En el caso de las ayudas hay una cifra relevante: la de las personas que tienen derecho a prestaciones y no la reciben, no la piden porque no la conocen o porque el trámite es muy complejo o extremadamente lento.
Cada anuncio de una nueva ayuda pública viene cargado de promesas, buenas intenciones y grandes números. Cifras que, en muchos casos, se van desinflando por el camino.
Buena parte de los fondos para medidas puestas en marcha los últimos años como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono social, el bono cultural, las ayudas para la dependencia o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos se quedan sin gastar y es necesario echar un ojo a la ejecución presupuestaria, es decir, a lo que de verdad se acaba gastando.
Ayudas a la dependencia: el problema es que llegan demasiado tarde
En global ha ido subiendo su presupuesto año a año y los desvíos no son tan destacados como en otras ayudas. Más allá de cuotas de cuidadoras, del gasto en Ceuta y Melilla, de gastos de personal… la parte más cuantiosa de esta política es lo que se transfiere a las comunidades autónomas, que son las que distribuyen las ayudas. Es ahí donde podemos ver mejor qué ha pasado desde 2016. Y, de nuevo, yendo a las cuentas de la Seguridad Social en términos globales, el desvío es mínimo. En 2018, 2019 y 2020 se gastó más de lo presupuestado, en buena parte porque los presupuestos estaban prorrogados. Pero en 2021 y 2022, cuando ya era posible establecer una cifra más adecuada en los PGE, se acabó gastando menos de lo previsto. Aun así, los desvíos, teniendo en cuenta el tamaño de estas ayudas, no son muy llamativos (en 2021, por ejemplo, de 2.029 millones se quedaron 75 millones sin gastar
Sin embargo la última estadística del IMSERSO sobre esta prestación recoge dos de los problemas para que las ayudas lleguen: que no se pidan (solo un 31,78% de la población potencialmente dependiente las solicita) y además que la tramitación no sea solo compleja, sino larga pues la media es de casi un año desde que se solicita hasta que se recibe la prestación, año y medio en Andalucía y Murcia y casi dos en Canarias. A 31 de diciembre de 2023 había más de 100.000 personas pendientes del primer paso del trámite, la resolución de grado, y más de la mitad llevaban más de seis meses esperando para esa primera valoración. Todos los días fallecen personas dependientes a la espera de que se resuelva su expediente.
El IMV, el 58% de los posibles beneficiarios ni siquiera lo solicita
Es de destacar que el 58% de las personas que tiene derecho no lo pide. Y que se deniega un 69%, la mayoría de veces por superar los umbrales de renta, pero muchas otras son por cosas como falta de documentación aportada en el proceso. También se sabe que quienes reclaman por su denegación o por el importe concedido y acaban llegando a juicio, ganan en el 42% de los casos, esto es, la justicia considera que la Seguridad Social se equivocó.
El tiempo de tramitación media de un expediente es de 120 días, esto es, cuatro meses y además cada año se resuelven menos de los que se inician. En 2022, por ejemplo, entraron 680.707 solicitudes pero se resolvieron 512.010.
Si miramos solo la ejecución de los PGE parece que el presupuesto del IMV se ha gastado a la perfección. Pero para saber qué pasó en realidad hay que ir a otros presupuestos, que se publican en otras fechas, en otro formato y con otro nivel de detalle: los de la Seguridad Social.
Cuando se creó el IMV, en 2020, esta ayuda no estaba planificada y su puesta en marcha vino con 408 millones extra en la ejecución de la Seguridad Social de aquel año. Pero, tanto en 2021 como en 2022, cuando esta prestación ya sí estaba presupuestada, se acabó gastando bastante menos de lo previsto. El primer año, más de 1.000 millones se quedaron sin ejecutar de los casi 3.000 totales. En abril de 2022, con el curso ya arrancado, las cuantías que cobraba cada beneficiario subieron un 15%, pero no obstante el gasto final se siguió quedando muy corto.
De cara a 2023, los presupuestos de la Seguridad Social han bajado la partida del IMV a 2.797 millones. Pero el año aún no está cerrado contablemente y así que no sabemos aún qué ha pasado con la ejecución. Si la tendencia continúa, buena parte de este dinero se quedara sin gastar lo que se traduce en que cientos de miles de familias que tienen derecho a esa ayuda no la reciben, ya sea porque no la conocen, porque el trámite se les hace cuesta arriba o porque su solicitud, a veces sin razón, es denegada.
