LA “NO REFORMA” ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES. “LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ” O “UN SUICIDIO COLECTIVO”

DE DONDE VENIMOS

DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN AL SISTEMA DE REPARTO

La piedra fundacional del sistema español de pensiones comenzó en 1908, cuando se creó el Instituto Nacional de Previsión (INP) para financiar el retiro de los trabajadores. Pero no era obligatorio. Eso llegaría en 1919 con el Retiro Obrero. Cada trabajador abonaba diez céntimos al mes. El Estado ponía una peseta, y los patronos, tres pesetas mensuales. Si el trabajador había cotizado durante 20 años, al cumplir 65 años devengaría una pensión de una peseta al día, es decir, 365 pesetas al año.

 

Todo eso era un sistema de capitalización gestionado por bancos y cajas de ahorro pero a finales de la Guerra Civil gran parte de esos ahorros se habían fulminado. Al finalizar la Guerra Civil española existían en España dos tipos de peseta: la peseta republicana y la peseta “nacional”. La primera había ido perdiendo su valor a lo largo de la contienda debido a varias razones fundamentalmente, pero no solo, por el descontrol de la moneda pues, todo el mundo imprimió pesetas: el gobierno de Cataluña y el del País Vasco, el Frente Popular Antifascista de Cieza, la CNT de Binéfar, el Ayuntamiento de Roquetas,… Hoy todos esos billetes son objeto de coleccionistas, pero en aquellos tiempos, aceleraron la depreciación de la peseta republicana.

 

A esa depreciación contribuyó mucho el plan de los economistas de Franco para destruir la moneda republicana. Primero, se creó un troquel que decía “Estado Español Burgos” el cual se estampillaba sobre los billetes republicanos y tuvo tanto éxito que “la moneda estampillada comenzó pronto a cotizarse en los mercados internacionales, por encima de la “moneda sin estampillar”. La peseta republicana tenía tan poco valor que dejó de cotizar en las bolsas de París y Londres. Cuando emitieron su propia moneda, en medio de la guerra, controlaron la emisión para evitar la inflación y cuando terminó la guerra, y para evitar la inflación con millones de pesetas de dos bandos moviéndose por el territorio, los economistas de Franco establecieron un cambio que castigó a todos los tenedores de pesetas republicanas. Se les dio una fecha para cambiarlas, y si no lo hacían sus billetes valían cero.

 

Pero al gobierno de Franco se le presentó otro problema: los españoles, fueran republicanos o no, habían estado ahorrando para pagarse sus pensiones. Era el llamado sistema de capitalización por el cual un trabajador aportaba dinero a lo largo de su vida laboral, para cobrarlo a la hora del retiro. En 1939 Franco aprobó un nuevo sistema de pensiones que se llamó Subsidio Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y cada trabajador que se jubilase a partir de aquel año, recibiría una pensión vitalicia la cual sería pagada por los trabajadores que aún estaban en activo. Con ello, se obtenían fondos inmediatos para los jubilados, y se resolvía un problema de caja. Se estableció el sistema de reparto, aún vigente con modificaciones, por el cual las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo de cada momento y las pasadas cotizaciones de los nuevos pensionistas habían pagado las pensiones de los jubilados en ese momento. Por decirlo llanamente, los jóvenes pagaban las pensiones de los ancianos. Era una gran idea porque desde el primer mes se estaban pagando pensiones. Pero era un sistema incompleto porque no abarcaba todos los sectores.

 

Fue en los años sesenta cuando se mejoró el sistema como se conoce hoy: la ley de bases de la Seguridad Social. Abarcaba a casi todos los trabajadores. Eran además años en los que explotaron las familias numerosas en España, razón por la cual el sistema no tenía un problema de tesorería pues había mucho más activos que pensionistas.

 

A mediados de los ochenta se detectó que el sistema podría fallar. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población significaban que, en un momento u otro, no habría jóvenes suficientes para pagar las pensiones de los ancianos. A mediados de los noventa, todas las fuerzas de este país, desde partidos políticos hasta sindicatos y empresarios, pactaron modificar paulatinamente el sistema de pensiones para que fuera sostenible en el tiempo. Se llamó el Pacto de Toledo. El Pacto tocaba muchas cosas como garantizar el poder adquisitivo subiendo las pensiones junto con la inflación, crear un Fondo de Reserva, fijar la edad de jubilación a los 65 años, separar los gastos en Sanidad de los gastos en pensiones… En apariencia, el Pacto de Toledo preveía muchas cosas que se pusieron en marcha, pero no dedicó ni una línea al problema de base: la baja natalidad era el origen de la crisis del sistema de pensiones. Si eso no se arreglaba, el resto daba igual.

