Los sindicatos amenazan con complicar la negociación del salario mínimo, única iniciativa que saldría adelante en la recta final del año
Iba a ser el año de Yolanda Díaz. Cuatro años después de haber aprobado por un error del PP una reforma laboral por la que llegó incluso a jugarse el puesto, la vicepresidenta encaraba 2025 con el reto mayúsculo de sacar adelante la medida por la que aspiraba a pasar a la historia de las relaciones laborales en España: la reducción de la jornada máxima legal a 37 horas y media semanales. Pero la fuerte oposición empresarial y la compleja aritmética parlamentaria han frenado no solo esta, sino la práctica totalidad de las grandes reformas que tenía en cartera la ministra de Trabajo en su planificación anual.
Ni el recorte de jornada, ni su plan B para endurecer el registro horario en las empresas. Ninguna de las dos iniciativas verá la luz antes de que acabe el año. Tampoco la prometida reforma del despido para hacerlo restaurativo y disuasorio. Ni el ansiado Estatuto del Becario, que lleva más de dos años atascado, estará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre. No son las únicas reformas que seguirán en el cajón: tampoco saldrán la ley para democratizar las empresas incluyendo a los sindicatos en los consejos de administración o la que preveía modificar el statu quo de la representatividad de las pymes en el diálogo social. Y está por ver cómo se desarrolla la negociación para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pues los sindicatos ya han advertido de que, en esta ocasión, redoblarán sus exigencias para llegar a un acuerdo.
Díaz afronta el último trimestre con una estrategia clara de reactivar, en mayor o menor media, las reformas pendientes. Tras el fiasco de la reducción de la jornada, abatida por el veto de Junts en el Congreso de los Diputados, ha tenido que guardar su proyecto estrella en un cajón… hasta nueva orden de Moncloa. En ausencia de una mayoría parlamentaria que lo sustente y sin un calendario claro sobre cuándo podrá volver a ponerlo sobre la mesa, la vicepresidenta ha dado portazo mediático al asunto y en los últimos días ha centrado el foco en lanzar pequeños anuncios sobre la puesta en marcha de otras reformas. Pero todas ellas están aún en una fase muy preliminar y ninguna lo suficientemente madura como para aterrizar en el BOE en los próximos tres meses.
Lo primero que hizo, cuando no habían pasado ni 24 horas desde que la triple pinza de las derechas –Junts, PP y Vox– enmendara sus 37 horas y media, fue lanzar a consulta pública el texto con el que pretende modificar el reglamento para endurecer el registro horario en las empresas. Para esquivar al Congreso, Díaz ha optado por hacer algunas modificaciones en el control horario por la vía del decreto. En resumen, Trabajo quiere obligar a que el registro de la jornada sea digital e interoperable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero la complejidad jurídica de ambas imposiciones, que chocan tanto con la realidad de muchos sectores en los que el registro digital es inviable como con la normativa en materia de protección de datos, ha obligado al Ministerio a redactar una primera aproximación muy laxa de lo que va a ser el nuevo control horario. Fuentes del equipo de Yolanda Díaz admiten que los plazos son inciertos, pero, en todo caso, el proceso de recopilación de los informes preceptivos y su aterrizaje en Consejo de Ministros «llevará entre cuatro y cinco meses», por lo que no se espera antes de 2026.
En paralelo, la vicepresidenta ha abierto el melón de la reforma del despido, otra de las previstas en su agenda para 2025 pero en la que no se ha avanzado nada a estas alturas del año. En resoluciones no vinculantes, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que España incumple las directrices en materia de indemnización por despido. Y Yolanda Díaz tiene un plan para endurecer las condiciones y establecer un despido realmente «restaurativo» para el trabajador y «disuasorio» para la empresa. En una carambola del destino, el Congreso aprobó la semana pasada una iniciativa de Sumar en este sentido, de nuevo, por un voto erróneo de un diputado del PP. Pero a la ministra le valió para concluir que el bloque de investidura apoya la reforma -Junts se abstuvo y el PSOE votó a favor, pese a las resistencias que ha mostrado el Ministerio de Economía en este ámbito- e inmediatamente anunció la convocatoria de la mesa de diálogo social para abordarla.
Al igual que la reducción de la jornada, el encarecimiento del despido cuenta con la oposición frontal de la patronal, por lo que todo apunta a que esta negociación se alargará en el tiempo y el lobby de la CEOE presionará a los grupos para que esta iniciativa tampoco prospere en el Congreso. Y mucho menos, en el corto plazo. Como tampoco tiene visos de triunfar el prometido Estatuto del Becario. Tras más de dos años, el Ministerio de Trabajo espera aprobarlo en Consejo de Ministros en las próximas semanas, pero la tramitación parlamentaria estará llena de baches a la derecha y a la izquierda, ya que, más allá del rechazo empresarial -y de los rectores universitarios- y de su influencia en el voto del PP o Junts, los apoyos de grupos como el PNV, ERC o EH Bildu, que ya han mostrado sus críticas al proyecto, tampoco están garantizados.
Otras reformas como la que aspira a meter a los sindicatos en los consejos de administración o la que pretende modificar la representatividad de las pymes en el diálogo social tampoco parecen cercanas. Sobre la primera, Díaz ha anunciado la próxima presentación de un informe técnico. Pero ni ha empezado a negociarse con los agentes sociales ni cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios. Y sobre la segunda, la vicepresidenta ha dado pequeños pasos para que la patronal Conpymes o la catalana Pimec entren en órganos como el Consejo Económico y Social o la Comisión Nacional de Convenios, pero no ha avanzado decididamente en la ruptura de las costuras históricas de las mesas de diálogo social nacional en las que participan solo CEOE y Cepyme en representación de las empresas de todo el país.
Para la recta final del año, a la vicepresidenta le quedaría únicamente el SMI. En principio, este debería ser un trámite fácil: la comisión de expertos propone una horquilla de subida, se traslada al diálogo social y se aprueba la parte alta del rango propuesto únicamente con el apoyo de los sindicatos, tal y como ha sucedido en los últimos años en los que los empresarios han rechazado sumarse al acuerdo. Sin embargo, en esta ocasión la negociación podría complicarse porque CCOO y UGT ya han advertido de que no pactarán si no se blinda la subida en la nómina modificando el reglamento para que las empresas no puedan absorberla con los pluses.
En principio, Díaz está dispuesta a abordar este cambio, ya que puede hacerlo por decreto, pero tendrá a la patronal enfrente. Igualmente, encarará una nueva batalla con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la tributación de estas rentas bajas. Para este año, encontraron una solución temporal que exime del pago del IRPF a los perceptores del SMI, pero a partir de 2026 empezarán a pagar impuestos si el Gobierno no lo evita de nuevo. Y lo que seguro no podrá hacer porque requiere del apoyo del Congreso es cambiar la ley para que el SMI se actualice de forma automática cada año para garantizar la cobertura del 60% del salario medio. Esa será otra de las reformas que arrastre en su cartera para el año que viene, de nuevo, en un escenario de apoyos parlamentarios incierto.
