De los más de 10,29 millones de pensionistas que hay en España, el 49,07% recibirá una pensión inferior a los 1.000 euros mensuales.
El Gobierno logró este miércoles la luz verde del Congreso al decreto que incluye, entre otras medidas, la subida de las pensiones para 12 millones de personas. De esta forma, las pensiones contributivas suben un 2,8%, las mínimas un 6% a excepción de las mínimas con cónyuge a cargo, que lo harán un 9,1%, y las no contributivas un 9%. A pesar de esta subida necesaria, la realidad es que 1 de cada 2 pensionistas en España seguirá cobrando una pensión por debajo de los 1.000 euros mensuales.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a los que ha tenido acceso NoticiasTrabajo, a cierre de enero de 2025, las pensiones ya vienen con la revalorización aplicada. En España hay 10,29 millones de personas que reciben una pensión contributiva, entre las que se encuentran las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Eso, sin contar los 457.380 pensionistas que actualmente cobran una pensión no contributiva, que se sitúa por debajo de los 1.000 euros mensuales (la cuantía íntegra está fijada en los 564,70 euros mensuales).
Ahora, el porcentaje de pensionistas que cobran una pensión contributiva inferior a los 1.000 euros mensuales se sitúa en torno al 50%. Este porcentaje varía dependiendo del tipo de prestación, así como de las provincias o comunidades autónomas.
Las pensiones suben, pero la mitad de los pensionistas no llegan a los 1.000 euros
En España existen 10,29 millones de pensionistas, de los cuales 5,05 millones cobran una pensión de hasta 1.000 euros, lo que equivale al 49,07% del total. Asimismo, el número de personas que perciben hasta el anterior Salario Mínimo Interprofesional de 1.134 euros —valor que recientemente ha subido a 1.184 euros— asciende a 5,8 millones, representando el 57,09%. Estas cifras engloban todas las prestaciones contributivas, entre las que se incluyen las de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares.
En lo que respecta a las pensiones contributivas por jubilación, de 6,5 millones de pensionistas, 2,5 millones reciben una pensión inferior a 1.000 euros, lo que supone el 39,53%. Por su parte, en el caso de las pensiones de viudedad, el 67,08% de los beneficiarios percibe una pensión inferior a 1.000 euros, es decir, un total de 1,57 millones de personas. En la incapacidad permanente, el porcentaje se sitúa en el 53,03%, mientras que en el de las pensiones por orfandad alcanza el 92,02%.
Ahora, estos porcentajes varían en función del tipo de régimen que se haya cotizado a la Seguridad Social. Por ejemplo, en el Régimen General, solo el 42,36% recibe una pensión inferior a los 1.000 euros, porcentaje que baja aún más en el Régimen de la minería y el carbón, donde el porcentaje se sitúa en el 11,91% (6.884 pensionistas). En cambio, en el Régimen de los autónomos (RETA), el 71,39% de los beneficiarios cobran una pensión inferior a los 1.000 euros.
Por regímenes y clases de pensión se observan grandes diferencias respecto a dicho porcentaje. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, únicamente el 31,54% (1,5 millones) alcanza una pensión de 1.000 euros; esta cifra desciende aún más en el régimen de la minería y el carbón, situándose en el 3,28% (tan solo 1.112 pensionistas). En contraste, en el régimen de los autónomos este porcentaje se eleva al 62,31% (839.210 pensionistas).
Por comunidades autónomas
Si analizamos el mapa de España, las Comunidades Autónomas donde un mayor porcentaje de pensionistas cobra menos de 1.000 euros son Galicia (60,24%), Extremadura (59,85%) y Andalucía (57,38%). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de pensionistas en esta situación son País Vasco (33,39%), Madrid (38,89%) y Navarra (38,26%), donde las pensiones suelen ser más altas debido a mejores bases de cotización y salarios previos más elevados.
Además, en comunidades como Cataluña (45,55%), aunque el porcentaje general no es el más alto, hay grandes diferencias por tipo de pensión, con un 62,85% de las pensiones de viudedad por debajo de 1.000 euros. Esto muestra que dentro de cada región existen colectivos más vulnerables que otros.
El 63% de las mujeres cobran una pensión inferior a los 1.000 euros
Si miramos los tramos por sexo, vemos que la mujer todavía sigue siendo la perjudicada, demostrándose así que todavía existe una brecha de género real. En el cómputo global de todas las clases de prestaciones, de un total de 10,29 millones de pensionistas, 4,87 millones son hombres y 5,43 millones son mujeres. De ellos, 1,5 millones de varones (un 30,8% de los hombres) reciben una pensión inferior a 1.000 euros, mientras que en el caso de las mujeres esa cifra asciende a 3,47 millones (un 63,9% de las mujeres).
En cuanto a quiénes reciben una pensión de jubilación, de los 6,55 millones de pensionistas, 3.845.723 son hombres y 2.712.329 son mujeres. De ellos, 1,6 millones de mujeres, lo que equivale al 58,96% de las jubiladas, y 934.336 hombres, que representan el 24,30% de los jubilados, perciben esta prestación por debajo de los 1.000 euros.
En el caso de la pensión de viudedad, de las 2.351.632 personas que la reciben, 209.625 son hombres y 2.141.999 son mujeres. Del total de mujeres, el 65,80 % (1,41 millones) perciben una pensión inferior a 1.000 euros, mientras que en los hombres este porcentaje asciende al 84,17 % (176.338). La diferencia se debe a que la pensión se calcula según los ingresos del cónyuge fallecido, y como los hombres han tenido salarios más altos, las viudas reciben pensiones menores que los viudos.
En el caso de la incapacidad permanente, el número total de beneficiarios asciende a 999.797 personas, de las cuales 618.568 son hombres y 381.229 mujeres. De ese conjunto, 530.347 (un 53,0%) perciben una pensión inferior a 1.000 euros. Por sexos, 292.076 hombres (un 47,2% del total de varones) se sitúan por debajo de esa cuantía, mientras que en el caso de las mujeres son 238.271 (un 62,5% del total de mujeres). Estos datos evidencian una brecha de género en las prestaciones de incapacidad permanente.
