Las conversaciones en la mesa de diálogo social avanzan a buen ritmo. Las partes dan prácticamente por cerrado el paquete sobre contratación temporal y abordan los últimos flecos sobre negociación colectiva.
Públicamente la patronal y los sindicatos rebajan la euforia sobre un pacto inminente pero este postureo viene propiciado por la estrategia negociadora de las partes en la recta final de las negociaciones milimétricas en algunos detalles, y en asuntos laborales una simple coma lo puede cambiar todo.
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El Gobierno intenta atraer a las organizaciones empresariales y sindicales a un pacto equilibrado que se alinee con las recomendaciones de Bruselas y en los últimos días, se ha esforzado especialmente por seducir a los empresarios con una propuesta sobre los artículos 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores que busca reducir la excesiva tasa de temporalidad redefiniendo las causas para firmar contratos eventuales y reordenando el menú de modalidades contractuales.
El esquema ya está pergeñado: el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y se permitirán dos causas para firmar contratos temporales, por circunstancias de la producción y por sustitución de un trabajador. En la primera causa se incluye un nuevo tipo específico para actividades ocasionales (como unas rebajas o una campaña de verano) cuya duración no podrá superar los 90 días y también se ha conseguido un esquema para el contrato fijo-discontinuo donde las actividades estacionales pasarán a considerarse intermitentes. Además, la patronal ha incorporado al esquema a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que también podrán utilizar este tipo de contratos en el nuevo marco legislativo.
Lo cierto es que el 77% de la población activa española ve con buenos ojos que se penalice, a las empresas que abusen de la rotación de los trabajadores temporales, según se desprende del informe elaborado por la plataforma de empleo Infojobs.
El otro de los paquetes más complejos y espinosos es el de la negociación colectiva que es fundamental para aumentar el poder de los sindicatos: la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios, la reordenación del modelo de subcontratación y la eliminación de la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte del empresario.
Aquí la patronal ya asume que se va a recuperar la ultraactividad de los convenios, aunque no le guste, y no le da tanta importancia. También se han acercado posturas es respecto a la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, eso sí, solo sobre algunos aspectos concretos. Los sindicatos quieren incluir en estos aspectos los salarios, pero la patronal se opone, aunque se abre a incorporar otros menores como la jornada, y parece que el Gobierno estaría dispuesto a buscar una fórmula intermedia para satisfacer ambas aspiraciones y la está ultimando.
En cuanto a la reforma de la subcontratación para la aplicación del convenio del sector de la actividad principal, tampoco es un asunto que genere una gran controversia en la CEOE, que estaría dispuesta a aceptarlo, así como un incremento de las responsabilidades subsidiarias previstas para las empresas contratistas y subcontratistas.
Donde sí que ha fijado una línea roja la patronal es en la reforma del artículo 41 del ET sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y todo apunta a que este aparatado finalmente se va a quedar fuera de la reforma porque es inaceptable para la CEOE.
En definitiva, una reforma que, de salir adelante en estas condiciones, sería “de mínimos” y permitiría a todas las partes venderlo a los suyos como beneficioso para sus intereses, fundamentalmente al Gobierno, porque podría por fin cerrar una reforma que le permitiría captar otros 12.000 millones de euros de fondos europeos y cumpliría formalmente con la esencia del acuerdo del Gobierno de coalición en lo que se refiere a la modificación de la ley de 2012.
