“LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ”. UNA REFORMA DE PENSIONES DESEQUILIBRADA: QUE PAGUEN LAS SIGUIENTES GENERACIONES

El sistema público de pensiones español se enfrenta a un reto mayúsculo derivado del intenso proceso de envejecimiento provocado por la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom.

 

Centrar el debate de las pensiones en conceptos vagos e imprecisos como pensiones dignas y suficientes, puede tener mucho enganche en la opinión pública, pero olvida que el sistema debe conseguir también la imprescindible sostenibilidad financiera con un nivel adecuado de equidad en el trato de las personas y de una justa distribución de las ventajas y los esfuerzos en toda la población y entre las distintas generaciones.

 

La reforma ha cambiado drásticamente la línea de actuación mantenida hasta la fecha de buscar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones con un compromiso equilibrado entre suficiencia de las prestaciones y un trato igual de las personas y de las generaciones, que además no limitara el crecimiento de la actividad económica.

 

Las nuevas decisiones adoptadas por tan solo por una parte de los agentes sociales, los sindicatos, y una mayoría parlamentaria suficiente se dirigen a mantener la más alta tasa de reposición de la zona euro y su posterior actualización con el IPC durante la vida del pensionista. pero sin embargo, sacrifican una parte importante de la necesaria equidad en la distribución entre generaciones de las ventajas y esfuerzos de las políticas públicas, a la vez que comprometen la sostenibilidad del propio sistema público de pensiones.

 

 

Las poca y muy deficiente información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la metodología utilizada para realizar los cálculos y las proyecciones, permite, no obstante, cuestionar muy seriamente sus resultados al haber utilizado algunas hipótesis (casi deseos) de muy improbable cumplimiento:

  • Un 55% de los pensionistas demorarán voluntariamente su jubilación 3 años después
  • una tasa anual de crecimiento del PIB del 2% real en promedio durante el periodo 2023-2050.

 

Da la impresión de que el Ministerio ha elegido un nivel de gasto, 15% del PIB en 2050, que le era funcional a su discurso: el esfuerzo es muy pequeño y lo pagarán las rentas más elevadas.

 

Existen motivos sólidos para pensar que ese relato no se ajusta a la realidad, mantener con la actual estructura el sistema público de pensiones necesitará de muchos más recursos (un mínimo de 3 puntos del PIB adicionales añadidos al actual déficit en torno a 1,8 puntos de PIB), y con su fórmula los tendremos que pagar todos los trabajadores, no solo quienes tienen rentas superiores a 55.000 euros, con muy posibles repercusiones en una menor renta disponible y menos empleo.

 

La Comisión Europea no se ha creído las cifras del MISSYM y ha impuesto una cláusula de cierre en caso de menores ingresos o mayor gasto, que se aplicará con toda seguridad en 2025 (traslada problema hacia adelante). La norma permite aumentar ingresos y reducir gasto, pero si no se hace nada aumenta automáticamente el tipo de cotización

 

Un aumento muy posible de las cotizaciones sociales de 2,6 puntos del PIB aumenta el coste laboral de la empresa en un 20%. La reforma recae sobre todos los trabajadores, no solo sobre los ricos. Un aumento del 20 % de cotizaciones sociales reduce la equidad del sistema, al pagar más para acceder a una prestación igual a la actual.

 

LAS CONCLUSIONES

La reciente Opinión de la AIReF podría poner en duda el cumplimiento del componente 30 titulado “Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo”, incluido como hito en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia presentado ante la Comisión Europea para percibir una importante suma de recursos financieros.

 

Afirmar que sin hacer demasiados esfuerzos, el sistema es viable con su estructura actual e incluso tiene la posibilidad de incorporar algunas mejoras en gasto; y que, además, se puede trasladar únicamente el coste a las rentas más elevadas, ha creado unas expectativas muy difíciles de cumplir que pueden generar consecuencias no deseadas.

 

Los defensores de la reforma apelan que la opción elegida de fuerte incremento del gasto en pensiones es una opción política, para defender el estatus quo de los pensionistas, y destacan su efecto positivo sobre el consumo y la acumulación de la carga sobre las rentas más altas.

 

La opción elegida implica que las pensiones absorberán cada vez más presupuesto, reduciendo cuando no eliminando, la posibilidad de utilizar recursos públicos en otras políticas de gasto, incluso las dirigidas al mismo colectivo de personas mayores (sanidad, dependencia o vivienda).

 

La reforma aprobada lo ha sido sin ningún análisis detallado de la metodología utilizada para calcular la evolución de los ingresos y los gastos del sistema en el futuro y el efecto de una parte de las medidas adoptadas. Se trata de una grave deficiencia en términos de transparencia que limita la credibilidad de las decisiones adoptadas, al no ser posible replicar los cálculos supuestamente realizados. De hecho, hay dos parámetros, la reducción del gasto en pensiones derivada de la jubilación demorada y la elevada tasa potencial de crecimiento del PIB, con un riesgo cierto de infraestimar la ratio gasto en pensiones sobre PIB hasta 2050 (entre 2,8 y 4 puntos de PIB) que en última instancia, define el esfuerzo realizado por la sociedad con el sistema público de pensiones.

 

La aplicación de la cláusula de cierre del MEI (nuevos ingresos inferiores a 1,7 puntos del PIB y gasto superior al 15% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050) obligará a nuevas subidas de cotizaciones a todos los trabajadores, no sólo a los de mayor renta.

 

 

El sistema de pensiones pierde contributividad y equidad personal con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, al exigir a los trabajadores una mayor aportación para conseguir, en el mejor de los casos, una prestación anual como la actual. La equidad individual empeora también con el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos al mantener un mejor trato sobre los trabajadores asalariados con los mismos ingresos.

 

En síntesis, la reforma aprobada apuesta por la suficiencia de las prestaciones a costa de empeorar la equidad personal y entre generaciones. A pesar de ello, es incompleta al necesitar de medidas adicionales en un plazo corto de tiempo que deberán adoptar los siguientes gobiernos. Lo más nocivo, sin embargo, es la utilización de previsiones extraordinariamente optimistas de gasto e ingresos, muy difíciles de cumplir, que han hecho perder un tiempo muy valioso para aplicar de forma progresiva medidas correctoras equilibradas que distribuyan de forma más justa las ventajas y los esfuerzos necesarios entre la población que permitan afrontar con garantías la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación a partir de 2024.

 

Con la información disponible sobre las cuentas públicas españolas y el peso de las pensiones en ellas, desafortunadamente, el riesgo de asistir a un ajuste brusco y abrupto en el sistema de pensiones no queda descartado con la actual reforma.

 

Fuente: Miguel Angel Garcia Diaz

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