YOLANDA DIAZ: ¿ VUELVEN LOS SINDICATOS VERTICALES ?

Los sindicatos verticales son organizaciones profesionales  en las que estaban encuadrados obreros y patronos. Su objetivo declarado era fomentar la resolución de conflictos a nivel interno sin necesidad de tener que recurrir a la huelga. Históricamente, este tipo de sindicatos se ha asociado a regímenes políticos autoritarios, puesto que la afiliación era obligatoria.

 

Por su parte, el sindicato horizontal, también denominado sindicato de clase, es aquel en el que solo se admiten obreros o trabajadores por cuenta ajena. Si un empresario se quisiese asociar, tendría que hacerlo en organizaciones sectoriales. La Constitución Española de 1978 consagra en el artículo 28 el derecho a la libertad de afiliación sindical.

 

La principal diferencia que hay entre el sindicalismo vertical y el horizontal es que, en el primer caso, conviven obreros y patronos mientras que, en el segundo, solo hay obreros. La estructura es distinta y, por ello, la toma de decisiones también suele serlo a través de la elección de enlaces por colectivos internos. Otro aspecto importante es que, tradicionalmente, se ha considerado que los sindicatos verticales, por su propia estructura, eran menos reivindicativos que los horizontales.

 

La Organización Sindical Española (OSE) fue la central única para la organización de obreros y patronos entre 1940 y 1977. Los denominados «productores» tenían que afiliarse obligatoriamente. La OSE estaba dividida en 24 sindicatos de ramo, que al final del Régimen aumentaron a 26.

 

El sindicato vertical en España

El sindicalismo vertical en España tuvo un precedente en la Organización Corporativa Nacional (OCN) durante la dictadura de Primo de Rivera, vigente entre 1926 y 1930 para regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo según los principios del corporativismo de raíz católica, al estar inspirado por la doctrina social de la Iglesia, pero que también estaba influido por el corporativismo de la Italia fascista. Primo de Rivera ofreció la representación de la clase obrera en la OCN al sindicato socialista, UGT, y los socialistas. Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, apoyaron la colaboración

 

El conocido comúnmente como Sindicato Vertical o simplemente como Organización Sindical fue la Organización Sindical Española (OSE) la única central sindical que existió en España entre 1940 y 1977, durante el período de la dictadura franquista. Durante casi cuarenta años se convirtió en el único sindicato legal que estuvo autorizado.

 

Todos los trabajadores y empresarios, que pasaron a ser conocidos como «productores» en la terminología franquista, estaban obligados por ley a estar afiliados al Sindicato Vertical. La Organización Sindical fue establecida tras el final de la Guerra Civil, al tiempo que otras organizaciones sindicales anteriores como la anarquista CNT y la socialista UGT  pasaron a la clandestinidad. Esto tampoco fue un impedimento para que organizaciones clandestinas como las Comisiones Obreras o la Unión Sindical Obrera se infiltraran en su seno.

 

Las elecciones sindicales permitían elegir representantes («enlaces») de patronos y obreros para negociar los convenios colectivos. Es importante señalar que, en aquel periodo, no estaba reconocido el derecho de huelga.

 

Otro aspecto poco conocido es que la OSE tenía una gran representatividad proporcional en el aparato del Estado franquista. Las Cortes Españolas tenían un tercio de representación sindical, así como los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Además, el Consejo del Reino tenía dos representantes sindicales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Sindicales era el encargado de mediar en caso de conflicto.

 

Al comienzo de la Transición, el gobierno de Adolfo Suárez decidió la disolución del Sindicato Vertical, que para entonces se hallaba muy afectado por la infiltración de Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera. No obstante, la antigua estructura sindical se mantuvo y fue reconvertida en la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), organismo que se hizo cargo del inmenso fondo documental y patrimonio inmobiliario que poseían los Sindicatos verticales.

 

Breve historia

En 1938 las autoridades franquistas promulgaron el llamado Fuero del Trabajo, que sentaba las bases para la intervención estatal en el mundo laboral. La ley del 30 de enero de 1938 creaba además el Ministerio de Organización y Acción Sindical, que a partir de entonces se convirtió en el organismo estatal encargado de las cuestiones laborales y sindicales y la la OSE fue el resultado de la fusión de las organizaciones obreras cercanas a la Falange y las organizaciones patronales, En ella, todos los trabajadores, llamados “productores”, y sus patronos tenían el derecho de elegir sus representantes mediante elecciones. Aunque el Sindicato vertical comenzó a tener una cierta actividad a partir de 1940, como resultado de las legislaciones aprobadas ese mismo año por la dictadura, paradójicamente no celebró su primer congreso hasta marzo de 1961.

