La reforma de pensiones aumentará los gastos y pretende que los ingresos vengan de empresarios y trabajadores
Las nuevas pensiones son un 15% mayor que hace un año
La reforma de las pensiones, que debe propiciar la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo de los jubilados y garantizar la equidad intergeneracional, está lejos de cumplir algunos de los objetivos, sobre todo lo relacionado con la reducción de los gastos, ante unos ingresos claramente insuficientes.
Pese a que aún no se ha producido el aluvión boomer, ya que los mayores, los nacidos en 1958, precisamente cumplirán 65 años este año, no se ha podido controlar y las anteriores reformas apenas han conseguido que los retiros se produzcan unos meses más tarde. Un avance mínimo ante el largo camino que queda por recorrer hasta 2050, año en el que prácticamente estarán retirados todos los boomers.
El gasto en pensiones continúa imparable, impulsado por el incremento de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y el aumento del número de beneficiarios, debido a los primeros desembarcos en el sistema de los boomers. Mientras, la tímida reforma impulsada por el Gobierno y que ha contentado, en parte, a las autoridades comunitarias y, en buena medida, a Podemos y a los sindicatos, no ha logrado el objetivo principal: el control del gasto.
La última iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que capitanea José Luis Escrivá ha sido aumentar el cómputo de cotización a 29 años eligiendo los 27 mejores ejercicios o solo los últimos, un paso que no será ni mucho menos determinante para garantizar la sostenibilidad del sistema se le tacha de medida cosmética.
Los últimos datos que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejan patente la situación y muestran un problema que no ha parado de crecer, con mínimos avances, frutos de anteriores reformas, que forzaron el retraso de la edad de retiro.
La cuantía de las nuevas jubilaciones se ha disparado y las altas en el sistema, que no pararán de crecer con la entrada de los boomers, suponen casi 1.640 euros, un 15% más que la que se pagó de media durante 2022 y un 12% superior a la de diciembre. La pensión contributiva media –jubilación, incapacidad, viudedad… – se situó en febrero en 1.192 euros -en 14 pagas- y la nómina mensual de todas las pensiones contributivas alcanza ya los 11.922 millones de euros, una cifra ligeramente superior al presupuesto anual que manejan comunidades como Castilla y León y la Castilla-La Mancha.
El aumento de la prestación media de retiro también ha provocado que prácticamente sea idéntica -apenas 1.500 euros menos- que el salario mediano, que es el resultado de dividir el número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior. Con los salarios subiendo una tercera parte que las pensiones, la brecha entre ambos indicadores se ha reducido de forma importante este año.
En los últimos diez años las pensiones han subido, de media, a un ritmo ligeramente mayor a lo que lo ha hecho el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Mientras el SMI aumentó un 55% desde 2013, las prestaciones de jubilación lo hicieron ligeramente por encima del 40%.
Alza de cotizaciones, mínimas más altas y cuota extra solo a salarios altos
Tras una primera pata en la que se garantizó el poder adquisitivo de los pensionistas -vinculando las prestaciones al IPC-, ahora llega la segunda, en la que el Ejecutivo al parecer ha convencido a Bruselas de que el sistema español es sostenible a futuro.
Actualmente España gasta en pensiones una cuantía cercana al 12% de su PIB, pero las jubilaciones masivas previstas para los próximos años llevarán esa cifra por encima del 15% en 2050. La filosofía de la reforma es cubrir esa brecha, que ronda los 15.000 millones de euros anuales en términos de PIB de 2023, y para ello, el Gobierno plantea subir las cotizaciones sociales -especialmente las que pagan empresas y los salarios más altos- y a la vez mejorar las cuantías de las pensiones mínimas y ampliar la cobertura de lagunas y el complemento de brecha de género.
Como el planteamiento del Gobierno es evitar cualquier tipo de recorte, el coste de la reforma recaerá sobre los salarios -especialmente los más altos- y, fundamentalmente, sobre las empresas que absorberán la mayor parte del impacto del alza de las cotizaciones.
La subida de las cotizaciones que plantea el Ejecutivo se estructura en tres partes. Por un lado, está el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un incremento en la cotización de 0,6 puntos que ha entrado en vigor ya en 2023 pero que se reforzará progresivamente a partir del año que viene hasta alcanzar 1,2 puntos en 2029. El MEI afectará a todos los trabajadores, pero el mayor coste (en torno al 80%) recaerá sobre las empresas. Este sistema estará en vigor hasta 2050.
Al margen del MEI, el plan del Gobierno prevé destopar las bases máximas de cotización. Actualmente, las cotizaciones sociales se aplican sobre una cuantía de 53.956 euros anuales. Todo el salario que queda por encima queda exento. Con la reforma, ese importe se irá ampliando progresivamente a partir del año que viene hasta alcanzar un incremento del 38% acumulado en 2050, a lo que habría que sumar también el IPC. A partir de 2050 habrá subidas adicionales.
