“Todos los que puedan, y que éstos sean los más posibles, tengan o inicien un plan privado de pensiones, que garantice una mejor renta en el momento de su jubilación». Resulta curioso revisitar estas palabras con la distancia que proporcionan los 35 años que hace que fueron pronunciadas. Porque pudiera parecer que semejante aseveración ha salido del argumentario de algún ‘peligroso’ economista neoliberal de los muchos que nos advierten a diario desde diferentes medios de comunicación del sinsentido de muchas de las medidas intervencionistas del Gobierno. Sin embargo, asómbrense si no lo recuerdan, la frase pertenece al inefable Alfonso Guerra, el mismo que fue durante años vicepresidente del Gobierno de España durante las presidencias de Felipe González.
En el país hay 8 millones de planes privados aproximadamente y 2,5 millones de planes de empresa, la mayoría pertenecientes al personal funcionario (el mayor de todos se llama Gestión de Previsión y Pensiones, GPP, controlado por BBVA y participada por CCOO y UGT) excepto en Euskadi, donde cuenta con un plan de empresa la mitad de los trabajadores en activo, casi medio millón de socios.
Hasta 2011 los diputados y senadores disfrutaban de privilegios pues su régimen de jubilación permitía que se podría acceder a la totalidad de la pensión de jubilación con tan solo once años de desempeño político en el escaño; además, se recibiría el 80% de la pensión si la actividad laboral llegaba a tan solo 7 años. Otro privilegio del que disfrutaba nuestra clase parlamentaria era la aportación mensual a cada diputado del Congreso de los Diputados de una prestación para un plan de pensiones. Esta prestación provenía de los PGE, por lo que su percepción venía de mano del contribuyente, y se establecía en un plan de pensiones privado para todos los diputados, con unas excepcionales condiciones de rendimiento y de garantías.
En julio de 2011 se aprobó el acuerdo de que diputados y senadores cotizasen de la misma manera que el resto de los afiliados a los regímenes de la Seguridad Social. Es decir, que se derogaban los artículos del Reglamento de las Pensiones Parlamentarias que establecían los porcentajes a percibir según la duración del desempeño parlamentario: como ya se ha referido antes, el 80% si el mandato ha durado de 7 a 9 años; el 90%, si se ha prolongado hasta los 11 años, y el 100% por más de 11 años de mandato.
Cualquier diputado o senador electo desde entonces, se somete a un régimen similar al de cualquier otro trabajador; no obstante, esta modificación no tiene carácter retroactivo, por lo que todos los políticos comprendidos desde 1977 hasta 2011 seguirían acogiéndose legalmente a esta ventaja.
Con respecto al plan de pensiones privado al que el Estado dirigía una aportación por cada diputado, las reformas en esta cuestión exigen que el 100% de la donación que se realice sea por parte del político, de forma que ni un céntimo de los Presupuestos Generales se dirija a esta prebenda de manera directa, ya que de manera indirecta se hace a través del diputado que decide destinar parte de su sueldo (abonado desde los PGE). .
Si no se fomenta el pleno empleo, en el sector privado, (que no público, que multiplica el gasto y el déficit), si no se incentiva y apoya al autónomo, a la pyme, a la inversión y a la creación de empleo, y se desincentiva el ahorro y los planes privados individuales de pensiones, y en cambio se suben los impuestos y las cotizaciones a las empresas, ¿qué iluminado puede ofrecernos una luz en este túnel, cada día más oscuro. Sin caer en el populismo, tenemos que recordar que, precisamente quienes toman este tipo de decisiones son políticos que gozarán en el futuro de inmejorables pensiones en condiciones impensables para el resto de los ciudadanos. Ya Groucho Marx definía la política como «el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados«.
La generación del ‘baby boom’, que agrupa a los nacidos entre 1958 y 1977 y es la más numerosa de las conocidas hasta ahora -13,3 millones de españoles y otro millón y medio de extranjeros- se ha convertido en el objetivo de la reforma de las pensiones en marcha y será la que sufrirá la peor parte de los ajustes previstos, pese a que durante décadas han estado manteniendo el sistema de reparto con altas cotizaciones y largas carreras.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha intentado concienciar a estos ciudadanos de que tendrán que hacer un esfuerzo extra -recortes en su prestación y más años de trabajo- para garantizar la sostenibilidad de sus pensiones y de los que vengan detrás. La jubilación media en España alcanza los 1.139 euros de media y las nuevas altas llegan a 1.419 euros.
Bastantes políticos y responsables del Gobierno estatal y de los regionales llevan décadas recibiendo remuneraciones públicas fijas y elevadas, comparadas con los sueldos medios. Sánchez recibirá el próximo año 86.000 euros; las vicepresidentas, 81.000; y los ministros en torno a 75.000 euros. Eso supone más de 6.000 euros mensuales, con muchos gastos cubiertos.
El presidente Pedro Sánchez (1972), tiene una vivienda valorada en el catastro de 180.000 euros, ya ha conseguido depositar en un plan de pensiones individual 86.000 euros a 20 años vista de la jubilación (los españoles tienen de media 11.688 euros en estos fondos) y ahorrar más de 73.000 euros.
La abogada, ex concejala, ex diputada gallega, diputada nacional y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (1971) posee una vivienda con un valor de 40.000 euros -un valor catastral que podría ser muy inferior a su valor real-, debe 25.000 euros y en la cuenta corriente apenas tiene 7.000 euros.
José Luis Escrivá (1960) probablemente por su profundo conocimiento de la coyuntura económica, con una dilata carrera como economista y con cargos de responsabilidad en el Banco Central Europeo, en el Banco Internacional de Pagos y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), está extremadamente preparado para lo que pueda pasar en el medio plazo e, incluso, en el largo. El ministro, que cumplirá en unos días 61 años, tienen una vivienda de casi 400.000 euros (en valor catastral, muy inferior al valor de mercado), dispone de planes de pensiones privados y seguros por valor de 255.000 euros. Además, cuenta con acciones y/o participaciones en el capital de entidades no negociadas por casi 400.000 euros y acciones y fondos en negociadas por 770.000. Mientras, en la cuenta corriente apenas tiene 17.000 euros
Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño (1968), que ha desempeñado puestos de responsabilidad en las instituciones europeas, posee inmuebles valorados en el Catastro en 248.000 euros y 47.000 euros en cuentas bancarias. Pese a que no acredita un fondo de pensiones privado e individual, la ministra es funcionaria de carrera desde 1994 -es miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado- en la Administración General del Estado (AGE), que contempla un plan de empleo para su medio millón de empleados.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (1973), tiene establecido un sueldo de 231.000 euros y en su declaración de bienes de 2019 hacía constar que tenía un plan de pensiones de 24.000 euros, otros 15.000 en el plan de previsión del Congreso y 30.500 euros en una cuenta bancaria de BBVA. Tiene una vivienda adquirida en 2004 y rentas de alquiler por 13.000 euros.
Por su parte, Pablo Casado (1981), Inés Arrimadas (1981), Iñigo Errejón (1983), Gabriel Rufián (1982) o Santiago Abascal (1976) se quedan fuera de la generación del ‘baby boom’, este último por poco.