 

El 26 de enero de 1940 se promulgó la llamada Ley de Unidad Sindical que en su preámbulo decía: «Tres son los principios que inspiran la organización nacionalsindicalista prevista en el Fuero del Trabajo. La nueva organización sindical se organizaría a su vez en ramas de producción, cada una de las cuales se denominaría Sindicato Nacional. Desde el comienzo quedó claro que el Estado controlaba todo el sistema. El 6 de diciembre de 1940, con la promulgación de la Ley de Bases de la Organización Sindical, se hizo implícita la afiliación forzosa de todos los trabajadores y empresarios (“productores”) en la estructura sindical del Régimen bajo los principios de «verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía».

 

Teóricamente, dentro de la Organización Sindical los trabajadores y los patronos se suponía que estaban situados en situación similar, aunque las huelgas estaban prohibidas y en muchas ocasiones los conflictos con la dirección patronal solían acabar con despidos masivos. La figura del empresario se vio reforzada con la legislación franquista y de hecho, se suponía que los trabajadores le debían una total lealtad, asistencia y protección a los empresarios. Fueron creados Magistraturas de Trabajo que debían resolver en caso de que fracasara la conciliación sindical.

 

Durante la dictadura, debido al sistema corporativista, los Sindicatos mandaban a varios consejeros(«procuradores») a las Cortes Españolas en representación de la Organización sindical. Desde los inicios se estableció un sistema de elecciones para enlaces sindicales, pero los candidatos estaban sometidos a un estricto control por parte de las autoridades. Por otro lado, todo el proceso electoral era controlado férreamente desde las jefaturas sindicales.

 

La llegada de la década de 1960 supuso el inicio de una cierta apertura en el ámbito interno de la OSE. Uno de los artífices de esta tímida apertura fue el jerarca sindical José Solís Ruiz, que con ello buscaba obtener la aprobación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde 1944 se celebraban elecciones sindicales para elegir a los representantes y delegados sindicales. No sería hasta después de 1958, tras la aprobación de la Ley de Convenios Laborales, que aumentó el interés y la participación de los trabajadores en las elecciones a representante sindical y desde el aparato sindicalista hubo incluso un intento de atraer hacia su seno a antiguos líderes anarcosindicalistas.

 

En aquel momento, a comienzos de los años 1960, el entonces clandestino Partido Comunista de España (PCE) decidió implementar una política de infiltración en los sindicatos verticales para alcanzar los aumentos prácticos para las condiciones de los trabajadores. En realidad se trataba de aprovechar las estructuras del régimen para propiciar su caída desde dentro. De ahí surgieron las denominadas Comisiones Obreras (CC.OO.), con figuras destacadas como Marcelino Camacho. Por el contrario, otros sindicatos clandestinos como UGT o CNT se opusieron a esta política de infiltración, aunque en el caso de otras organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO), de inspiración cristiana, sí apoyaron y participaron en esta política de infiltración.

 

A pesar de que la burocracia falangista vio en la apertura una posibilidad de ampliar sus bases entre los obreros, el experimento fue un fracaso y para 1967-1968 se pudo dar por terminado. A pesar de las tímidas reformas emprendidas por José Solís, la OSE nunca llegó a contar con la aprobación de la Organización Internacional del Trabajo, y si bien el sindicato mantuvo una época de distensión con la OIT durante la década de 1960, esto terminó en 1969 después de que el organismo internacional publicara ese mismo año un informe muy crítico con la situación laboral y sindical en España.

Durante los últimos años de la dictadura franquista la Organización sindical perdió buena parte de su anterior fuerza, mientras que los sindicatos ilegales (especialmente CC.OO. y USO) se hicieron cada vez más fuertes. De hecho, una vez fallecido Franco y hasta la supresión de la OSE, la mayoría de los empresarios preferían acordar convenios y pactos de empresa con la representación de la organizaciones sindicales clandestinas que con los representantes de la OSE.

