EL GOBIERNO OCULTA LOS DATOS DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES PACTADA CON BRUSELAS
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva ocultando durante meses cuál es el impacto económico que la reforma de las pensiones puede tener sobre las cuentas públicas. Fuentes políticas y económicas sostienen que el Ejecutivo progresista se ha negado hasta la fecha a presentar una memoria económica que recoja y dé luz a las proyecciones de esta nueva reforma, un requerimiento que se ha hecho al ministro José Luis Escrivá en al menos cuatro ocasiones, con motivo de las reuniones que ha mantenido con los agentes sociales, y donde nunca ha mostrado ni una sola memoria.
Los expertos aseveran que «papeles de los cálculos y del impacto, hay. Lo que pasa es que el Gobierno no los quiere mostrar para que no se vea que los números no cuadran». De ahí la sospecha de que lo tratado con Bruselas esté basado en datos macroeconómicos inflados, que no se corresponden con la verdadera situación del crecimiento económico español ni del empleo a corto plazo y a futuro.
Quien sí ha tenido conocimiento de las cuentas de Escrivá y del impacto de la reforma ha sido la Comisión Europea. Escrivá se reunió en dos ocasiones con Paolo Gentiloni, comisario europeo de Fiscalidad. En concreto, tuvo dos citas en Bruselas los días 26 de enero y 20 de febrero, justo la misma jornada en que la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, llegaba a Madrid para desplegar una misión de eurodiputados que durante tres días analizó la gestión de los fondos Next Generation durante 2021.
Lo cierto es que Escrivá de hecho llegó a hablar con Bruselas de un aumento del periodo de cotización para el cómputo de estas prestaciones de hasta 30 años, sin opción de elegir. Luego, y tras encontrar la oposición principal de los sindicatos, ha dado una vuelta de tuerca a una reforma, al gusto de Unidas Podemos, pero a la que ha añadido una cláusula en la que se compromete a introducir ajustes adicionales en 2025, de manera que, de no funcionar su propuesta, el próximo Gobierno que salga de las urnas se vea obligado a acometer los cambios, toda vez que el Real Decreto Ley, con el que se dará trámite a la medida, sea aprobada este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.
En esta fase se anuncia que, aunque el Estatuto del Becario aún se está negociando, todos los becarios cotizarán para la jubilación, ya tengan prácticas remuneradas o no pagadas, aunque esa cotización de los becarios no incluye aportaciones para la protección por desempleo, el FOGASA ni la formación profesional, y el Estado cubrirá prácticamente la totalidad de la aportación a la Seguridad Social. También el Gobierno se compromete, antes del 30 de junio, a aborda cambios normativos de la jubilación anticipada parcial
Hoy en día, Escrivá fundamenta la sostenibilidad en que la nueva reforma de pensiones elevará el gasto un 3,5% del PIB, hasta el 15,5%, lo que a su modo de ver es suficiente, teniendo en cuenta el incremento de las cotizaciones, la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y un gravamen de Solidaridad. Sin embargo ninguno de los organismos económicos españoles corrobora esta pretendida suficiencia que está basada en datos “ocultos”.
La reforma de pensiones aún puede recoger algún cambio antes de pasar por el Consejo de Ministros y también después, fruto de su tramitación parlamentaria. El ministro Escrivá, comparece este miércoles en el Pacto de Toledo, donde detallará a los grupos políticos el contenido de esta fase final de cambios, sobre la que ha logrado afirma reiteradamente el visto bueno de Bruselas.
ESCUDO FRENTE A LA PROPIA REFORMA
Como el Gobierno es consciente (aunque no lo admita públicamente a la opinión pública) de que “sus números no cuadran” en los borradores que se están manejando la norma prevé que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evalúe trianualmente, a partir de marzo de 2025, el aumento de los ingresos que generen las medidas que serán aprobadas próximamente.
Así, la AIReF deberá determinar si se producen uno de estos tres casos:
- Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, “la Airef comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último informe de Envejecimiento de la Comisión Europea no supere el 15% del PIB”;
- Si dicho impacto de las medidas es superior al 1,7% del PIB, el gasto no debería superar “el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%”;
- Si el impacto de la reforma es inferior al 1,7%, el gasto en pensiones no deberá superar “el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto anual estimado de las medidas y 1,7%”.
En el caso de producirse algún exceso en alguna de estas tres situaciones, transcurrido un mes desde el informe de la Airef el Gobierno deberá solicitar a este organismo un informe sobre el impacto de las medidas de la reforma de pensiones e incluir en dicha solicitud “un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto estimado” y a partir de ese informe el Gobierno deberá negociar con los agentes sociales el envío de una propuesta de medidas a la Comisión del Pacto de Toledo “para corregir de forma equilibrada el exceso de gasto”. Y, acto seguido, el Gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley al Parlamento con dichas medidas antes del 30 de septiembre para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Pero, este es el verdadero escudo frente a su propia reforma, si esta ley no entrara en vigor el 1 de enero, de forma automática la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la Airef a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe de la Airef, y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas por valor del mismo impacto o se corrija el exceso de gasto neto. De esta forma, el automatismo de este incremento de cotizaciones podría producirse ya desde el 2026.
Así, el aumento de cotizaciones del propio texto de la reforme podría a no ser el último en el corto plazo. De hecho, si se tienen en cuenta los cálculos hechos por los economistas expertos en pensiones de Fedea, la insuficiencia de las medidas es clara, ya que calculan que las medidas que prevé aprobar el Gobierno l lograrán incrementar los ingresos un 0,68% o un 1% como mucho con la primera parte de la reforma, para costear un incremento del gasto previsto de entre 3,5 y 4% del PIB en torno a 2050. En concreto, Fedea ha calculado que el incremento de cotizaciones que sería necesario para costear esta brecha sería de casi diez puntos (1,2 del MEI y otros 8 adicionales). Con ello, el total de cotizaciones que pagan los empresarios pasaría del actual 36% (incluyendo todos los conceptos) al 46% y además Fedea recuerda que el gasto en pensiones ya es del 13,6% incluyendo las clases pasivas.
