Más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista

El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que afronta nuestro país en los próximos años. La llegada a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ ya empieza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones. Y es que cada vez habrá una mayor proporción de jubilados que la masa de trabajadores en activo tendrá que sostener. En el mes de febrero, a pesar del buen momento que vive el empleo, el porcentaje de pensionistas en comparación con el número de personas ocupadas se estanca en el 44%. Además, este mismo mes, 6 de 17 autonomías presentaron una tasa de ocupados por pensionista menor al 2, el límite que establecen los expertos. Es decir, un 35, 29% del territorio total.

En concreto, la Seguridad Social registró en el segundo mes del año un total de 21.196.154 afiliados en el sistema. Este mismo mes, el número de pensionistas se cifró en 9.317.228 personas. Así, la relación entre ambos datos se sitúa en el 44%. Es decir, por cada 100 personas afiliadas a la Seguridad Social, hubo 44 cobrando una pensión. O lo que es lo mismo, que por cada 10 trabajadores hay más de 4 pensionistas.

La proporción, sin embargo, no es igual para todas las Comunidades Autónomas. De hecho, hay grandes diferencias. Destacan regiones como Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y País Vasco como las autonomías con más pensionistas por afiliado de nuestro país. Al darle la vuelta a la cifra, dichas comunidades cuentan con menos de 2 trabajadores por pensionista.

Las cifras son las siguientes. En Asturias la tasa está en 1,41 afiliados por pensionista; en Galicia en 1,54; en Castilla y León en 1,67; en Cantabria en 1,72; en Extremadura en 1,82, y en País Vasco en 1,92. El dato general, para la totalidad de España, se sitúa en 2,27. La última ratio oficial publicada por el Ministerio de Seguridad Social en el mes de diciembre, sin embargo, se situó en 2,44 cotizantes por pensionista. Un a cifra que calcula la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social y que no publica todos los meses. Se trata de un dato clave para un sistema como el español, que se basa en que los trabajadores en activo pagan las pensiones de los que ya están jubilados.

El buen momento del empleo no es suficiente

Según explica el director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, «la tasa de dependencia se mantiene en el 44% porque el retiro de la generación del ‘baby boom’ y la mayor esperanza de vida, lo que compensan el efecto positivo del empleo».

A esta reflexión, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, añade que, a pesar de que «el empleo activo puede mejorar la situación, no es suficiente». Tal y como detalla Fernández- Bravo «el aumento en la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados seguirá creciendo en las próximas décadas, por lo que depender únicamente del aumento del empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible a largo plazo».

En este sentido, ambos expertos coinciden en que este no es el mejor escenario para la Seguridad Social, pero podría mejorar con reformas que incentiven el retraso en la jubilación y aumenten la participación laboral. Desde la reforma del exministro José Luis Escrivá, la Seguridad Social ha introducido una serie de cambios para aliviar la presión sobre el sistema. En concreto, el Departamento ha aumentado la edad de jubilación, ha introducido nuevos elementos de cotización -el MEI- y ha creado incentivos para quienes retrasen su retiro como la jubilación parcial, activa o demorada. Ahora, el Ministerio trabaja en la jubilación flexible, que permitiría a los ya retirados volver a trabajar.

Reformas en el sistema

¿Hay algo que pueda evitar que aumente la tasa de dependencia y por ende la presión? Según explica Doménech sí. «Elevar la edad de jubilación, incentivar el empleo de mayores de 65 años y aplicar mecanismos de ajuste automático en las pensiones evitaría el aumento de la tasa de dependencia», detalla. Y apunta también que las mejoras de la productividad «ayudarían a aliviar temporalmente la presión sobre el sistema, que requiere reducir el desequilibrio actuarial existente».

Declaraciones a las que Fernández-Bravo agrega que para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, se requieren ajustes en la edad de jubilación, las cotizaciones, o incluso en el modelo de pensiones (como el refuerzo de fondos privados o mixtos). La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 y desarrollada por el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, incluye una serie de medidas destinadas a incrementar los ingresos con los que financiar el sistema. Sin embargo, cuenta Fernández-Bravo «varias de ellas recaen sobre las empresas con una afectación directa sobre su competitividad». En concreto, el experto se refiere al la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Según el punto de vista de Doménech hay tres posibles escenarios. Si no hay ninguna reforma más, «la tasa de dependencia y el gasto en pensiones subirán, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema». Por otro lado, si se aplican reformas parciales, con ajustes graduales como la jubilación más tardía, «se aliviaría algo la presión, pero no sería suficiente». Y por último, «una reforma estructural con medidas profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adopción de un sistema de reparto basado en cuentas nocionales que elimine el desequilibrio actuarial y mejorar la productividad, garantizarían la viabilidad del sistema».

El envejecimiento de la población activa, otro reto para nuestro país

Según el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales -que pertenece al CGE-, Jesús Fernández-Bravo, la tendencia demográfica afecta a todos los sistemas de pensiones a nivel mundial. «El aumento en la esperanza de vida hace que el número de jubilados siga creciendo».

Por otro lado, la generación del baby boom -nacidos entre 1958 y 1975- ya ha comenzado a jubilarse, y lo hace con una pensión más elevada (algo que eleva la cuantía media de la pensión por jubilación). Asimismo, una gran proporción de los afiliados (el 64% en febrero) tiene más de 40 años, lo que implica que de aquí a los próximos 25 años se irán retirando. Según la primera Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo de la AIReF, para 2050 la tasa de dependencia llegará al 51%. El gasto en pensiones, según las previsiones del organismo, empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, con un máximo del 16,3% del PIB en 2049.

Fuente: Más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista