IMPUESTOS Y PENSIONES. ESPAÑA ES EL ÚLTIMO DE LOS GRANDES PAÍSES EUROPEOS POR RECAUDACIÓN

Las pensiones, hoy por hoy, se financian fundamentalmente con las cotizaciones de la Seguridad Social, pero dada la insuficiencia de estas para hacer frente al aumento imparable de las pensiones de jubilación el Estado ya ha dado unos “préstamos a interés cero” que alcanzarán los 55.000 millones a fin del año 2019 (casi el 5% del PIB).

El gasto público en España es muy inferior al de la Unión Europea y eso redunda en un Estado del bienestar más precario. Es la consecuencia del bajo nivel recaudatorio que tienen las administraciones públicas. La cuña fiscal de España se sitúa en el 35% del PIB (casi 7 puntos porcentuales menos que en la eurozona). Francia ingresó el equivalente a casi el 50% de su PIB, y Alemania, un 40%.

Es importante apuntar que los tres tributos fundamentales (cotizaciones a la SS, IRPF e IVA) están muy afectados por la economía sumergida, cuyo volumen es especialmente relevante en España, lo que provoca que muchas rentas del trabajo y transacciones de bienes y servicios se escapen del control de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL. Es la mayor diferencia con una brecha de 2,6 puntos del PIB. La aportación del régimen general se divide entre la cuota que paga la empresa, que supone un 23,6% del salario del régimen general y la cuota del empleado, que es del 4,7%. Es esta segunda parte, la que recae directamente sobre el salario del trabajador, la que es mucho menor en España: recauda un 1,8% del PIB, muy lejos del 4,4% del conjunto de la eurozona.

El IRPF explica la segunda gran diferencia, con una brecha de 1,9 puntos respecto a la eurozona. En gran medida, es el resultado de la precariedad del empleo en España. En primer lugar, los salarios más bajos (del orden de 15.000 €/año) están exentos del IRPF y los tramos más bajos aplican tipos muy reducidos y además el tipo marginal más alto en España se sitúa en el entorno del 45%, por debajo de los grandes países europeos como Francia (52%), Alemania (48%) o Italia (47%).

El IVA cierra el círculo de la baja recaudación de España. En este caso, se debe principalmente a la cantidad de tipos reducidos que aplica el país. Con el fin de estimular el turismo, todo el sector aplica una tasa reducida del 10% en lugar del 21% habitual. El IVA aportó el equivalente al 6,5% del PIB, esto es, 0,6 puntos menos que en la eurozona.

El impuesto sobre beneficios se sitúa en el 2,3% del PIB, cuatro décimas menos que en la eurozona. Sin embargo, las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas en España son más gravosas que en el conjunto del continente. Los empleadores aportan el equivalente al 8,4% del PIB en cuotas a la Seguridad Social, esto es, nada menos que 1,4 puntos más que el conjunto de la eurozona.

Por último, la recaudación con los impuestos del capital en España, principalmente sucesiones, donaciones y patrimonio, es superior a la media europea. Estos tributos son muy polémicos en España, ya que están cedidos a las regiones y aplican tipos impositivos muy diferentes, lo que rompe la unidad de mercado. España generó el equivalente al 0,5% del PIB con los impuestos sobre el capital, dos décimas más que la media de la eurozona.

La economía sumergida

La economía sumergida está formada por todas las actividades económicas ilegales (blanqueo de capitales, drogas, tráfico de personas, ,etc) y aquellas operaciones que permanecen ocultas a la administración, que evitan la fiscalización, y eluden el pago de las cuotas a la Seguridad.

La Economía sumergida en España supone más de 300.000 millones de euros, un 25% del PIB. Recuperar una parte de ella puede suponer un “maná” para las arcas del Estado fácilmente superior a 70.000 millones de euros. Se necesita una voluntad política poniendo los medios suficientes para alcanzar niveles estructurales europeos, el diferencial con estos países es superior al 3%. Podría suponer un ingreso de aproximadamente 40.000 millones de euros.

La Economía sumergida supone no pagar impuestos en algún momento o realizar algún trabajo sin cotizar por él a la Seguridad Social.

El primero es el fraude fiscal que engloba el impago de impuestos, desde el IVA hasta el IRPF, pasando por el impuesto sobre Sociedades. El fraude fiscal se puede nutrir del pago en “B” del consumo, de los ingresos empresariales o profesionales no contabilizados o de los beneficios de las multinacionales que evaden a paraísos fiscales. Supone alrededor del 65% del fraude total.

El fraude laboral se refiere a las actividades irregulares en el mercado de trabajo, con el impago de las cotizaciones sociales y la falsa contratación de prestaciones ilegales, incluso pagando parte de la nómina del trabajador en dinero negro como sucede con contrataciones parciales. Representa más de un tercio del fraude total.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en cuanto a personal dedicado a combatir estas prácticas fraudulentas, de forma que en nuestro país cada empleado debe vigilar a 2.836 ciudadanos, mientras que en la UE tienen la mitad de trabajo: cada efectivo controla a 1.185 personas.

Gestha apunta que la economía sumergida en España se produce principalmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, seguido del de industria y servicios, y señala que aunque el fraude tributario está “más contenido” en el sector agropecuario, éste presenta tasas más altas de fraude laboral.

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y sin marcas de agua

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