 

Tras la muerte de Franco, durante los primeros meses de 1976 las fuerzas sindicales de la oposición emprendieron una importante campaña de movilizaciones y huelgas que llegaron a sumar un total 17.731 huelgas. El extraordinario aumento en la conflictividad laboral se debía especialmente a la Crisis del petróleo de 1973. También existía una fuerte presión de los trabajadores que demandaban abiertamente una representación sindical libre y democrática. Con las organizaciones sindicales ilegales convertidas en el principal actor de la lucha obrera, la existencia de los Sindicatos Verticales quedó aún más en entredicho.

 

La reforma política emprendida por el presidente del gobierno Adolfo Suárez incluía la aprobación de la libertad de asociación sindical: esto en la práctica suponía la muerte de los Sindicatos franquistas. El 8 de octubre de 1976 el gobierno Suárez aprobó la creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), un organismo autónomo en el cual se integró la estructura sindical. La AISS se hizo cargo de la propiedad y gestión del patrimonio inmobiliario sindical y de todos sus archivos. Poco tiempo después de la disolución, muchos de los antiguos patronos que habían estado integrados en los sindicatos verticales pasaron a formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, pretende resolver dos problemas: la titularidad de los bienes y derechos procedentes de la antigua Organización Sindical y de las demás Entidades Sindicales anteriores al nuevo sistema constitucional y la incautación de los bienes de las Organizaciones Sindicales como consecuencia de la guerra civil española.

 

A lo largo de toda su existencia la Organización Sindical contó con un gran entramado burocrático y dispuso de un buen número de organizaciones a través de las cuales ejecutaba sus funciones «sociales». Buena parte de estas eran las llamadas «Obras Sindicales», de carácter asistencial y enfocadas a distintos ámbitos: la «Obra Sindical del Hogar» —promoción de viviendas para los trabajadores—,y la Obra «Educación y Descanso», que era una organización de carácter recreativo que ofrecía a los trabajadores un gran abanico de actividades socioculturales (teatros, música folklórica, coros musicales…) así como de eventos deportivos y actividades de educación física. Llegó a existir una red de centros culturales para los afiliados a EyD, las cuales incluían residencias de vacaciones y centros deportivos.

 

Los Sindicatos Verticales llegaron incluso a disponer de sus propios órganos de comunicación en los medios de masas. En el ámbito periodístico disponían del diario Pueblo, fundado a mediados de 1940 y que con el tiempo se convirtió en uno de los periódicos más importantes de la España franquista.

 

¿Yolanda Diaz “resucita” maneras del sindicalismo vertical después de casi 50 años?

A través del sindicato único vertical, de afiliación generalizada y obligatoria para obreros y empresarios, se trata de integrar (encuadrar, controlar y reprimir) al mundo del trabajo y de la empresa. Este concepto rompe con la idea tradicional de sindicato como asociación y organización de trabajadores o de un determinado colectivo de profesionales, que cumple dos funciones y utiliza un doble procedimiento para alcanzar sus fines. Las funciones que ejerce el sindicato son las de representación y reivindicación, o lo que es lo mismo, el sindicato representa a sus afiliados en todas las actividades orgánicas que le corresponden (laborales, administrativas, sociales y políticas), y el sindicato cumple, asimismo, en nombre de sus afiliados la función de reivindicar los aspectos relativos al salario, las condiciones de trabajo y todo lo relacionado con la actividad laboral que desarrollan en las empresas, con los que no estén de acuerdo o hayan de actualizarse periódicamente. Por último, los procedimientos seguidos para lograr sus objetivos son la negociación y la presión sobre la otra parte que se concreta generalmente en medidas relacionadas con la actividad laboral y que entorpecen la normalidad productiva.

 

Sin embargo, el sindicalismo vertical subvierte completamente el significado clásico e histórico del sindicato porque niega la libertad de asociación imponiendo la obligación de afiliarse al sindicato único; elimina prácticamente la función representativa ya que el sindicato único es un instrumento del Estado para integrar a los trabajadores en el régimen estatal y no para ejercer la democracia en las empresas según la concepción clásica; no reconoce a los trabajadores como colectivo el derecho de reivindicación, dictando el Estado entre tanto, a través del Ministerio de Trabajo, el nivel de los salarios, las condiciones y el horario del trabajo; e impide, en consecuencia, la utilización de los procedimientos para hacer efectiva la reivindicación.