Y, como colofón, la parte de los salarios que siga por encima de esa base máxima tendrá que pagar lo que el Gobierno ha bautizado como “cuota de solidaridad”. Un recargo sobre la parte del salario que supere la base máxima que empezará con un 1% en 2025 y se ampliará paulatinamente hasta el 6% en 2045. Esta cuota la pagarán íntegramente las empresas.
El aumento de las bases máximas provocará que los asalariados con rentas más altas paguen más cotizaciones. Por ello, el destope vendrá acompañado de una subida de la pensión máxima. Sin embargo, el incremento de esta prestación será algo menor al de la base máxima. Mientras que las bases máximas crecerán un 38% más la inflación hasta 2050, la pensión máxima lo hará un 35% al que habría que sumar la inflación. A partir de 2050 también habrá subidas adicionales.
Una de las novedades más significativas que introduce el planteamiento del Gobierno es vincular las pensiones mínimas (sean o no contributivas) a la renta de los hogares. Una fórmula parecida a la que se ha empleado para elevar el salario mínimo hasta el 60% de la retribución media del país. La reforma propuesta plantea que la pensión mínima de una persona con cónyuge a sus cargo alcance el 60% de la renta mediana (la que divide a los hogares en dos mitades equivalentes) entre 2024 y 2027. En el caso de las no contributivas, el objetivo es que alcancen el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal.
El acuerdo también pone el foco en una vieja reivindicación de los sindicatos: las lagunas de cotización. Las lagunas son esos años ‘en blanco’ en los que un trabajador no cotiza porque cae en el desempleo (sin prestación) o se retira del mercado laboral, por ejemplo para dedicarse a cuidar a un familiar. Actualmente, el sistema cubre esos huecos aplicando la base mínima de cotización durante los primeros cuatro años de lagunas, pero después la cuantía se reduce a la mitad. Con la reforma, las mujeres percibirán el 100% de la base mínima durante los primeros cinco años y la caída se mitigará al 80% entre el quinto y el séptimo.
Además, se reforzará el complemento de brecha de género con un incremento del 10% adicional a la revalorización anual de la pensión durante 2024 y 2025.
Las patronales empresariales han expresado ya su “frontal oposición” a la reforma y acusan al Gobierno de “voracidad recaudatoria” por la subida de las cotizaciones. Un incremento que, sostienen, mermará los salarios de los trabajadores y pondrá en peligro la creación de empleo. En la misma línea se ha expresado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, que ha destacado que se trata de un acuerdo interno y ha reprochado al Ejecutivo que introduzca “un nuevo impuesto al trabajo”.
Por el momento, la propuesta no deja de ser un acuerdo de la coalición. El siguiente paso de cara a su tramitación lo afrontará el lunes, cuando Seguridad Social, sindicatos y patronal se volverán a sentar a negociar el texto. Si el acuerdo recibe el visto bueno de los sindicatos, que en principio lo han valorado positivamente, el texto se elevará al Consejo de Ministros y se llevará al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria del Congreso donde se debaten los asuntos de pensiones.
Sin embargo, está por ver que el Ejecutivo consiga reunir los apoyos necesarios para que el Parlamento de su visto bueno. Por lo pronto, uno de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, EH Bildu, considera que la propuesta “es un avance, pero insuficiente”. El PNV está a la espera de ver la “letra pequeña”, mientras que en ERC ven “noticias buenas” en el planteamiento, pero advierten de que vienen de un ministerio “que incumple” con el ingreso mínimo vital.
La sorpresa oculta: el Mecanismo de ajuste Automático
Tras unos meses de filtraciones poco claras, este viernes se comunicaba el acuerdo y se presentaba con lo que se suponía que eran los principales detalles. El Ministerio envió a todos los periodistas que lo pidieron un documento con la explicación de los grandes puntos. De este modo, se aseguraba el titular de que se salvaguardaban las pensiones y no habría recortes, ni ahora ni en el futuro.
Pero sólo un día después, nos enteramos de que la parte más importante es el MECANISMO DE AJUSTE AUTOMÁTICO prometido a Bruselas y que obligará a los gobiernos sucesivos a tomar decisiones, quieran o no.
Pero hay sorpresa escondida a lo anunciado este viernes sobre pensiones. Ahora se suma ahora un apartado extra: un nuevo mecanismo de ajuste. Lo adelantaba este sábado El País: la subida de impuestos para intentar sostener el sistema de la Seguridad Social no se quedará en lo que ya sabíamos. José Luis Escrivá ha pactado con Bruselas que, si el déficit se desvía respecto de lo previsto, habrá más impuestos (y, se supone, que más recortes). Cada tres años se revisarán las cuentas y el Gobierno de turno tendrá que hacer los ajustes necesarios para que cuadren. Es la reforma en diferido: ahora hago lo justo para aprobar el examen de la Comisión y le dejo la patata caliente a mi sucesor.
