La reducción a 37,5 horas semanales prevista para 2025 tocará a la casi totalidad de los acuerdos laborales en el conjunto del país
La incertidumbre sobre el precio por hora de trabajo lastra las negociaciones
Solo 10% de asalariados queda fuera de la protección de los convenios colectivos
El ministerio elabora una nueva tasa de cobertura de la negociación colectiva que eleva al 92% el porcentaje de trabajadores protegidos de entre todos los que tienen este derecho
El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer un nuevo dato que mide el grado de protección que tienen los trabajadores en España a través de los convenios colectivos, ya que estos mejoran las condiciones laborales básicas del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, que se situó en 2023 en el 91,8%, que refleja el porcentaje de asalariados protegidos por un convenio colectivo estatutario (de eficacia general y no solo para los firmantes) de entre los aproximadamente quince millones de relaciones laborales por cuenta ajena, equivalentes más o menos al mismo a número de trabajadores, que tienen actualmente derecho a tener esta regulación laboral.
Para hacer esta nueva medición, Trabajo ha utilizado las altas a la Seguridad Social, que desde 2015 deben incluir obligatoriamente un código con el convenio de referencia que tiene la relación laboral que se inscribe en el sistema.
De esta tasa de cobertura quedan fuera los trabajadores que no tienen derecho a estar protegidos por negociación colectiva como son, entre otros, además de los autónomos, los funcionarios; el personal estatutario de las administraciones públicas ya sea fijo o temporal; los altos cargos y consejeros de administración; los sacerdotes o ministros de culto; los presos con actividad laboral; los socios trabajadores de cooperativas; los parlamentarios de cualquier administración; o los colaboradores sociales. Una vez descontados estos colectivos, quedarían en España unos quince millones de asalariados con este derecho, de los que catorce están protegidos por algún convenio colectivo de cualquier ámbito sectorial y territorial o de empresa.
Las causas que sitúan a ese millón de asalariados con derecho a la negociación colectiva a estar fuera de esta cobertura son variadas. Una de ellas es que, como ocurre en el caso de las empleadas de hogar, no exista una organización patronal con la que se pueda negociar un convenio sectorial. Otros colectivos de este millón de trabajadores sí cuentan con convenios de referencia, pero estos no son de carácter estatutario sino acuerdos parciales, que no han sido firmados por organizaciones patronales y sindicales mayoritarias.
Casi el 95% de los hombres con derecho a tener un convenio estarían cubierto por la negociación colectiva en 2023 frente al 88% de las mujeres (la presencia de estas últimas en profesiones como la de empleadas de hogar, solo protegidas por convenio en un 2% de los casos, tiran a la baja de la tasa). Los sectores con un mayor porcentaje de empleados con sus condiciones reguladas en estos pactos son la hostelería y la construcción, con el 98% o más de sus trabajadores con algún convenio de referencia. Mientras que las actividades menos con menos protección de la negociación colectiva son, además de las citadas empleadas de hogar, los empleados no funcionarios ni estatutarios de las administraciones públicas, con poco más del 60% de sus trabajadores con convenio.
En cuanto a las diferencias territoriales, Murcia encabeza la lista de comunidades con mayor tasa de cobertura de negociación colectiva (98% de hombres y 92% de mujeres), seguida de Cataluña (96,5% hombres y 91,4% mujeres). Por el contrario, País Vasco y Navarra tienen menos del 80% de trabajadores protegidos por convenios.
Negociación de los convenios colectivos
Los despachos laboralistas ya están dando cuenta de este embudo normativo que ha generado el Ejecutivo que está provocando la demora en las firmas y renovaciones de algunos convenios colectivos hasta despejarse las incógnitas sobre ciertos puntos de la negociación.
Cabe recordar que bajo la dirección de la vicepresidenta Yolanda Díaz el Ministerio de Trabajo ha implantado obligaciones sobre control horario, registro salarial, planes de igualdad, además de llevar a cabo modificaciones sobre los permisos de paternidad y maternidad, y una reforma laboral que ha resultado en un cambio diametral de las condiciones de contratación.
Y cuando las compañías aún se están adaptando a estas nuevas exigencias, la senda de reformas prevista para la presente legislatura ha terminado por entorpecer las negociaciones en los centros de trabajo que tienen que renovar o negociar convenios colectivos.
En este momento se está produciendo un lastre en las negociaciones asociado plan de reducción de tiempo de trabajo puesto en marcha por el Ejecutivo con dos hitos en el horizonte: la reducción de 40 a 38,5 horas semanales en el presente año y para transitar a un máximo de 37,5 horas en 2025. Cabe destacar en este punto que la medida planteada por Trabajo es la reducción de trabajo sin merma salarial.
En este sentido, fuentes empresariales señalan que si bien el primer paso de reducir a 38,5 horas puede no tener apenas impacto, «reducir a 37,5 horas tocaría a casi la totalidad de los convenios». Si ya en este momento se están demorando ciertas firmas, el año que viene se podría producir una «paralización» de la negociación colectiva. Además, el hecho de que la negociación bipartita para la reducción de jornada también se vaya a plantear cuestiones sobre permisos, límites de jornada o descansos también podría condicionar en el medio plazo ciertas decisiones de la negociación colectiva.
Fuentes:
Parece evidente que con la nueva estadística que el Ministerio de Trabajo lanzó ayer sobre convenios colectivos se pretende ensalzar a patronal y sindicatos, lo que podría abrir la puerta a medio plazo a una mejora de sus vías de financiación. En más de una ocasión los agentes sociales han reclamado más recursos ante el volumen de negociación -y, en consecuencia, de la formación necesaria- que se ha vivido en los últimos años. No sólo en lo relativo a los convenios, sino también por los planes de igualdad o los recién creados planes de movilidad que exigen su participación.
España tiene un sistema de convenios estatutario, es decir, que aplican a todos los trabajadores del sector, independientemente de la empresa en la que trabajen, de si ésta pertenece o no a alguna patronal y de si los empleados están afiliados o no a un sindicato. En otros países, por contra, los convenios que negocia un sindicato sólo son de aplicación a sus propios afiliados.