LOS ABOGADOS Y PROCURADORES AUTÓNOMOS COBRARÍAN HASTA 700 EUROS MÁS DE PENSIÓN EN EL RETA

 

La entrada de abogados mutualistas al RETA supondría 3.600 millones en cotizaciones

La Mutualidad rechaza la obligación de los abogados autónomos de cotizar a la Seguridad Social

UPTA calcula que la Seguridad Social recaudaría unos 300 millones anuales

 

UPTA presentó este jueves una propuesta, en colaboración con los procuradores del Movimiento #J2 y la Asociación ANAMA, para establecer una pasarela “voluntaria” para aquellos abogados y procuradores, dentro de las mutualidades, que deseen unirse al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA), “abonando la pertenencia a las mutualidades alternativas”. La asociación dirigida por Eduardo Abad considera que, en el mejor de los escenarios, pertenecer al sistema alternativo ha llevado a miles de profesionales a no poder acceder a una protección social adecuada, resultando en pensiones de alrededor de entre 400 y 600 euros mensuales para aquellos que deciden retirarse con edades superiores a las establecidas para acceder a la jubilación en el sistema público de pensiones. Por su parte, los autónomos que ya se encuentran en el RETA, y han trabajado en las mismas condiciones que sus compañeros mutualistas, percibirían una cantidad cercana a los 1.100 euros mensuales, lo que supone un incremento de hasta 700 euros.

 

Además, estiman que alrededor de 60.000 autónomos podrían sumarse al RETA, algo que también confirmó esta semana el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, lo que resultaría en una capitalización de aproximadamente 3.600 millones de euros en contribuciones a la Seguridad Social provenientes de las mutualidades.

Con este cambio, prevén que la Seguridad Social recaude aproximadamente 300 millones de euros anuales mediante el actual sistema de cotización basado en ingresos reales.

 

La asociación, explica que el sistema propuesto se fundamenta en la capitalización de las aportaciones ordinarias y extraordinarias realizadas por los mutualistas, así como en los rendimientos generados por las mutualidades a lo largo del tiempo. Esto permitiría realizar de manera automática la transición al RETA y convertir el tiempo cotizado en el sistema público.

 

La implementación de esta pasarela, se sustenta en la capitalización individual de todas las contribuciones efectuadas a la mutualidad alternativa y los rendimientos generados por la misma. Además, se requeriría que la Seguridad Social lleve a cabo la liquidación del patrimonio inmobiliario de las mutualidades alternativas, distribuyendo el resultado económico de esta liquidación de manera proporcional según las aportaciones realizadas por los mutualistas.

 

Bajo este esquema, UPTA propone que el monto resultante de las operaciones mencionadas se designe como “capitalización individual del mutualista”, quedando exento de imposición fiscal y sujeto a convergencia con las cuotas mínimas del RETA. Esta convergencia se ajustaría según las bases mínimas de cotización y los tipos mínimos obligatorios de cotización establecidos en las diferentes órdenes de cotización publicadas en los últimos 29 años.

 

De esta manera, no se impondría la obligación a los nuevos abogados y procuradores autónomos de unirse al sistema a partir de 2027, como lo solicita la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. En su lugar, ambos sistemas coexistirían, permitiendo que los mutualistas puedan optar voluntariamente por permanecer en la Mutualidad, continuar en ella, o elegir su adscripción al RETA.

 

 

 

Jubilaciones para “malvivir”

“Con algo más de 80.000 euros, podrían acreditarse 29 años cotizados en el RETA, a efectos de carrera de cotización para determinar el porcentaje a aplicar a la Base Reguladora de la pensión de jubilación”, explica la asociación en su propuesta.

 

UPTA hace el cálculo teniendo en cuenta “los requisitos necesarios para poder jubilarse”: edad, hecho causante y carrera de cotización, con 15 años cotizados, podrían acceder a una pensión contributiva del sistema. Una vez cumplidos los requisitos, la cuantía de la pensión, si la solicitud de la pensión se produjera en 2025, “sería el resultado de aplicar a la base reguladora (bases de cotización de los últimos 25 años dividida por el resultado de multiplicar 14 pagas por 25 años -350-) un porcentaje que se determina en función de los años cotizados a lo largo de toda la vida laboral”. Unas cuantías muy inferiores a la cuantía mínima prevista para 2024, según dice la asociación de autónomos, por lo que habría que aplicar unos complementos mínimos.

 

Sin embargo, la aplicación de los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, “de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF y computados conforme a lo establecido en el artículo 59 LGSS, cuando dichas rentas excedan de 8.942,00 euros al año o de 10.430,00 euros anuales (en caso de cónyuge a cargo y computando los rendimientos del pensionista y su cónyuge)”, por lo que serían muchas las personas mutualistas que podrían estar excluidas del cobro de estos complementos a mínimos, “pasando a percibir pensiones paupérrimas, por lo que el problema seguiría siendo el mismo”.