 

Y fue lo que ha pasado. Las pensiones se han ido subiendo desde entonces y ahora es el mayor gasto del Estado: más de 140.000 millones de euros todos los años. Por un lado está creciendo el número de pensionistas (más de 10 millones) y la cuantía media de las pensiones: la pensión media de los nuevos jubilados supera los 1.400 euros. Pero por otro, por más trabajadores que estén cotizando en activo a la Seguridad Social, sus aportaciones no son suficientes para pagar las pensiones de los que están jubilados. A finales de 2020, la Seguridad Social tenía un déficit de 45.000 millones de euros, un récord histórico.

 

Para cubrir ese agujero el Estado tiene que recurrir a otras fuentes. Recurrir a otras fuentes significa que el Estado tiene que trasladar recursos de un sitio para otro. Y lo hace sin rechistar porque el colectivo de los pensionistas es sagrado. Pero, ¿y los comedores para niños? ¿Y los colegios públicos? ¿Y las carreteras? ¿Y las becas? ¿Y la Sanidad? .Por ejemplo, con el déficit de la Seguridad Social se podrían construir 50 hospitales al año.

 

El colectivo de los pensionistas es tan temido que el Estado sigue subiendo las pensiones a la par que la inflación. Solo en marzo de 2023 se realizó el mayor gasto mensual en pensiones de la historia (sin contar el de las pagas extras): 12.000 millones de euros. Y ese gasto seguirá creciendo porque la proporción de viejos aumenta más que la de bebés. En una España con 47,5 millones de habitantes, hubo 50% menos nacimientos que en el primer semestre de 1976, en una España con 36 millones de habitantes. Y encima, esos ancianos son cada vez más longevos. La prueba de ese desequilibrio es que cada vez hay más casos de jubilados que han estado cobrando su pensión durante más tiempo que el que cotizaron en su vida. El sistema español es tan generoso, que a partir del duodécimo año, el pensionista ya empieza a cobrar más de lo que ha cotizado.

 

En el futuro se seguirán barajando fórmulas para afrontar la crisis de las pensiones. Pero mientras no se hable de fomentar la natalidad, esas fórmulas no funcionarán. En el primer semestre de 2020. Estamos atados al sistema de reparto inventado en 1939 que resolvió un problema: pero jamás pensó que España caería en el “suicidio demográfico”.

 

LAS REFORMAS RECIENTES DEL SISTEMA DE PENSIONES

En realidad, cuando un sistema depende de la estructura de la población y de los salarios, cualquier cambio en estas magnitudes obliga a un realineamiento de las pensiones. Y en España la población envejece, los tiempos dedicados al estudio y formación aumentan entre los jóvenes, y las familias han cambiado y cambiarán radicalmente de morfología. Hay, pues, que seguir reformando las pensiones. En España hemos aprendido que es necesario que las mujeres trabajen en igualdad y tengan prestaciones individuales y no solo indirectas (viudedad), que es necesario que nuestra sociedad incorpore inmigrantes, a ser posible que residan en el país con su familia, y que las reformas de pensiones deben tener una aplicación paulatina y no instantánea (contemplemos Francia o Bélgica).

 

En el caso de la reforma de 2011 (“la reforma Zapatero”), después de incrementar la parte de las cuotas de desempleo que iban a pensiones, y de conseguir incrementar la cotización de las empleadas de hogar y de los cotizantes agrarios con su incorporación al Régimen General, para encajar las cifras se declaró a extinguir el Régimen de Clases Pasivas para que aportaciones de nuevos afiliados cuadraran las cuentas.

La última reforma del PP de 2013 (“la reforma Rajoy”) estableció un tope del 0,25% a la revalorización de las pensiones mientras la Seguridad Social tuviera déficit; aquello aguantó hasta que la inflación volvió a subir, y el Presupuesto se llevó por delante ese tope en 2018. También creó un indicador de ajuste automático de la cuantía en función del incremento de la esperanza de vida a los 65 años, el Factor de Sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse.

