El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está ultimando un nuevo fondo de pensiones público que va a traer una medida bastante polémica: la obligación de facto de contratarlo si así lo dice el convenio del trabajador.
Por supuesto el trabajador podrá desapuntarse, pero si no lo hace por defecto parte de su nómina irá nuevo fondo de pensiones, con lo que estamos ante una medida del Estado para obligar a los ciudadanos a ahorrar para su jubilación, en un instrumento de inversión dirigido por el Estado y con poca liquidez.
La idea detrás de toda esta reforma es que los planes de pensiones privados no acaban de despegar. Aunque tienen aspectos muy interesantes (gracias a la fiscalidad) lo cierto es que la rentabilidad que dan no es muy alta y sus comisiones rozan lo abusivo.
Por tanto Escrivá quiere que haya una alternativa pública, que se creará mediante una licitación (es decir, al final habrá un gestor privado) como se hace en otros países. Y la contratación no será individual sino a través de las empresas de los trabajadores, cosa que ya sucede pero solo en empresas de cierto tamaño, son los ya conocidos Planes de Pensiones de Empleo (PPE).
Escrivá quiere que esta contratación a través de las empresas se extienda a las pymes e incluso a los autónomos y para ello ofrecerá un fondo público que sea fácil de contratar y se está estudiando incorporar su contratación en los convenios colectivos, por lo que las pymes que estén acogidas a convenios tendrán que contratarlo para sus trabajadores de forma obligatoria. Y deberán ser los trabajadores los que tengan que decir explícitamente que no quieren, pues de lo contrario parte del sueldo irá a este plan de pensiones.
Hay dos factores que van a hacer que este nuevo fondo público vaya a triunfar. Por un lado el Gobierno está rebajando las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados, así que para muchos la alternativa de los PPE de empresa (y en el futuro a través de este fondo público) va a ser la única posibilidad para reducir la factura fiscal.
Además, si la empresa ofrece una aportación al plan de pensiones, por encima del sueldo, siempre interesa contratarlo. Es dinero gratis (con poca liquidez, pero gratis a fin de cuentas). Y seguramente los convenios colectivos apunten en dicha dirección.
Por último, el gran éxito vendrá marcado si son obligatorios excepto si el trabajador se niega explícitamente. En general los humanos somos muy cómodos y las cosas que vienen por defecto son las que contratamos. Esto está explicado una y mil veces en investigaciones sociológicas, los humanos somos vagos y también cuando hay que ahorrar para la jubilación.
¿Libertad o ahorro?
Por tanto estamos ante una decisión polémica: hacer algo por defecto obliga de facto a ahorrar a los trabajadores. Cosa que es buena, porque en España en el pasado lo hemos fiado todo a la vivienda y en la gente más joven las tasas de alquiler son más altas que en el pasado. Pero obligar a ahorrar parece que va en contra de nuestras decisiones individuales y puede que ahorrar para la jubilación no sea siempre lo más correcto, hay etapas en la vida donde la liquidez es más importante. La polémica está servida. Habrá que ver si la ley finalmente fija la contratación del fondo público por defecto o si finalmente no se atreverá a tanto el Gobierno.
Estrategia del Gobierno para impulsar los PPE
La estrategia de impulso de la previsión empresarial complementaria al sistema público de pensiones es promover una serie de iniciativas legislativas, unas para incentivar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones de empleo, y otras de promoción de nuevos instrumentos previsionales, como los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) los nuevos planes de empleo simplificados (PES).
En primer lugar, aumentar los límites de aportación y de deducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones de empleo (y otros instrumentos alternativos, como los Planes de Previsión Social Empresarial-PPSE), en detrimento de los límites para los planes individuales, que vuelven a disminuir.
El borrador de Presupuestos Generales del Estado, rebaja para 2022 los máximos de aportación y deducción en IRPF de los planes de pensiones individuales hasta 1.500 euros anuales, desde el límite de 2.000 euros aplicable en 2021, que a su vez ya se había reducido desde los 8.000 euros de límite conjunto aplicable hasta 2020. De hecho, ese límite de 1.500 euros es conjunto, es decir, aplicable para cualquier aportación a favor de una persona a cualquier instrumento de previsión, sea individual o de empleo. Pero, además, existe un límite complementario adicional únicamente para aportaciones a planes de pensiones de empleo y/u otros instrumentos de previsión social empresarial. Ese límite adicional de aportación/deducción para los planes de empleo se aumenta hasta 8.500 euros anuales (desde los 8.000 euros de límite en 2021). Además, como novedad para 2022, se recoge que esa aportación puede proceder no solo de contribuciones del empleador (como se establecía en 2021), sino también de aportaciones propias del trabajador al plan de empleo, siempre que la aportación de trabajador sea igual o inferior a la de empleador.
El límite máximo agregado de aportaciones a favor de una persona a sistemas de previsión social, sumando el límite de aportación a planes individuales y el adicional de planes de empleo, asciende a 10.000 euros anuales.
Se puede aplaudir el incrementar los incentivos fiscales a las aportaciones a los sistemas de previsión empresarial, pero NO a costa de penalizar los planes de pensiones individuales. Ambos deben ser complementarios entre ellos, y no sustitutivos, para generar un ahorro que complemente las pensiones públicas y garantice la salud financiera de cada persona durante su retiro.
En segundo lugar, el Ministerio de la Seguridad Social va a aprobar una reforma que incluye dos medidas destacadas:
- la regulación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP)
- la creación de una nueva figura de planes de empleo: los “planes de empleo simplificados” (PES), que quedarían adscritos en todo caso a los futuros fondos públicos.
El Ministerio de Seguridad Social quiere fomentar una “nueva” previsión social complementaria, facilitando el acceso a los planes de pensiones de empleo a colectivos que, hasta ahora, tenían difícil poder para acceder a los mismos, a través de:
- Impulso de la previsión social empresarial desde la negociación colectiva sectorial, a través de la creación de planes sectoriales que sirvan también para encuadrar a los convenios territoriales o de empresa y que facilitan la participación de las empresas y de los trabajadores, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que hasta ahora no tenía fácil acceder a la misma
- Una regulación específica para el sector público que busca la expansión de los planes de empleo, especialmente entre las entidades locales pequeñas y medianas.
- El desarrollo de los planes para autónomos. Se estima que los autónomos tienen contratados más de un millón de planes de pensiones personales, en opinión del Gobierno “con comisiones elevadas”. Su objetivo es que tengan acceso a planes de empleo y en condiciones económicas más ventajosas que las que ahora tienen con los planes individuales.
En España, solo Alrededor del 10% del total de trabajadores son participes de planes de pensiones. En torno al 13% si solo tenemos en cuenta a los trabajadores por cuenta ajena. Menos de 2 millones de trabajadores son participes de planes de pensiones de empleo.
