Nuestro sistema público de pensiones es un sistema contributivo (“se cobra según se cotiza previamente”), solidario intergeneracionalmente pues es de reparto (las pensiones actuales las financian los trabajadores actuales con sus cotizaciones) y solidario intrageneracionalmente (las cotizaciones altas financian a las cotizaciones bajas). Es decir, las cotizaciones propias no sólo generan una expectativa de derecho para recibir la propia pensión, sino que financian las pensiones de los pensionistas actuales incluidos los que cotizaron muy poco (con bases de cotización muy bajas y/o cotizaron durante muy pocos años).
El parámetro más claro de esa solidaridad es la existencia del “tope de la pensión máxima” mediante el cual los trabajadores que han cotizado mucho podrían recibir una pensión mucho más alta pero el exceso de cotización ayuda a financiar a las pensiones muy bajas.
A pesar de que la pandemia la esperanza de vida de los españoles, se mantiene de media cercana a los 83 años en 2020. Esto supone que de media los pensionistas cobrarán su prestación, teniendo en cuenta que el retiro mayoritario se produce a los 65 años, unos 18 años de media
La base de cotización media de los españoles se sitúa en 22.900 € anuales, que dividido en 12 nóminas anuales, son 1.908 €. De esta cantidad, el 28,3% es lo que se paga a la Seguridad Social, es decir 12 abonos de 540 € mensuales y 6.480 € anuales. La pensión media bruta es de 1.542 euros, que se abona en 14 pagas, es decir 21.588 €/año.
Así, un trabajador, con una base de cotización media constante durante 40 años, aportaría 259.000 € al sistema, pero una pensión media durante 18 años supondría 388.500 €, 129.500 euros más. Esto implica que ni siquiera las largas carreras de cotización con salarios medios son suficientes para afrontar las pensiones. Las aportaciones realizadas a la Seguridad Social durante toda la vida laboral apenas sirven para pagar siete de cada diez euros de nuestra futura pensión.
Los datos de la Seguridad Social muestran que cuatro de cada diez jubilados actuales se retiraron anticipadamente, un total de 2.100.000, mientras que el resto lo hizo después de los 65 años, aunque curiosamente hay un mayor porcentaje de carreras largas entre los que se jubilaron antes de la edad legal. Esos datos muestran que de los 5.250.000 jubilados que hay en el sistema , el 61% de ellos (casi 3,2 millones), han cotizado más de 35 años y un 16% (más de 500.000) lo han hecho durante más de 45 años.
Junto a esto, las nuevas pensiones son un 33% más altas que las que se dan de baja pues se han generado con largas carreras de altas cotizaciones, y la cuantía de esas nuevas pensiones supera ya en un 35% la de los nuevos salarios. Mientras, el déficit de la Seguridad Social ha acumulado de los últimos ocho años un déficit de 103.000 millones € o lo que es lo mismo 10.650 € por pensionista.
También habría que revisar las clases pasivas. Por ejemplo, que con 30 años cotizados puedan irse a los 65, pero no a los sesenta. Es una cuestión de solidaridad social. Y la policía local, que haga trabajos de oficina hasta los 65.
Las Clases Pasivas son un régimen a extinguir desde 2011 y sus trabajadores tienen obviamente unos derechos adquiridos que es preciso respetar aunque a menudo sean casi un «privilegio». En cuanto a los policías locales, aunque en principio puede parecer una discriminación «positiva», también es cierto que se precisa que bastantes «miembros del cuerpo», por el simple motivo de su propio oficio, tengan ciertas cualidades físicas que se van perdiendo con la edad y no deben ser todos «meros oficinistas», creo.
Hace unos meses un Ayuntamiento »jubilo» a cerca de 20 policias locales al cumplir los 60 años. Algunos estaban de acuerdo pero la mayoria no, no hubiese sido que los que no querian los hubiesen dado puestos de control de los paballones deportivos, en los teatros etc. Yo mismo he visto a Guardias Civiles que despues de acabar su vida activa se quedan como controladores en los juzgados,centros oficiales etc con un incremento del salario por un par de años mas.
Cada colectivo tiene un convenio que rige sus actividades laborales dentro de la legalidad vigente y, por lo tanto, la casuística concreta es tan numerosa como, al menos, el número de convenios existentes.