Negociar para repartir daños: el «pacto de rentas» entre sindicatos y empresarios se calienta y se avecina un escenario de conflictividad laboral

El secretario general de CCOO reclama que los salarios mantengan su poder adquisitivo en el trienio 2021-2023, mientras Garamendi pide desligarlos de la inflación: «Estamos en guerra»

El pacto de rentas auspiciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a ser fácil. Patronal y sindicatos llegan a la reunión de esta tarde sobre la actualización de Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en posiciones muy alejadas. Ya lo estaban antes de que el Kremlin lanzase sus tanques hacia Kiev, y cada día lo están más a medida que la guerra en Ucrania se estanca, las sanciones a Rusia se agravan y la espiral inflacionista se refuerza.

El objetivo del presidente era buscar un reparto de los costes, pero las posiciones están distanciadas. Los sindicatos son tajantes: «Los salarios no pueden perder poder adquisitivo, no puede ser que los trabajadores paguen el pato», ha explicado Sordo. Los sindicatos han tendido la mano a una subida progresiva de los salarios a lo largo de los próximos dos o tres años, para evitar así que la subida de los salarios se concentre este año 2022. Sin embargo, para aceptar esta subida paulatina ponen como línea roja la recuperación de las cláusulas de garantía salarial que en los últimos años habían desaparecido de la negociación colectiva dadas las tendencias deflacionistas de la economía española. Ahora los sindicatos reclaman que se recuperen estas cláusulas para garantizar que al final del periodo, ya sea en 2023 o 2024, los trabajadores consigan mantener su poder de compra.

 

Para los sindicatos, la línea roja es el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, igual que ocurrirá, previsiblemente, con las pensiones. Para la patronal, el aumento desmesurado de los sueldos provocaría un círculo vicioso que dispararía aún más los precios, en lo que se conoce como efectos de segunda ronda. El Gobierno medió el pasado lunes, con una reunión en Moncloa que no ha servido para acercar posturas. A juzgar por las declaraciones de unos y otros este miércoles, se encuentran más alejadas que nunca.

La guerra lo condiciona todo, y las centrales son conscientes de que actualizar los salarios en función de un Índice de Precios al Consumo (IPC) del 7,4%, en máximos de tres décadas, no es posible. Sin embargo, exigen que en el conjunto del periodo que esté vigente el nuevo marco para la negociación colectiva (2021-2023) el poder adquisitivo no se pierda. El escenario casi deflacionista de principios del año pasado y la moderación prevista para 2023 ayudarían, según Sordo, a que sea posible subir los salarios de forma acorde a la media de inflación del trienio, algo que la patronal descarta.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido muy gráfico este miércoles en su rechazo a vincular la actualización de los salarios con el IPC: «Estamos en guerra». Si antes del conflicto la patronal ya se oponía a las reivindicaciones de los trabajadores, la espiral de precios alimentada por la invasión de Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia ha aumentado el temor a los llamados efectos de segunda ronda. «Tenemos que ser muy responsables. Se lo pedimos a los empresarios, a los sindicatos y al Gobierno, para tener unas políticas que marquen una ortodoxia muy seria«, ha dicho Garamendi. El objetivo: evitar que la inflación coyuntural se convierta en estructural y las alzas de los salarios acaben incrementando los precios.

Garamendi ha aceptado la negociación para un nuevo pacto de rentas, pero ha advertido del riesgo de una «regulación absoluta de la vida económica», ya que sería «muy peligroso». En su opinión, cualquier medida debe proceder del acuerdo entre empresarios y sindicatos y así evitar la pérdida de flexibilidad y adaptación del tejido productivo a la situación actual tan complicada que vive Europa.

Garamendi no ha querido desvelar cuál es exactamente la propuesta de la patronal, mientras todos esperan nuevas medidas que alivien los costes energéticos de las compañías y la factura de los consumidores. Sin ellas, cualquier subida de sueldos serán tan ruinosa para las primeras como insuficiente para los segundos.

 

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