 

Ya en 1977 CCOO propuso la unidad sindical y realizó formalmente un llamamiento a los trabajadores, para su discusión en asambleas, y a las demás centrales sindicales; principalmente UGT y USO, para proceder a la inmediata elección en todos los centros de trabajo de organismos unitarios, representativos de todos los trabajadores y expresión de su unidad, únicos con capacidad negociadora ante la empresa». Comisiones Obreras señaló la necesidad de iniciar un proceso de debate y acuerdo entre las diversas centrales sindicales para llegar a la unidad orgánica en el camino hacia la celebración de un congreso de unificación constituyente, que logre una sola central sindical unitaria para todos los trabajadores. En este sentido, propuso a USO y UGT la apertura de conversaciones con carácter inmediato para llegar a acuerdos concretos sobre la celebración del referido congreso. «Para alcanzar estos acuerdos Comisiones Obreras estaría dispuesta a hacer cuantos sacrificios sean necesarios en aras de la unidad sindical». Finalmente, CCOO propuso a las centrales sindicales de clase la organización de una-consulta general a toda la clase trabajadora para que se pronuncie sobre la necesidad de alcanzar la unidad sindical, en la convicción de que tal objetivo es una aspiración de todos los trabajadores. Aunque esta unidad orgánica no se llegó a producir es cierto que tanto CCOO como UGT ya realizaron, desde la huelga general del 14 de diciembre de 1988, una “unidad de acción sindical”, en definitiva, seguir con dos organizaciones pero una única acción sindical, una especie de “misterio teológico”: “dos personas en una”

 

Los sindicatos actuales “de clase” CCOO-UGT (aunque en realidad están ya unificados, al menos en la acción sindical) se empiezan a hartar de las ocurrencias de Yolanda Díaz y sectores de CCOO-UGT perciben electoralismo en el choque con la patronal, en detrimento del pacto social

 

Los sindicatos, hasta ahora uno de los principales aliados de Yolanda Díaz , empiezan a torcer el gesto. No está gustando en algunos ambientes sindicales que la vicepresidenta segunda haya renunciado al perfil pactista esgrimido en los últimos años. Las formas empleadas por la vicepresidenta no están gustando. Las amenazas a la patronal dificultan el «diálogo social lo que complica que los empresarios cumplan con sus obligaciones.

 

Tener una ministra de Trabajo demasiado frentista con la patronal conlleva que «la ministra sustituye así al sindicato y su función». Las centrales sindicales saben que cada negociación con la patronal es como un baile: las dos partes llegan a la mesa con dos peticiones y lecturas divergentes, y buscarán un punto intermedio para el pacto. Pero ambas partes necesitan la colaboración del contrincante, y quieren que el ministro de Trabajo actúe como un árbitro, con capacidad de influencia, eso sí, pero no con demasiado protagonismo.

 

Los sindicatos necesitan ser ellos la voz cantante de la crítica a la CEOE si se niega a colaborar, y no que la ministra de Trabajo le suplante en esa función crítica pues son los representantes de los trabajadores quienes deben llegar a una mesa de negociación con un perfil duro, para sacar lo más posible de los empresarios, con la intermediación del ministerio.

 

El problema, según señalan desde el sindicato, es que aunque Díaz aumente el SMI cuánto y cómo quiera (al tratarse de una prerrogativa gubernamental), los empresarios deben acatar esta medida. De no ser así, incluso ese aumento puede convertirse en «papel mojado», sostienen los sindicatos. «El problema son las empresas pequeñas y medianas, porque si los empresarios no quieren el aumento no se va a producir», afirman desde el frente sindical donde mencionan las «rebajas de los complementos» como un ejemplo de una trampa para quedar sin efecto el aumento del SMI. «Sería mejor negociar una subida más tibia del SMI y obtener mejoras en otras cosas», sostienen los críticos sindicalistas. Algunos anuncios de la ministra entrarían, según estos frentes crítico, en la categoría de las «ocurrencias», porque impiden que los empresarios se confronten y sobre todo respalden los acuerdos establecidos.

 

Yolanda Diaz afirma que si los trabajadores estuvieran en los consejos de administración de las empresas todo iría mejor. Busca que trabajadores y empresarios estén en el mismo barco. También ahora se pretende que el gobierno sea quien tenga la última palabra y pueda negociar con una de las partes sin el concurso de la otra. En total, que quien disponga lo que debe hacerse en materia laboral no sean ni los trabajadores ni los empresarios: “aquí manda el Estado y el Estado soy yo”.

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