A 31 de enero de 2024, según el propio ministerio, los hogares beneficiarios superaban los 745.000. Pero no se trata de familias que estaban recibiendo, a esa fecha, el IMV, sino de “altas acumuladas”, esto es, hogares que en algún momento lo han recibido, pero puede que ya no. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insiste al Gobierno en que es imprescindible que dé cifras reales, el “saldo vivo”, cuántos hogares beneficiarios en activo hay cada mes, restando las bajas. Lo hizo en su último informe publicado en junio de 2023 en el que habla de “estancamiento”: a cierre de 2022 seguía habiendo el mismo número de beneficiarios de IMV que el año anterior; unos 284.000 hogares, muy lejos de la cifra trucada del Ministerio.
Sin embargo, ante el silencio del ministerio, podemos fijarnos en dos datos económicos para ese 2022: se gastó un 47% de lo que se debería haber gastado si hubiera llegado a todas las personas que tienen derecho a recibir esta ayuda según la AIReF.
El cheque de 200 euros para rentas bajas.
El cheque de 200 euros creado en 2022 para paliar la crisis de la guerra de Ucrania y que se volvió a repartir en 2023 tiene un proceso de solicitud mucho más sencillo que el de otras ayudas. El primer año podían acceder las personas que no superasen los 14.000 euros de renta anual y el Gobierno estimó que llegaría a 2,7 millones de personas, lo que supondría unos 540 millones de euros de las arcas públicas. Sin embargo, lo que se recogió en los PGE para esta ayuda fue bastante menos, 160 millones, lo que demuestra que ya la previsión era que no llegara a todos los que tenían derecho a este extra. Además, de esos 160 se acabaron gastando solo 120 pues se terminaron dando solo 628.116 cheques, un 20% de lo estimado inicialmente.
En 2023, el Gobierno aumentó el umbral de renta para que más personas pudieran recibir esos 200 euros: podían acceder aquellos que ingresaran hasta 27.000 euros anuales. Las previsiones del Gobierno entonces señalaron que llegaría a 4,2 millones de hogares. A finales de 2023, eran 1,6 millones de personas las que lo habían recibido, según Hacienda. Y el Gobierno preve que el impacto presupuestario sea de 333 millones de euros pues no esperan llegar ni a la mitad de los 4,2 millones de familias que prometieron a principios de año.
Becas para estudiantes
En las becas para estudiantes universitarios y no universitarios la ejecución se desvía poco de lo presupuestado en todos los años entre 2016 y 2022. Hablamos de más de mil millones de euros de presupuesto anual pues el presupuesto ha ido aumentando desde los casi 1.100 millones en 2016 a los 1.700 millones en 2023. El año 2022 fue cuando hubo el mayor desvío entre lo presupuestado y lo ejecutado, con más de 633 millones extra pues el Gobierno repartió ese año una ayuda de 400 euros extra a cada becado.
El Bono cultural joven ni siquiera se solicita
De los 210 millones de euros presupuestados en 2022 -último año cerrado- solo se gastaron 114,2. Y 2023 tampoco tiene buena pinta: pese a que se amplió el plazo un mes extra, lo pidieron 326.579 jóvenes, más que en su primera edición pero lejos del total de quienes cumplieron 18 ese año. De hecho, 1 de cada 3 no lo pidió.
El bono social eléctrico y el bono térmico
De inicio, en 2018 y una vez más, la previsión ya era que el bono social eléctrico no iba a llegar a todas las personas que tenían derecho a recibirlo. Se estimó que alcanzaría a 2,5 millones menos de la mitad de los 5,5 millones que cumplían los requisitos. Los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) dicen que en junio de 2023 eran, en realidad, sólo un millón y medio.
Es difícil hacer el seguimiento de esta ayuda en los presupuestos porque lo gestionan las propias compañías eléctricas, pero si podemos intentar saber qué pasa con el bono térmico, la ayuda para la calefacción que reciben todas las personas que tienen el bono eléctrico.
La ejecución del bono térmico fue con retrasos al principio, por eso en 2019 gastaron 70 de los 75 millones asignados o, en 2020, poco más de 76 millones de los 95 del presupuesto. En los siguientes años esta ayuda se transfiere a las comunidades autónomas, que son las que se encargan, y ahí se pierde la pista de lo que de verdad se acaba repartiendo.
En general, en todas las ayudas transferidas a la CCAA es complicadísimo saber qué ha pasado. Porque las cifras de la ejecución presupuestaria se cuadran al 100%, aunque en realidad no se haya gastado todo lo previsto. Pasa, por ejemplo, también con el bono alquiler joven, y es necesario ir comunidad a comunidad, si es que publican los datos, para saber qué ha pasado.
Fuente: CIVIO
Miles de millones sin gastar en ayudas que no llegan | Civio