Todo se veía venir desde 2018 pero nunca con esta intensidad: asaltar de tal manera casi todas las instituciones
Hoy al repasar nuestros artículos de este blog nos dimos cuenta de que hacía mucho tiempo que no dedicábamos una pieza criticando al Gobierno. ¿Cómo puede ser si, con diferencia, es el peor Gobierno de nuestra actual democracia?
Hemos escrito criticando al Gobierno hasta el hartazgo; repetir siempre lo mismo es una lata con tantos otros temas interesantes. Además, hoy estamos donde ya estaba claro que iríamos a parar desde la fatídica moción de censura de 2018 que agrupó en torno al PSOE dirigido por Pedro Sánchez a un conjunto de partidos que poco tenían que ver con el PSOE de los cuarenta años anteriores.
Esto estaba claro desde el principio y dejamos muestras de ello desde el principio cuando Sánchez trepó al poder y formó su primer gabinete, al que cierta prensa denominó «gobierno bonito» porque, efectivamente, había algunos ministros que daban una cierta seguridad. A pesar de ello, la mayoría parlamentaria que lo apoyaba ya se sabía que intentaría defender unos intereses que no ocultaba: acabar con el sistema constitucional de 1978, es decir, destruir nuestro sistema democrático y desintegrar España. Siete años después, si no le ponemos remedio, lo están consiguiendo.
Pero no preveíamos, en cambio, que aquel PSOE de Felipe, Guerra y Rubalcaba, entre otros, lideraría este extraño engendro al que se ha llamado «gobierno progresista de izquierdas», un PSOE que mutaría de naturaleza y no solo cedería a las exigencias de sus socios, sino que las integraría en su acción de gobierno como propias. En resumen, que el PSOE se convertiría en un partido populista más, al modo de Venezuela, Hungría o los Estados Unidos de Donald Trump.
Seremos ingenuos pero entonces, en 2018, no esperábamos nada de Pedro Sánchez, pero tampoco pensábamos que llegaríamos al punto en el que estamos: un Congreso de los Diputados devastado, un Tribunal Constitucional que no es el guardián de la Constitución, sino el instrumento de transmisión de los intereses del Gobierno, unos órganos de control en su mayoría ocupados por servidores de los partidos en el poder, una Administración Pública cada vez más ineficaz y politizada, un fiscal general atrapado como delincuente, unos datos del paro maquillados, un ocultamiento de la quiebra de nuestro sistema público de pensiones, una vivienda de imposible acceso al ciudadano medio,…. Solo actúan de acuerdo con el orden constitucional el rey (en lo que puede), el Tribunal Supremo y la mayoría de los jueces (que están controlando a los demás poderes solo desde el punto de vista legal porque no son competentes para controlarlo desde el punto de vista político).
Tampoco esperábamos que la corrupción, extendida hoy por todos los rincones, se llevara a cabo desde la Secretaría de Organización del partido al que pertenece el presidente del Gobierno, es decir, desde el mismo PSOE, sin que ninguno de sus militantes lo denunciara. Tampoco podía esperarse que el propio Sánchez dijera, como ha mantenido esta semana con toda desfachatez, que desconocía la vida personal de su más estrecho colaborador, algo que nadie puede creerse y si alguien lo cree tiene que considerar que el presidente del Gobierno debe cesar por ser un inepto total.
En definitiva, todo se veía venir desde 2018 pero nunca con este volumen y esta intensidad: asaltar de tal manera casi todas las instituciones y hacer negocios tan corruptos. Seguimos así, y nuestro presidente, aunque se le nota extremadamente nervioso y demacrado quiere dar la sensación de tranquilidad e intenta atraerse una vez más a Junts, ese partido tan respetuoso con la Constitución que intentó dar un golpe de Estado en 2017, con el apoyo de ERC, además de la complacencia externa de Bildu y el PNV.
Todo esfuerzo es bueno para seguir en el Gobierno aunque sea sin plan, posibilidades de actuar y sin Presupuestos: los prorrogados, que son los vigentes, fueron aprobados por unas Cámaras surgidas de las elecciones de finales de 2020, la legislatura anterior, algo inaudito en cualquier democracia mínimamente seria y respetada. En realidad, son unos presupuestos no solo sin legitimidad democrática, sino también inconstitucionales porque desde 2023 el actual Gobierno no ha presentado ninguno a las Cámaras como es su deber constitucional. Por tanto, estas cámaras no han tenido ninguna opción para modificarlos.
Nos estamos repitiendo. Pero les añadiremos una cosa. Como saben, El País, antaño diario independiente de la mañana, tiene un «editorialista fáctico» en la viñeta de El Roto que ayer dibuja un taxi y se puede leer lo siguiente: «Dígame, señor, ¿a dónde vamos?». Y responde el señor: «Ni idea, nadie lo sabe». Solamente diez palabras que lo dicen todo: un país desnortado en el que el taxi es España y el señor es el ciudadano español.
Alguien nos debe indicar la ruta que conduzca a este taxi por la senda de la que jamás debió desviarse. Y este alguien, por el momento no sabe, o no puede, o no quiere. Ya el expresidente del Eurogrupo Jean Claude Juncker dijo en su día algo así:
«Todos sabemos lo que tenemos que hacer,
pero no sabemos cómo ganar las elecciones una vez que lo hemos hecho».
España ya no está viviendo un problema político: está viviendo un problema social. Se trata de una crisis de conciencia colectiva, de percepción, de inteligencia cívica. El país entero mira para otro lado mientras el sanchismo se derrumba de la forma más humillante posible:
Pero el problema ya no es el sanchismo. El problema somos nosotros. Hay una parte del país que cree estar informada pero que vive atrapada en una cámara de eco estatal donde la propaganda se disfraza de razonamiento. Cree que piensa y sintoniza RTVE. Además está la España que directamente no quiere pensar porque no tienen tiempo y que cree que nada es tan grave porque nada es peligroso. Para ellos, Sánchez, la amnistía o la corrupción son asuntos secundarios. La vida cotidiana es demasiado dura como para preocuparse por la institucionalidad. Y, finalmente, están los jóvenes. Ellos están realmente despiertos. Y llenos de rabia. Parecen los únicos con energía transformadora.
Mientras tanto Feijóo continúa creyendo que mítines sirven para algo pero siempre con un mismo resultado: nada. Porque el problema no es la falta de gente: el problema es la falta de sentido. ¿Qué pasará cuando Feijóo gobierne sin mayoría absoluta, sin liderazgo emocional, sin legitimidad juvenil, sin energía social detrás y dependiendo de pactos imposibles?. Y sin Vox, claro, porque Vox no quiere gobernar. España no está preparada para el día después de Sáncnez, ni para el día después de Feijóo,porque el problema ya no es quién nos gobierne: el problema somos nosotros.