Las personas adultas menores de 23 años están excluidas del IMV, a excepción de quienes fueron menores tuteladas o mujeres víctimas de la violencia de género o personas que han sufrido situaciones de trata. En esas edades existen pocas personas jóvenes emancipadas y con experiencia laboral, pero
aun así es un colectivo que sufre una extrema precariedad con tasas de paro muy superiores al resto de la población.
Por otro lado, encontramos requisitos específicos para las personas menores de 30 años que dificultan para la mayoría de las personas jóvenes poder recibir el IMV, aunque cumplan con los requisitos
que aplican al resto de la población.
En primer lugar, se requiere un año de cotización a la Seguridad Social, algo complicado en la
actualidad para la juventud, dado que sufren altas tasas de temporalidad, enlazando contratos
por meses, semanas e incluso días. La calidad del empleo condiciona las cotizaciones a la
Seguridad Social.
También hay que acreditar tres años de emancipación, teniendo en cuenta que la edad media
de emancipación según Eurostat es de 29,5 años esto excluiría a la mayoría de la población
joven. Es necesario tener en cuenta que, en muchas ocasiones, cuando las personas jóvenes
consiguen emanciparse, no siempre constan en el contrato de alquiler ni cambian el padrón
justo en ese momento, por lo que una persona puede llevar emancipado tres años, aunque
no pueda demostrarlo, todo esto motivado precisamente por el clima de inestabilidad y
precariedad laboral y la consiguiente imposibilidad de poder diseñar un proyecto vital con
cierta estabilidad.
En el estudio al que se enlaza se analiza en profundidad la discriminación de la juventud en el accesp del IMV
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