 

Ahora ha llegado una nueva reforma de pensiones en dos fases (“la reforma Escrivá”), porque los cambios sociales se siguen produciendo. Establece en su primera fase que las pensiones se revalorizarán anualmente con el IPC (inflación) del año anterior y en las segunda fase se establecen nuevas garantías para las pensiones mínimas, y medidas para conseguir más ingresos, incrementando la base máxima de cotización (en realidad en la mayor parte de los países europeos, los “topes” a la cotización o a las pensiones públicas o no existen o son mucho más altos que en España), creando una cotización de solidaridad para la parte de ingresos que no cotiza y aumentando las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se incluyó en la primera fase de la reforma. Esta reforma complicará a un nuevo Gobierno de otro color su reversión pues deberá atentar directamente contra los ingresos de la Seguridad Social en una sociedad con un electorado en el que el porcentaje de pensionistas es creciente.

 

La Seguridad Social en España ha asumido históricamente muchas cargas que debían corresponder al sistema tributario: la sanidad, los servicios sociales, las ayudas familiares, las tarifas planas de los autónomos o las reducciones de las cotizaciones agrarias. Finalmente se ha conseguido, por fin, que sea el Estado con sus impuestos el que asuma todos estos costes con transferencias. Por estas razones, esta segunda fase de la “reforma Escrivá” abre puertas a una redistribución de la carga fiscal más justa. Cierto es que la Seguridad Social no tiene ese carácter redistributivo de rentas, que es propio del sistema fiscal, sino un carácter fundamentalmente contributivo (“tanto cotizas tanto será tu futura pensión”) y puede que se estén mezclando cuestiones diferentes aunque quizás hubiese sido más solidario acudir directamente al sistema fiscal (al que, en principio, tributan todos los ciudadanos sean trabajadores, rentistas o incluso los propios pensionistas), pero esperar a la nunca abordada seriamente reforma fiscal hubiese sido demorar la reforma de las pensiones, además en tiempos convulsos mundialmente, esperando unos fondos europeos y en un ambiente crispado por unas elecciones inmediatas.

 

A DONDE VAMOS: LA NO REFORMA ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES

 

El Gobierno ha concluido la reforma de la Seguridad Social que le reclamaba Bruselas para disponer del dinero Next Generation que le proporciona a cuentagotas imponiendo criterios a costa del consenso que estas cuestiones precisan, y lo que es peor, sin solucionar el agujero financiero que tiene el sistema ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Ha echado mano de mecanismos populistas y divisivos, que tendrán un coste muy elevado para el empleo, y lo que es peor, para el empleo de los menos cualificados del mercado.

 

El planteamiento electoral, y no la convicción, han conducido al Gobierno en la gestión de las pensiones y su proyección en las próximas décadas. Por ello planteó una reforma que debería garantizar la sostenibilidad financiera del modelo en dos fases bien diferenciadas, pero dejando claro que lo primero es asegurar cómo se deben revalorizar las prestaciones cada año. Después, cuando Bruselas obligue, ya se acometerá cómo se financian.

 

Algo de “números” fríos.

El gasto actual en pensiones roza el 12% del PIB, pero a finales de la década de 2040, cuando el sistema alcanzará su pico de tensión, se habrá elevado al 15% del PIB: un ‘agujero’ de tres puntos de PIB que, si se toma como referencia la última estadística del INE, rondaría los 40.000 millones de euros.

 

Lo cierto es que según trasladan fuentes de Seguridad Social, la subida de cotizaciones del MEI aportará a las arcas públicas en los momentos de mayor tensión un máximo de nueve décimas de PIB (unos 12.000 millones). La ampliación de las bases máximas supondrá otras cinco décimas de PIB (6.600 millones), mientras que la “cuota de solidaridad” aportará algo más de una décima (1.300 millones). En total un incremento de 1,5 puntos de PIB (unos 20.000 millones) a los que habría que restar otra décima de gasto adicional que supondrá el aumento del periodo de cómputo a 29 años descartando los dos peores. Una cifra que previsiblemente será menor dado que no tiene en cuenta los costes que supondrá la subida de las pensiones mínimas, la cobertura de lagunas y la ampliación del complemento por brecha de género, los cuales Seguridad Social todavía no ha revelado.

