Al final, y después de faltar al respeto continuamente, con sus “ocurrencias no explicadas”, a sus propios ministros de su Gobierno, a sus socios de Podemos, a sus aliados parlamentarios de distinto pelaje, a sus militantes, a sus votantes, a la oposición y al propio Parlamento, Sánchez ha conseguido lo que ningún presidente se había permitido: tratar a los españoles como súbditos.

De repente hemos perdido nuestra condición de ciudadanos y nos hemos convertido en súbditos de un Presidente de Gobierno, que pretende ser el Rey absolutista de la III República española. El agravio es tan grande que será difícil de olvidar.  Muchos saben ya que no hay que creerle, otros lo estarán descubriendo ahora tras su actuación en la pandemia, en la crisis de la guerra de Ucrania y en sus derivadas sociales de la inflación desbocada (los transportistas, los pescadores, el campo en general,…) y con la claudicación vergonzosa ante Marruecos sobre el Sáhara como colofón, de momento, de su quehacer/deshacer .

El presidente del Gobierno es peligroso, y sobre todo cuando guarda silencio.

Ya lo avisó Pérez-Reverte:

“Es un ‘killer’, los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar”

ES DE ESPERAR QUE EL TIEMPO HAGA JUSTICIA Y PONGA A CADA UNO EN SU LUGAR

El Congreso decidió a mediados de enero incluir una recomendación para crear una Comisión de Nombramientos para siete autoridades administrativas independientes reguladoras ya operativas en España: la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la AIReF, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB).

El Gobierno no sólo plantea limitar la independencia de los órganos reguladores, sino que va más allá y propone que se pueda incluso suprimirlos. El Grupo Socialista también presentó inicialmente una enmienda que se retiró posteriormente para extender su control incluso también al Banco de España al ser otra entidad «de Derecho público

Por otra parte, el Gobierno está alimentando las dudas sobre la fiabilidad de la estadística oficial del INE porque sus previsiones económicas no van en la línea con la que el Ejecutivo publicita. Así, ha cuestionado abiertamente los datos del PIB y ha empezado a producir nuevos indicadores, como un PIB diario, las ventas diarias de la AEAT o los datos de afiliación adelantada quincenalmente por el ministro de la Seguridad Social. Esta ofensiva ya alcanza incluso al IPC, otro de los indicadores que peor está respondiendo, en informes de servicios de estudios próximos al Gobierno.

LA AUTORIDAD FISCAL DENUNCIA LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

La AIReF exige que el Congreso excluya al organismo de las recomendaciones sobre independencia e imparcialidad y avisa de que la UE intervendría

Como su propio nombre indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo independiente creado en el año 2013 en línea con el resto de países europeos y, por ello, se está revolviendo contra los intentos del Gobierno de «intervención» en su independencia

propuestas del principal partido de Gobierno para que el Ejecutivo y el Parlamento controlen la labor de la AIReF para limitar sus decisiones con el fin de que sean «exclusivamente técnicas». El PSOE también busca crear una Comisión de Nombramientos reforzada con más poderes para investigar el perfil de los candidatos a los organismos reguladores y someterles a un examen más exhaustivo y con más poderes para controlar.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, fue clara en mostrar la preocupación por este asunto y ha expresado que hay un problema en la configuración «de base» en la propuesta, pues la AIReF no es un organismo regulador, sino supervisor. «Ni tomamos decisiones ni imponemos sanciones, es un error de partida». Herrero fue tajante al apostillar que «de acuerdo con la ley y la normativa europea AIReF no puede recibir instrucciones» y de hecho, avisó que «la UE no se va a quedar al margen» en la evaluación del seguimiento del funcionamiento y la correcta aplicación de la Ley de funcionamiento de la AIReF.

La AIReF en los últimos meses reprendido al Gobierno por distintos auntos, entre otros, la AIReF ha afeado el caso omiso de los ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda a sus recomendaciones para dotar a la política fiscal de una orientación de medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, garantizar la estabilidad presupuestaria y reforzar la transparencia de las cuentas públicas y el intercambio de información. De hecho, Herrero ha remarcado que el plan de ajuste es «más necesario que nunca» ante las perturbaciones económicas derivadas de la guerra.

La AIReF denunció también recientemente que el Gobierno de Pedro Sánchez está retrasando la fiscalización por su parte del gasto público de más de 140.000 millones de euros de los avales del ICO al no concretar el encargo, así como el Ministerio de Hacienda demora la evaluación del ingreso mínimo vital (IMV), con un gasto de 3.000 millones, al no terminar de suscribir la Agencia Tributaria un convenio necesario para ello.

LOS INSPECTORES DE HACIENDA RECLAMAN AL GOBIERNO INDEPENDENCIA

Los inspectores de Hacienda denuncian una situación «dramática» por la pérdida de independencia de la Agencia Tributaria y urgen en la aprobación de su Estatuto Básico

Independencia, más efectivos y optimización de recursos. La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) tiene claro cuáles son las necesidades más perentorias de la Agencia Tributaria (AEAT) ante una situación «dramática» por la pérdida de plantilla de los últimos años y la gestión de sus recursos, así como que el organismo tributario sea independiente para que el Gobierno no intervenga en su dirección

Estas son algunas de las 124 propuestas de mejoras legislativas contra el fraude fiscal y la reforma de las administraciones tributarias, entregado ya al Ministerio de Hacienda, en el que propone una AEAT con naturaleza de autoridad administrativa independiente, de modo que «el Gobierno y el resto de administraciones carezca de facultades para intervenir en su dirección».

En este supuesto, habría un director general de la Agencia cuyo nombramiento requerirá una mayoría cualificada, con un mandato de cinco años renovable por otros cinco, y con unas causas de destitución tasadas y reguladas expresamente, así como un Consejo de Gobierno de la Agencia que estaría integrado por representantes de todas las administraciones públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia.

Los inspectores también consideran que la AEAT necesita la aprobación de su Estatuto básico, el cual lleva pendiente desde su creación en 1992, en el que se establezcan elementos esenciales en cualquier organización moderna, como su grado de autonomía en las distintas materias organizativas (personal, presupuesto, recursos económicos) y funcionales; sus relaciones con otras administraciones tributarias; su misión dentro del sistema tributario español; sus objetivos en los distintos horizontes temporales o su sistema de valores.