 

En palabras de Eduardo Abad quieren “equiparar las prestaciones para todos los autónomos; no puede ser que haya trabajadores que malviven con sus actividades y con su jubilación. Mientras, los colegios no han atendido las necesidades de sus profesionales, que no son otras que tener una protección social y una pensión digna para la jubilación. No han hecho los deberes”.

 

Sin embargo, una vez completada la transición al RETA, los mutualistas continuarán cotizando en dicho régimen, lo que incrementará sus historiales de cotización y, por ende, les permitirá acceder a una pensión de jubilación adecuada. Para lograrlo, sería necesario establecer una modalidad especial en la que las bases de cotización se determinen en función de los rendimientos netos del mutualista, ajustando las bases mínimas según la edad en el momento de la afiliación al RETA.

 

¿Qué propone Seguridad Social?

Elma Saiz, en su comparecencia en el Senado hace unas semanas, anunció que incluirá en el RETA a los mutualistas que realizaron contribuciones antes de 1996 (aquellos que no tuvieron la opción de hacerlo a través de la Seguridad Social) y establecerá la obligatoriedad a partir de 2027 para que los nuevos profesionales cotizen a la Seguridad Social.

 

Esta medida, ha sido recibida con escepticismo por parte de los abogados, ya que deja en una situación precaria las pensiones de aquellos que cotizaron a la mutualidad entre 1996 y 2027.

 

Además, la ministra propone aumentar gradualmente el monto de las cuotas de los mutualistas, pasando del 80% actual al 100% de la base mínima de la escala general del RETA. El objetivo es igualar las cotizaciones de todos los autónomos y mejorar las prestaciones para los mutualistas alternativos.

 

Por su parte, la Mutualidad ha mostrado en continuas ocasiones su oposición a la medida principal bajo la que se fundamenta el cambio, y que podría causar “la defunción” del régimen de alternatividad de la mutualidad.

 

Este ha sido un planteamiento “unilateral” del Gobierno, según denuncian desde Mutualidad, sin ningún contacto previo con el sector, “bien para consultar o bien, simplemente, para comunicarlo”.

 

Asimismo, defiende que su sistema “se sustenta en la libertad y la autorresponsabilidad” y se basa en “un sistema de capitalización individual y el derecho de los mutualistas a poder elegir”. Sanz recordó que desde Mutualidad siempre han compartido que no se opondrían a una pasarela al RETA, pero si esta “no perjudica a la entidad ni el sistema”.

 

La Seguridad Social recaudaría 3.600 millones en cotizaciones de abogados mutualistas

El cambio al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de profesionales adscritos a mutualidades de la abogacía y procuradores podría suponer 3.600 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, según ha calculado UPTA. “La Seguridad Social recaudaría unos 300 millones de euros anuales con el actual sistema de cotización en función de ingresos reales”, asegura la asociación de autónomos.

 

UPTA, que ha hecho una propuesta para habilitar una pasarela de un sistema a otro, que acaba de presentar a los procuradores del MOVIMIENTO #J2 y a la Asociación ANAMA que representa a los profesionales de la abogacía, el sistema por el cual se podría desarrollar, de forma voluntaria, la incorporación de miles de profesionales mutualistas al RETA.

 

“Esta misma semana desde UPTA comenzaremos a solicitar las reuniones correspondientes con los Ministerios implicados”, confirma la organización. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció a principios de marzo la obligatoriedad a partir de 2027 de que los nuevos profesionales colegiados se den de alta en el RETA. UPTA calcula que alrededor de 60.000 profesionales podrían pasar ya de forma voluntaria al RETA abandonando la pertenencia a las mutualidades alternativas.

 

En el año 1995 se dio la potestad a los profesionales de estos sectores para que pudieran continuar adscritos a las mutualidades o bien incorporarse al RETA, recuerda la organización. Posteriormente en el 2005 esas mutualidades modificaron el sistema de capitalización colectiva, pasando a ser un sistema de capitalización individual. En el mejor de los casos, la pertenencia al sistema alternativo ha llevado a miles de profesionales a no poder disfrutar de la protección social adecuada, siendo las pensiones resultantes de sus planes de ahorro mutualizados de unos 500€ mensuales para aquellos que deciden dejar de ejercer su profesión con edades superiores a las establecidas para acceder a la jubilación en el sistema público de pensiones.

 

“La propuesta que hemos desarrollado cumple con las exigencias que vienen reclamando los profesionales afectados, protección social, pensiones dignas y una transición al RETA que acabe con la injusta e innecesaria situación actual”, asegura Eduardo Abad, presidente de UPTA.

 

La propuesta de UPTA, garantiza pensiones dignas de viudedad, orfandad, incapacidad permanente, incapacidad temporal y, entre otras, pensiones de jubilación que den un mínimo de estabilidad económica a quienes las perciban. Se basa en la capitalización de las aportaciones ordinarias y extraordinarias realizadas por los mutualistas y de los rendimientos de cualquier naturaleza, obtenidos por las mutualidades, a lo largo de los años, para realizar, de forma automática, la pasarela al RETA y proceder a la conversión, en tiempo cotizado, en el sistema público.

 

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