YOLANDA DÍAZ AJUSTA SU LA AGENDA LABORAL

La vicepresidenta del Gobierno insta a “cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura”.

 

La líder de Sumar pone el foco en cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura”, que firmado en octubre recogía materias como la reducción de la jornada laboral, la indemnización por despido o blindar el SMI en el 60% del salario medio por ley.

 

La reducción de la jornada laboral, en el aire

La ministra de Trabajo incide en la necesidad de conseguir “más derechos” entre los que ha situado la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales que debería entrar en vigor en 2025, de acuerdo con el texto pactado con el PSOE. El departamento que tutela Díaz lleva dos meses sin convocar a los agentes sociales, la patronal y los sindicatos, para tratar la jornada laboral, que por su parte tratan de avanzar hacia un acuerdo de forma discreta en la mesa de diálogo bipartito. Sánchez y Díaz pactaron antes de la investidura que la jornada se recortaría en 2,5 horas en 2024 para al año siguiente reducirse en otra hora adicional, por lo que desde los sindicatos urgen a cerrar la materia antes del verano. Si bien, si finalmente no se cumple con el calendario acordado y se produce un retraso, las consecuencias serían meramente políticas por el incumplimiento de un compromiso electoral.

 

Sin margen para aprobar el subsidio a tiempo

En cambio, está pendiente sobre la mesa la reforma del subsidio por desempleo, vinculado al cuarto pago de los fondos europeos y que llegó en enero al Congreso de los Diputados, pero decayó por el voto en contra de Podemos. El pago de 10.000 millones de euros se verá recortado si Díaz no consigue aprobarlo dentro del  plazo pactado por el ministro de Economía y la Comisión Europea. El Gobierno no admite que este es el escenario sobre el que trabaja, pero fuentes del departamento de Díaz daban por imposible aprobarlo antes del 20 de mayo hace ya semanas. Además, sigue en curso la negociación abierta a este respecto con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT sin que se hayan producido nuevos intercambios de papeles más allá del compromiso de mejorar el tratamiento de los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres. Los sindicatos han elevado la voz por esta cuestión y han mantenido contactos con los grupos políticos con el fin de agilizar su aprobación que, no obstante, sigue parada.

 

El IPREM

La actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ha sido otra de las principales bazas económicas de Sumar en el seno del Ejecutivo y que a su vez está muy ligada con la reforma del subsidio, dado que determina la cuantía que percibirá el desempleado. El equipo de Díaz lo incluyó entre las exigencias internas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero la renuncia a sacar unas cuentas públicas dejó la demanda en papel mojado, pese a ser una demanda clave de los representantes de los trabajadores en la citada negociación. El indicador quedó fijado en 2023 en 600 euros y Sumar quería elevarlo un 3% para llevarlo a los 618 euros mensuales, lo que no sería suficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de 14 puntos que ha experimentado, según calcula CCOO.

 

El despido queda fuera de la agenda de 2024

La ministra de Trabajo no menciona la indemnización por despido, uno de los puntos en los que más distancia hay entre los socios, pero que también fue incluido en el acuerdo de coalición. Para Díaz es prioritario trasladar la Carta Social Europea y eliminar el tope máximo a la indemnización por despido, que actualmente es la cantidad equivalente a 33 días de salario por cada año trabajado. En su lugar, aboga porque el juez pueda determinar una cuantía que sí compense el daño causado al trabajador atendiendo a su situación personal (familiares a cargo, edad, si tiene hipoteca, carrera profesional). No obstante, el ala socialista no tiene el mismo parecer, según se refleja en las contestaciones de la Abogacía del Estado a las reclamaciones presentadas por los sindicatos. Tanto UGT como CCOO han llevado la cuestión al Comité Europeo de Derechos Sociales, un órgano dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo. El grupo ya se ha pronunciado sobre la denuncia impulsada por UGT, pero por el momento solo las partes conocen el fallo. Desde entonces, se ha abierto el debate sobre en qué medida el Ejecutivo está obligado a cumplir con lo que diga el órgano que vela por el cumplimiento del tratado internacional, aunque el secretario de Estado de Empleo ya fijó que una resolución favorable a UGT o CCOO haría necesaria la reforma del despido tal y como está contemplado ahora en la ley.

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