Sustituyen a los ejecutivos elegidos por el Gobierno que dimitieron en bloque en mayo
El grupo que supervisa los planes de pensiones de promoción pública todavía no se ha reunido
Hace medio año, los planes de pensiones de empleo de promoción pública (conocidos como el macrofondo de Escrivá, al ser el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España el impulsor de la idea) sufrieron un revés tras la dimisión en bloque de los cinco miembros elegidos por el Gobierno para supervisar los fondos. Ahora, la actual representante de la Cartera, Elma Saiz, ya cuenta con los sustitutos, según ha podido saber elEconomista.es.
Aunque la información todavía no se ha trasladado a través de un comunicado oficial, según han confirmado fuentes del Ministerio, la nueva cúpula ya se determinó en el mes de septiembre. Sin embargo, esta comisión de control todavía no se ha reunido por problemas de agenda.
Entre los gestores elegidos por el Ejecutivo se encuentra Marisa Díaz –exdirectora general de PSN–; Manel Mangado –exdirector de auditoría interna del Barcelona Club de Fútbol –; Desirée Gémar –que ha ejercido de directora de relación con inversores en varias entidades–; Santos Miguel Ruesga –catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid–, y Jordi García –consejero del área laboral en Augusta Abogados–, seleccionados a través de concurso público. Además de los elegidos por el Ejecutivo, la comisión cuenta con otros ocho integrantes –sumando un total de 13–, cuatro nombrados a propuesta de los sindicatos CCOO y UGT y otros cuatro seleccionados por la patronal, CEOE y Cepyme. Cabe destacar que el representante de Cepyme también fue modificado tras las elecciones de la patronal.
La dimisión en bloque llegó después de que los miembros elegidos por el Ministerio manifestasen su descontento ante la paralización del fondo en el que cinco gestoras se habían comprometido a gestionar los 15 vehículos de ahorro. Estos integrantes tomaron la decisión después de que un año y medio después de la constitución de la comisión no hubiese ningún fondo adscrito. El hecho de que el fondo permaneciese desierto implicaba que ninguno de ellos había recibido ninguna remuneración.
Ahora, con los nuevos miembros ya elegidos, la Comisión de Control Especial de seguimiento de los planes de pensiones de empleo de promoción pública se enfrenta a este mismo reto.
Según cuentan fuentes de la comisión, la sustitución de estos miembros no soluciona el problema de base: que el fondo sigue paralizado y, en consecuencia, los supervisores no puedan ejercer su función ni obtener remuneración. Algo que nace en una decisión tomada por el Ministerio hace justo un año, cuando publicó un Real Decreto que determinaba que los integrantes no cobrarían hasta que el fondo no sumara 1.000 millones de ahorro.
Según explicaba dicho decreto, no es habitual que estas figuras reciban una contraprestación por ejercer esta función en los fondos privados, pero en este caso la retribución sí se ofrece: está ligada a la asistencia a las reuniones y tiene en cuenta la evolución del número de vehículos de ahorro. A esta exigencia además se suman otras incompatibilidades del puesto como la prohibición de desarrollar en los dos años siguientes una actividad relacionada. Entre estos impedimentos también se encuentra el que los miembros siga relacionado con las entidades elegidas para la gestión de los fondos.
Del lado de las gestoras –elegidas hace dos años, VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones– la situación también es complicada porque asumieron el compromiso de reunir 2.500 millones de ahorro en tres años a contar desde la entrada del primer plan a este fondo. Entre ellas gestionarían 15 vehículos de ahorro con el objetivo de que cada una de ellas captase 500 millones destinados a la jubilación.
Según explican fuentes de la comisión, recuperar el plan de pensiones de los funcionarios (suspendido desde el año 2011) podría ser la forma de desbloquear los fondos de promoción pública al depender solo de la Administración. Sin embargo, esta opción ha sido inviable hasta ahora por la falta de Presupuestos Generales desde las últimas elecciones.