¿En qué se basa este pesimismo? En la composición del desempleo. La principal diferencia entre el paro de hoy y el de hace tres lustros es el mayor peso de los desempleados de larga duración. Este porcentaje se disparó durante la crisis financiera, pero una década después la recuperación dista mucho de ser completa. Su participación en el total, como decíamos, se ha duplicado prácticamente respecto a entonces.
No solo eso: si la cifra total de desempleados ha crecido en un 67% respecto a 2007, la suya lo ha hecho en un 175%, en especial entre los que llevan más de dos años en desempleo, que se han disparado un 253%. De hecho, estos últimos se han convertido en el colectivo más numeroso entre los desempleados y supone el 28,7% (el triple que cualquier otro grupo de parados). En 2007 estaba en el 13%.
Una de las claves es la edad de estos desempleados: el 52% son mayores de 45 años, 14 puntos más que en 2007. Y la mayoría, un 54%, son mujeres. Algo que explica por qué cuando la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, presentó su propuesta sobre el encarecimiento “disuasorio” del despido improcedente se refiriera a las trabajadoras que superan esta edad como el colectivo potencialmente más beneficiado.
Pero más allá de dificultar el despido improcedente, la calve son los despidos colectivos, que muchas veces abusan de las bajas incentivadas que aprovechan las prestaciones y subsidios pensados para proteger a los desempleados de mayor edad para construir esquemas de prejubilación que acaba expulsándoles del mercado laboral. Por no hablar de la ineficacia de unas políticas activas que no están logrando generar oportunidades a estos desempleados.
En este sentido, resulta significativo que en lugar de legislar para bloquear este modelo, la propia Díaz pidiera ayuda a las ETTs para tratar de contrarrestar sus efectos. Así, estableció que el desarrollo del plan de recolocación externa que acompaña a todo despido colectivo de más de 50 trabajadores deberá procurar el retorno al mercado de trabajo de aquellos “cuyos contratos se hayan extinguido por despido colectivo después de los cincuenta y dos años, evitando toda discriminación por razón de edad”.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos presentó en la recta final de la Legislatura un plan de modernización de las políticas activas, a través de la Ley de Empleo, con el foco puesto en los desempleados de larga duración. Su desarrollo se ha completado a lo largo de 2023 y hoy se encuentra plenamente vigente, aunque su eficacia es todavía una incógnita.
Según las estimaciones que el ministerio de Asuntos Económicos envió a Bruselas en 2022, esta reforma generaría por sí sola (es decir, al margen de otras medidas en el ámbito laboral) un incremento del 0,6% de la ocupación, es decir, unas 122.000 personas (el equivalente a reducir el número de parados en un 3,99%). Pero un año después, tras la aprobación de la Ley, Calviño actualizó sus estimaciones y las ligadas a políticas activas, simplemente desaparecieron.
Fuente: El economista Un paro estructural del 12% hará imposible alcanzar el pleno empleo en España (eleconomista.es)