 

El resto del desequilibrio (mínimo de 20.000 millones) queda a merced del incentivo para que los trabajadores alarguen su vida laboral con lo que se espera aumentar los ingresos del sistema, en el escenario más optimista, en 21.000 millones de euros (1,6 puntos de PIB), cuantía, en principio, suficiente para equilibrar el sistema aunque la Comisión Europea cuestiona estas cifras concretas. Además en la Seguridad Social confían en sus desconocidos cálculos que la tasa de paro caerá por debajo del 10% en los próximos años, lo que se traducirá en más ingresos por cotizaciones y menos gasto en prestaciones por desempleo.

 

Algo de realidad: la ‘pseudoreforma’ no remediará sus males

La primera parte de la supuesta reforma garantiza por ley que las prestaciones subirán siempre tanto como lo haga la inflación, corrigiendo primero las desviaciones del año precedente y consolidándolo después en la nómina de cada pensionista. Sea cual sea el IPC se le endosan al sistema en 2023 para siempre cada año 14.000 millones de euros a una caja que no los tiene, y que tendrá que reclamar a los mercados de bonos. Era la parte fácil de los cambios, y sin ningún tipo de oposición política, pues a fin de cuentas según algunos gobernar es gastar. La parte complicada de la supuesta reforma, el reforzamiento de los ingresos para pagar el gasto comprometido y el que habrá de venir como un tsunami cuando la explosión demográfica de los sesenta y setenta del siglo pasado llegue al retiro (los famosos babyboomers), se deja para el final. Y una vez más, con un planteamiento electoral y populista, se carga la factura a las espaldas de las rentas más elevadas

 

Por tres vías diferentes se elevan las cotizaciones en el país en el que representan mayor proporción de los ingresos de la Seguridad Social, en lo que es un auténtico impuesto sobre el empleo, precisamente la variable en la que España tiene mayor desventaja, y cuya alarma es una tasa de paro que duplica la europea.

 

Primero se duplica la potencia del Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional, esa especie de válvula de escape que pretende sustituir al Factor de Sostenibilidad. Se pasa la aportación desde 0,6 puntos sobre las bases de cotización, hasta alcanzar en 2029 1,2 puntos, de los que las empresas pagarán un punto, y los trabajadores el 0,2. En segundo lugar, se aplica un destope paulatino de las bases máximas, que no son más del 5% de cuantas contabiliza la TGSS, con un incremento adicional anual de casi un punto sobre el IPC hasta 2050, sin que tal sobrecoste tenga reflejo en la subida de las pensiones. Por último, se crea una cotización adicional de solidaridad para la parte de la remuneración que está por encima de la base máxima, y que supondrá un punto adicional sobre tal exceso, y al que se añadirán 0,25 puntos al año hasta alcanzar 6 puntos de sobrecotización en 2045, que si puede justificarse como ejercicio de equidad en la imposición general, es una herramienta que en el sistema de pensiones socava la contributividad que se le supone.

 

Así se pone en peligro el principio general de los tres escalones del modelo de pensiones. Primero: las pensiones de quien no cotiza para llegar a una contributiva se reciben del Estado vía impuestos, como no contributivas; segundo: los que más ganan abonan con un trasvase de recursos vía cotizaciones una buena parte de la pensión de quien genera derecho a contributiva, pero no aporta lo suficiente como para financiarla; y tercero: los afortunados que ganan más de lo que cotizan pueden optar, (voluntariamente, como el resto de los ciudadanos) por capitalizar pensiones privadas si quieren mantener el nivel de ingresos que tenían como activos, ya que su tasa de retorno (pensión sobre último sueldo) es la más baja del sistema.

 

Así y todo, nadie que aplique las matemáticas con criterio actuarial a la evolución esperada de la demografía y del mercado de trabajo considera que las tres medidas aplicadas puedan generar los recursos necesarios para soportar la factura de las pensiones a diez o veinte años vista. En el mejor de los casos, aportarán la mitad de lo que el Gobierno espera.

 

Cierto es que esta reforma seguramente estará también derogada en unos pocos años, porque la realidad impondrá otras que deben dejar de ser un cuento con final feliz, y admitir que el sistema no es sostenible tal como está montado, y que solo lo será si se recorta el gasto y en paralelo se suben los ingresos. Subir solo los ingresos para que corran detrás de un gasto que va a una velocidad endiablada, no deja de ser un cuento de hadas para dormir mejor.

