El Ministerio de Trabajo arrancará hoy las conversaciones con los agentes sociales para reformar la indemnización por despido improcedente. La normativa limita a 33 días por año trabajado (hasta un máximo de dos años) la compensación al trabajador cesado, una restricción con la que quiere acabar Yolanda Díaz, que busca que los jueces puedan instar a las empresas a compensar al despedido por daños adicionales.

No obstante, los incrementos por decisión judicial se están dando en la práctica. Entre los meses de enero y junio de este año, se han resuelto por sentencia favorable al trabajador más de 16.000 conflictos individuales, en los que se ha fijado una indemnización media de 11.443 euros, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2025. La información desagregada por comunidades autónomas muestra que los mayores crecimientos respecto al segundo trimestre de 2024 se dieron en Cantabria (41%), Navarra (41%) y Asturias (33%).

Son cifras que varían cada año, en función del tipo de trabajadores afectados, puesto que la indemnización se fija según el salario y el tiempo que llevase en la empresa el trabajador despedido. De hecho, la cifra agregada es similar a la de 2023.

En los últimos años, algunos tribunales superiores habían impuesto indemnizaciones adicionales para compensar otros daños en despidos calificados como improcedentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo cerró definitivamente esta posibilidad en el mes de julio, al pronunciarse sobre la aplicación de la Carta Social Europea en el mismo sentido que lo había hecho antes sobre un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Es por ello que el departamento de Díaz cree necesario impulsar una reforma que recoja el sentido del dictamen del órgano dependiente del Consejo de Europea (que vigila el cumplimiento de la carta social) para recuperar la posibilidad de compensar los daños causados al trabajador por haberse tenido que mudar, su edad, sus probabilidades de encontrar otro empleo o las cargas económicas que tenga. Este comité se pronunció a raíz de dos demandas presentadas por CCOO y UGT, por lo que los sindicatos comparten esta pretensión de Trabajo. No obstante, algunas voces dentro de los sindicatos cuestionan si este es el mejor enfoque, ya que podría convertirse en un desincentivo para contratar a personas que estén en estas situaciones.

Como ya publicó elEconomista.es, los dos principales sindicatos preparan una propuesta conjunta para fijar su posición en esta mesa, que aúne las demandas expresadas ante el órgano con sede en Estrasburgo. Una de ellas es la recuperación de los salarios de tramitación, que actualmente se reservan a los despidos en los que la empresa opta por readmitir al trabajador (en lugar de la indemnización) o que son declarados como nulos.

Estos salarios corresponden a las nóminas que habría percibido el trabajador desde el momento que fue despedido, hasta que se celebra el juicio o encuentra otro empleo. Los sindicatos admiten que debido al retraso que acumula la justicia esta cláusula podría ser suficiente para engrosar la factura del despido, sin embargo, sería el Estado el que asumiría la mayor parte del coste al hacerse cargo de los procesos que superen los 90 días de duración.

Entre las ideas principales que barajan las dos centrales sindicales también destaca el establecimiento de una indemnización mínima, es decir, que se abone la cantidad equivalente a un número de meses determinado como mínimo para los trabajadores que apenas acumulen meses de antigüedad en la compañía. CCOO, en su escrito presentado a comienzos de 2023 proponía establecer este mínimo en tres meses, mientras que UGT ha hablado de situarlo en un mínimo de seis meses.

CEOE considera que este cambio podría enmendar la reforma laboral

A pesar de que todavía no se ha producido la primera reunión para tratar formalmente la reforma de la indemnización por despido, los empresarios han dejado claro que su postura es rotundamente contraria a acabar con el sistema de indemnización tasada. Fuentes empresariales señalan que una reforma en este sentido supondría enmendar la reforma laboral de 2021, en la que CEOE se sumó al acuerdo a cambio de dejar de lado el tema del despido.

En el entorno empresarial apelan a la necesidad de seguridad jurídica para rechazar una reforma que ahonde en la judicialización del despido (al depositar en el juez la estimación de la indemnización) y que impida anticipar el coste del despido, algo que entienden que es fundamental tener presente antes de llevar a cabo una contratación.

No obstante, tanto el ministerio como los sindicatos son conscientes de las escasas posibilidades de llegar a un acuerdo en este ámbito y por eso, los representantes de los trabajadores aprietan a Díaz para que trate de poner en marcha la reforma en el tiempo que queda de legislatura, en lugar de quedarse atados al rechazado recorte de jornada. Esta tarea se abrirá en paralelo a las negociaciones sobre la subida del SMI en 2026.

Las reticencias de los empresarios se extienden al plano parlamentario, donde los grupos enmarcados en la derecha han expresado su opinión contraria a emprender un cambio en este sentido. Sumar llevó a finales de septiembre una proposición no de ley con la que buscaba medir cuál era la posición de los diferentes grupos frente a la pretensión de la vicepresidenta segunda de adaptar el ordenamiento a la Carta Social Europea.

En ese debate, los grupos de PP, Vox y PN votaron en contra, mientras que Junts se abstuvo (como ya hizo en su momento con una similar sobre la reducción de jornada). El PNV, por su parte, se posicionó a favor de abordar este debate, lo que hace que la mesa de negociación parta con unos apoyos a los que tenía el acuerdo para implementar las 37,5 horas a la semana que después fue rechazado por la mayoría de la Cámara Baja.

fUENTE: Los jueces elevan un 9,3% la cuantía media de la indemnización por despido