Este fin de año es también el fin del sistema de Seguridad Social que tenía por objetivo la protección social. Porque ahora, el sistema de pensiones va a ser reformado del peor modo posible y con perjuicio de su sostenibilidad.
El gobierno retocará el sistema para ofrecer a Bruselas una reforma con la que poder recibir los fondos europeos todavía pendientes. Pero también reformará el sistema para instrumentalizarlo políticamente, es decir, como propaganda política y electoral, a pesar de que ello perjudica al propio sistema, a los trabajadores y a los futuros pensionistas con recortes y parches de coyuntura.
Con la subida de las prestaciones de acuerdo con el incremento del IPC, el gobierno no hace más que propaganda política, en vez de política social real. Los pensionistas van a recibir de los asalariados, que es de donde salen los ingresos de los jubilados, un 8,5% de incremento. Una parte muy importante del sueldo ,con subidas casi testimoniales, de muchos trabajadores va a ser transferida a los mayores en forma de pensión y los activos con menores ingresos que los pensionistas van a sufragar el incremento de pensiones con cuantía superior a sus propios sueldos. Más que una perversidad, es un desatino económico y social que invierte el esquema tradicional de redistribución de la renta.
La seguridad Social ha sido hasta ahora un importante medio de redistribución de rentas al transferir una parte razonable de las rentas de los activos a las pensiones. Pero ahora los sueldos medios están por debajo de la pensión media.
Además el sistema dejará de ser contributivo, perderá la relación entre lo aportado mediante cotizaciones a lo largo de la vida laboral y lo que se percibe en forma de pensiones. Porque el ministro Escrivá ha anunciado que elevará las cotizaciones sociales de todos los trabajadores con su indefendible Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y a su vez, destopará las bases máximas de cotización pero sin incrementar la pensión máxima en la misma proporción. Es decir, que meterá mucho la mano en el bolsillo de todos los activos y pondrá poco en las pensiones de los pasivos. A lo que hay que añadir que alargará el periodo de cómputo de la base reguladora de las pensiones hasta 30 años, aunque lo maquilla con la inane idea de que se puedan descartar los dos peores años en términos de cotización. Se trata, por tanto, de pagar mucho más para recibir mucho menos.
La reforma estructural del sistema sigue pendiente. ni está ni se le espera. Porque la reforma del sistema de pensiones está empapada de propaganda política, de parches, de desajustes fragmentarios que no vaticinan un pronóstico saludable de las cuentas de la protección social.
Escrivá, además, recurrirá al decreto-ley para perpetrar sus reformas, sin someterlas al necesario debate público. Ninguna reforma de calado en Seguridad Social se ha hecho sin ese debate necesario de la sociedad, porque es la sociedad la que debe ocuparse de su propia forma de subvenir las necesidades de los pensionistas y no la caprichosa e interesada decisión personal de un gobierno que, como se sabe, solo piensa en su prórroga política y en el uso florido de toda clase de mentiras.
Las nuevas pensiones caerán un 3% con el alza de años de cómputo
El Gobierno trabaja ‘in extremis’ para tramitar el decreto de pensiones que completaría la reforma que la UE monitorizará a partir de la primavera de 2023
Las pensiones iniciales caerán un 3% con el alza de años de cómputo que promueve la reforma del ministro de Seguridad Social según los cálculos del gabinete de estudios de la Unión Sindical Obrera (USO)
Se estima que, por cada año más de vida laboral computable para determinar la cuantía de una nueva pensión, esta desciende un valor medio de un 1%. Como Escrivá propone en su borrador de reforma un aumento de los años de cómputo de 25 a 30 años, descartándose de oficio los dos de peor cotización a la Seguridad Social, el aumento real de vida laboral computable es de tres años, llegando de 25 a 28, y, en consecuencia se prevé una merma en las pensiones iniciales del 3%. Este descenso no afectará a pensiones anteriores a la reforma pero sí a las futuras. Las nuevas altas de pensiones se han situado en el conjunto del Sistema en 1.390,44 euros en octubre de 2022, luego la caída de las nuevas pensiones será de 41,71 euros mensuales respecto a la cuantía que tendrían de mantenerse el cómputo de 25 años. Ello supone una merma de 583,94 euros anuales de media.
El Gobierno ya ha optado por aprobar este segundo bloque de la reforma mediante un real decreto-ley con el fin de cumplir a contrarreloj los plazos marcados por la UE de introducirla en las cortes antes del 31 de diciembre, sin perjuicio de que posteriormente el decreto pueda convalidarse o no, o ser sustituido por una proposición de ley.
Y, en este contexto, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, al igual que en su día hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) bajo la batuta del propio Escrivá, demanda que cualquier modificación en materia de pensiones se confeccione con amplio consenso.
La evolución a medio-largo plazo
Las reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones implican importes menores
Las previsiones apuntan a que en 2050 un tercio de la población española será mayor de 65 años. El progresivo aumento de la esperanza de vida que incrementa el importe de las pensiones que paga nuestro sistema público previsiblemente hará necesaria la introducción de nuevos ajustes para conseguir el equilibrio del sistema
Son varios los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de la evolución de la población española que introducen presión sobre el sistema público de pensiones. Uno de ellos son las proyecciones de tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población jubilada y la población activa.
La población de 65 o más años de edad, que en 2022 supone el 20,22% de la población total, alcanzará el 31,44 % en 2050. En España en 2035 las personas mayores de 65 años que residen en nuestro país representarán el 26,5% del total, según las tendencias demográficas actuales.
El Banco de España también ha alertado de que el sistema público de pensiones se enfrentará en el futuro a presiones adicionales por el lado del gasto causadas por un aumento esperado y significativo tanto de la población en edad de jubilación en relación con la población en edad de trabajar como, de la longevidad.
La pensión pública no está en peligro y las pensiones seguirán abonándose en el futuro, sin embargo, se reducirá su cuantía y no permitirán mantener el nivel de poder adquisitivo que tiene un jubilado en la actualidad.
