La vía francesa apuesta por revisar los privilegios fiscales y subvenciones que disfrutan los mayores.
El Gobierno ha optado por buscar financiación adicional a través de modificaciones fiscales específicas.
La reforma de las pensiones en Francia tiene un objetivo claro: controlar un déficit que no deja de crecer, pero la sin necesidad de tocar directamente las pensiones. La estrategia se basa en eliminar privilegios fiscales y revisar exenciones existentes, en lugar de recortar directamente los beneficios de los jubilados.
El ministro de Economía, Éric Lombard, ha recordado que Francia necesita reducir su déficit al 4,6% del PIB en 2026. Para lograrlo, se deberán recortar gastos por unos 40.000 millones de euros. Parte de esta estrategia consiste en revisar y suprimir al menos 50 de las 467 exenciones fiscales actualmente en vigor, que representan una pérdida de ingresos de unos 84.000 millones de euros.
La ministra de Hacienda francesa, Amélie de Montchalin, ha dejado claro que el debate no debe girar únicamente en torno a la edad de los contribuyentes, sino también a su capacidad económica. En sus palabras, «no se puede pretender que los activos contribuyan de forma indefinida a financiar los nuevos gastos sociales por el envejecimiento«.
Esta nueva filosofía busca modificar el esquema de contribuciones fiscales, eliminando ciertos privilegios de los pensionistas, como la deducción del 10% de sus pensiones en concepto de gastos profesionales. Eliminar esta exención no sólo sería una medida de equidad fiscal, sino también una forma de reforzar el sistema social sin cargar aún más a los trabajadores activos. Eliminar o modular estas ventajas en función de la capacidad económica del beneficiario podría abrir una vía de ahorro significativa, sin afectar la pensión básica.
En paralelo, Montchalin ha anunciado la intención de dar continuidad a la denominada «contribución excepcional para los altos ingresos«. Este tributo afecta a quienes perciben más de 250.000 euros anuales y varía entre el 3% y el 4%. La idea es que este tipo de figuras fiscales ayuden a compensar el creciente coste del envejecimiento poblacional, sin desalentar la inversión o la creación de empresas.
Montchalin ha enfatizado que muchas de estas exenciones ya no se justifican o bien favorecen de manera desproporcionada a ciertos colectivos, incluidos los pensionistas. Así, suprimirlas permitirá un sistema más justo y equilibrado, donde los que tienen más capacidad económica contribuyan de forma proporcional a la financiación del modelo social.
Montchalin también ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar los controles sobre las bajas laborales, así como otros ámbitos del gasto social que están creciendo a ritmos insostenibles. La idea es garantizar que cada euro gastado tenga un impacto real y que no se financien servicios o ayudas cuya necesidad real haya desaparecido con el tiempo.
Aunque se trata de una mini-reforma en Francia, su contenido es profundamente estratégico. Más allá de los cambios fiscales inmediatos, introduce un debate de fondo sobre la justicia intergeneracional y el papel de los recursos individuales en la financiación del bienestar colectivo.
No se plantea reducir las pensiones, sino que se busca garantizar su sostenibilidad mediante un ajuste de las cargas fiscales, haciendo que quienes tienen mayores recursos contribuyan en mayor medida. Además, se refuerza la idea de que el sistema social debe ser sostenido de manera equitativa, evitando que toda la carga recaiga en las generaciones activas. ¿Servirá como ejemplo para España?