Pero si queremos llamar a las cosas por su nombre es importante reconocer que no estamos ante una reforma de las pensiones. De hecho, si acaso podríamos hablar de contra-reforma, porque lo que busca el ministro de Seguridad Social es consolidar lo existente. El lema podría ser: “Si podemos tirar unos años más, para qué meternos ahora en berenjenales“.
Desde que se planteó la necesidad de hacer algún anuncio relacionado con la Seguridad Social, casi todo el mundo pensó en la parte del gasto. Por ahí han ido las anteriores reformas: tocar las condiciones de acceso (retrasar la edad de jubilación, cambiar el período de cálculo, endurecer los requisitos para cobrar el 100%) para reducir la primera pensión; o implantar algún sistema que anticipase recortes de las actuales prestaciones si las cuentas no cuadraban (eso era el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013).
Lo cierto es que el principal problema es de gasto. Incluso con un mercado laboral tan débil como el español, los ingresos por cotizaciones han seguido una senda relativamente ascendente o al menos estable. No han crecido mucho (porque no hay mucho de lo que tirar por el lado del empleo) y en ocasiones lo han hecho más en términos nominales que reales. Pero más o menos si vamos incrementando la recaudación en esa partida. Pues bien, incluso así, el gasto en prestaciones (contributivas, no contributivas y clases pasivas) se ha disparado: el desequilibrio alcanza los 40.000 millones en dos décadas.
El propio Escrivá reconocía en 2021, en el Congreso, que las cotizaciones en España ya estaban por encima de la media: “Nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas (y más altas que la mayoría de nuestro entorno. No no debemos olvidar que subir las cotizaciones también implica un coste añadido a las empresas: salarios más caros y menos competitividad, …
Lo que ha presentado Escrivá no es del todo sorprendente, aunque sí rompe con algunas de los principios que él mismo había defendido:
– Más gasto: la seudo reforma apenas toca el actual modelo aunque suben las pensiones mínimas, permite elegir el período de cómputo más favorable, cobertura de lagunas…
– Más ingresos: de tres maneras:
- Subida de las bases máximas por encima del IPC (un 1,2% al año)
- Cuota de solidaridad de hasta el 6% del salario no sujeto a cotización, es decir, sin generar derecho a prestación.
- Incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 0,6% al 1,2% del salario en 2029. Y esta medida sí afecta a todos los trabajadores
Debemos ser conscientes de que esto comporta menos contributividad: la ruptura del modelo contributivo. En España, el sistema es cada día más asistencial y menos contributivo: lo de “tanto cotizas, tanto cobras” cada vez es menos cierto.
Aquí entra la sorpresa conocida este sábado. Lo del mecanismo de ajuste automático. En primer lugar, suena parecidísimo a lo que el propio Escrivá ha criticado siempre sobre el Factor de Sostenibilidad y los mecanismos automáticos. Habrá que esperar a ver los detalles (nos imaginamos que los presentará el ministro ante el Pacto de Toledo el miércoles), pero lo que se intuye tras el anuncio es muy parecido a lo que había: se hace una proyección de gastos-ingresos y si ésta no se cumple (y casi siempre se rompe por el lado del déficit), habrá que presentar medidas. Será la AIReF la que dictamine si nos estamos alejando del camino pactado y la que notifique al Gobierno de turno que tiene que hacer ajustes.
En la información de El País se dice que “si se desvía el gasto de la Seguridad Social, el mecanismo de equidad intergeneracional subirá de forma automática para asegurar un incremento en las cotizaciones. El aumento de las cuotas será equivalente a un 20% del exceso de gasto sobre las proyecciones previstas por el Gobierno”. ¿Y el otro 80%? ¿Dejamos ahí el problema para que lo pague el siguiente o el automatismo se aplica también al gasto? Es complicado pensar que Bruselas vaya a tragar con algo que no implique un ajuste de verdad y de todo el agujero. Pero eso implicaría un recorte en las prestaciones, justo lo que el Gobierno dice que nunca aprobará. Lo normal es que se deberá realizarse este ajuste pues incluso con estos nuevos impuestos tiene pinta de que el gasto seguirá incrementándose a un ritmo superior a los impuestos. Por eso, será complicado que en las próximas revisiones (2026-2029) el ministro que esté a cargo no tenga que ofrecer algo a Bruselas. Quizás Escrivá piense que a él no le tocará pasar ese trago.
