El Gobierno de España quiere aprobar cuanto antes la reducción de la jornada laboral. Trabajo se ha citado el próximo lunes con los agentes sociales para negociar el contenido del decreto, que incluye multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que no cumplan la ley.
Yolanda Díaz ha activado la cuenta atrás para que CEOE y Cepyme comuniquen sus propuestas para sacar adelante de una vez por todas la reducción de jornada laboral, pero fuentes empresariales descartan que vayan a dar este paso, una vez que han constatado que el Gobierno no está dispuesto a estudiar los elementos de flexibilidad que se habían valorado en la mesa de negociación. El Ministerio de Trabajo tomó las riendas de la negociación después de que patronal y sindicatos no llegaran a ningún acuerdo tras 6 meses de plazo y tras presentar un documento con sus novedades, Díaz se verá las caras con los agentes sociales el próximo lunes 1 de julio y planteará todas sus propuestas para dar luz verde al texto antes de enviarlo a las Cortes.
Esta es una de las novedades que incluye el documento que el Ministerio de Trabajo mandó el pasado viernes a los agentes sociales. Según refleja el mismo, esto será aplicado de forma inmediata, concretamente una vez el decreto sea aprobado y publicado en el BOE.
La clave del texto que plantea el Ministerio está en que de forma inmediata la jornada laboral bajará a 38,5 horas y que a partir de enero del año próximo pasará a 37,5 horas.
Otra de las novedades que plantea Yolanda Díaz es que los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional.
El documento incide en que, en el caso de transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo, las infracciones se aplicarán por cada trabajador afectado. En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, únicamente se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro, así como en los de omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos. De esta forma se modificará la ley de infracciones y sanciones también para establecer una multa:
- Grado mínimo: entre 1.000 y 2.000 euros
- Grado medio:entre 2.001 y 5.000 euros
- Grado máximo:entre 5.001 y 10.000 euros
Díaz presiona a la patronal para que concrete su propuesta sobre la reducción de jornada antes de la semana que viene
El texto remitido por Trabajo añade que “las personas trabajadoras con jornada reducida (…) tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma, con los efectos salariales previstos en el apartado anterior”.
El trabajador “tendrá derecho a solicitar que el porcentaje de parcialidad o de reducción de la jornada que se le venía a aplicando se mantenga respecto de la nueva jornada en vigor”, apunta el texto. En cualquier caso, el documento señala que aquellos contratos a tiempo parcial que igualen o superen a la jornada máxima semanal prevista “se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo”.
La patronal descarta enviar una propuesta para reducir la jornada por la ‘cerrazón’ de Díaz
El Ministerio de Trabajo activó este lunes una cuenta atrás de siete días tras la que pactará la reducción de la jornada solo con los sindicatos si los empresarios no les hacen llegar antes una propuesta por escrito con los cambios que quieran incluir en el borrador enviado el pasado viernes por Yolanda Díaz. No obstante, fuentes empresariales descartan que CEOE vaya a dar este paso, una vez que han constatado que el Gobierno no está dispuesto a estudiar los elementos de flexibilidad que se habían valorado en la mesa de negociación bipartita y no ven margen para cambiar las líneas maestras esbozadas por la vicepresidenta segunda.
Han trascurrido cinco meses desde la primera vez que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, citó a los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del ministerio y para Trabajo “el tiempo apremia”. El equipo de Díaz quiere cerrar el texto antes de que finalice el mes de julio para enviarlo al Consejo de Ministros y que la tramitación concluya con margen suficiente para aplicar las 38,5 horas semanales antes de que acabe el año (noviembre). El Gobierno tiene el respaldo de los sindicatos en este objetivo, pero los empresarios no comparten sus “prisas” ni creen que se pueda dar “carpetazo” al tema dos semanas después de presentar el primer borrador, aunque la ejecutiva tomará la decisión definitiva esta semana.
En enero, la patronal y los sindicatos propusieron “adelantar trabajo” en una negociación separada. El objetivo inicial era medir el impacto de la medida en los diferentes sectores económicos y tamaños de empresa, así como estudiar elementos de flexibilidad para su implementación. En esta mesa se habló de ampliar el número de horas extra (fijado en 80 anuales), cambiar el porcentaje de horas que a distribuir de forma irregular (10%) o introducir la reducción de jornada de forma más progresiva de lo que había planteado el Ministerio de Trabajo. Varias fuentes de la negociación explican que en ningún momento se llegó a hablar de números concretos, los sindicatos expresaron su malestar y Díaz decidió volver a convocarles a la mesa tripartita.
El ‘número dos’ de Trabajo se mostró abierto a explorar esas fórmulas de flexibilidad al contestar las preguntas de los medios tras esa reunión, a pesar de que rechazó de forma tajante ampliar el máximo de horas extra -como también hizo CCOO-. No obstante, fuentes presentes en la mesa de negociación trasladan a este medio que no es la actitud que han percibido en las reuniones, donde creen que impera la prisa por cerrar la materia y no se ha presentado una memoria económica del impacto que tendría la introducción del límite de 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025. Los empresarios no ven margen para influir en la redacción del texto, pero no se levantarán de la mesa hasta que se dé por concluida la negociación.
Varias de las medidas abordadas en la mesa bipartita son precisamente las que el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, sugería este martes en una jornada organizada por Cepyme a partir del ejemplo de Francia, Bélgica o Portugal. Desde los sindicatos reprochan a la patronal que no haya sido clara en casi cinco meses de reuniones, por más que les hayan pedido a sus negociadores qué querían para acercarse a un acuerdo. A lo que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido que las han formulado de forma verbal y que el problema es que el Gobierno no está dispuesto a hablar de absentismo, tras elevarse en 2023 un 6,8%, según el último informe de Adecco.
Desde un inicio, los empresarios habían dejado claro que no eran nada partidarios de que la jornada laboral se estableciera a través de una ley en lugar de dar espacio a la negociación colectiva de los diferentes sectores para adaptarse a sus necesidades de producción y productividad. Y el establecimiento de un esquema tan rígido por parte de Trabajo aseguran que no ha contribuido a que las conversaciones pudieran prosperar, ya que en ningún momento se ha planteado incorporar compensaciones al incremento de costes que se da por mantener (o subir) salarios ni alterar el periodo de dos años reflejado en el acuerdo de PSOE y Sumar.
El límite a las horas extra para el tiempo parcial que introdujo Díaz como elemento novedoso del borrador tampoco ha gustado a los empresarios que denuncian que supone un recorte de la poca flexibilidad que deja la redacción de la norma para adaptar la jornada de sus trabajadores a las necesidades de la producción. El Gobierno también ha planteado que los trabajadores que ya tienen un contrato a tiempo parcial tengan derecho a seguir trabajando las mismas horas y que el salario suba en la proporción correspondiente, con el fin de que no se vean perjudicados por la nueva legislación.
El texto también busca modificar la norma de control de jornada que se aprobó en 2019 para garantizar que se haga por medios digitales y que tanto la Inspección de Trabajo como la representación de los trabajadores pudieran tener acceso en remoto a este registro. Además, se elevarán las sanciones asociadas a su incumplimiento, ya que se pasarán a poner por cada trabajador y no una por empresa. La CEOE no ha fijado una posición oficial al respecto, pero sus negociadores esgrimen que es un sistema que no funciona porque no responde a los modelos actuales de trabajo y que solo está pensado para el personal que desarrolla su actividad en una oficina.
