtener respuesta, el pasado mes de noviembre se ejecutaron unos nuevos cálculos que propiciaron muchos cambios en el importe del Ingreso Mínimo Vital, sin notificar a los afectados por qué se daba y algunas personas, que dependían de este ingreso para comer o pagar el alquiler, vieron de repente como disminuía o desaparecía de su cuenta sin ni siquiera saber los motivos. Pero además, los cambios de cálculo se hicieron en base a la última declaración de la renta y, por lo tanto, a los ingresos de 2021, de forma que se tenía en cuenta una situación pasada para una pobreza que se vive en el presente.
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, hace tiempo que denuncian la vulneración de derechos que se da con el Ingreso Mínimo Vital. El Ingreso Mínimo Vital es una yincana burocrática, se realiza con unos procedimientos tremendamente complejos, y por otra parte, los procedimientos son muchas veces inmisericordes con las personas más vulnerables.
Tenemos que tener en cuenta que hay un millón de personas en situación de pobreza extrema, y muchos de ellos viven en la más absoluta marginalidad. Muchos de ellos con enfermedades mentales o en situaciones de infravivienda tienen más condicionantes que los económicos. Una vez la gente cae en la exclusión, es muy difícil rescatarla porque ya viven un desarraigo de la sociedad. Además también se critica el hecho de que se contabilice la renta del año vencido en vez del presente, es decir, el criterio es del pasado cuando la pobreza está presente.