 

Además esta enésima subida de costes para las empresas tendrá un efecto indeseado en el empleo. Ya han aparecido informes con cálculos de la pérdida pasiva de empleo (el que se renuncia a crear) con tales medidas, que multiplican el efecto perverso del resto de subidas de costes. Pero lo que es innegable es que esta sobrecarga a los supuestos ricos (rentas del trabajo elevadas), tendrá un coste sobre los supuestos pobres (rentas bajas) pues las empresas asumirán el sobrecoste de los mejor pagados porque es la franja de las plantillas con más talento, más productividad y más imprescindibles en la cadena de producción, sea en la industria o en los servicios. Pero si no pueden repercutir tal sobrecoste en sus precios (esa es otra: estas subidas son inflacionistas, como todos los impuestos), reducirán coste laboral en las franjas de la plantilla con menos talento, menos productividad y más prescindibles.

 

Algo de las consecuencias de la ‘no reforma’ de las pensiones

Sorprende que las medidas tomadas en esta legislatura para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo den como resultado un aumento en el gasto por pensiones. En las dos fases de esta reforma, se han aprobado: la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad, la mejora que supone el nuevo cálculo de las pensiones para los empleados con carreras irregulares y la subida de las pensiones mínimas.

 

La primera y más evidente consecuencia es que la reforma aumentará el déficit en más del 2,5% del PIB y empeorará la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo que ni es una reforma ni puede entenderse que la Comisión Europea la haya aceptado de cara a aprobar el acceso a la totalidad del desembolso del Plan de Recuperación. El aumento del gasto no va a compensarse con un incremento en la recaudación ya que las nuevas medidas se centran en aumentar las cotizaciones de aquellos empleados con salarios superiores a los 54.000 y, como las rentas de este colectivo apenas supera el 5,3% de las rentas totales de trabajo, los ingresos no serán suficientes.

 

Pero la consecuencia más trascendente de esta reforma es que rompe definitivamente el carácter contributivo del sistema público de pensiones, que ya venía produciéndose paulatinamente estos últimos años. La reforma rompe definitivamente con el carácter contributivo del sistema de pensiones español. Las prestaciones ya no guardan una proporcionalidad con el esfuerzo de contribución realizado. La puntilla la han dado el gradual destope de las bases máximas sin apenas aumentar las pensiones máximas (en 2050 las bases máximas habrán subido un 38% frente a un 3,15% de las pensiones máximas), el incremento de las pensiones mínimas por encima del resto de pensiones y otorgar más pensión a aquellos empleados que han sufrido carreras irregulares.

 

Sin hacer mucho ruido hemos pasado de un modelo contributivo a uno asistencial. Y esto tiene mucha importancia porque cuando se vaya jubilando la generación del baby boom, y ya no quede más remedio que hacer un ajuste en el gasto por pensiones, se hará aplicando reducciones a las pensiones más altas.

 

Por último, se incide en el trato desigual entre generaciones. Mientras los actuales jubilados siguen sin asumir ninguna parte del déficit, los activos ven que su salario sube menos que las pensiones, que las tablas de IRPF no se actualizan y pagan más impuestos, que se les aumentan las cotizaciones, que el mercado laboral será más complicado y que encima tienen unas expectativas de pensión más bajas que las actuales por la llegada del baby boom a la jubilación. Y tampoco hay que olvidar a los más jóvenes, que mientras juegan y estudian sufren sin darse cuenta el incremento sin cesar de una deuda pública que tendrán que pagar con su esfuerzo.

 

Estamos ante una no reforma de las pensiones que exigirá nuevas medidas que serán más dolorosas de lo que hubiesen sido si ahora se hubiera controlado el gasto. No tardaremos en verlo, la generación del baby boom empieza ya a jubilarse.

 

La opinión de los organismos oficiales independientes y de la oposición sobre esta reforma

Unánimamente todos los expertos coinciden en sus análisis que estas medidas son insuficientes, pero es cierto que dichos análisis están “cojos” pues el Ministro Escrivá no ha aportado ninguna memoria económica justificativa en la que basa sus optimistas previsiones, pues sólo ha presentado en la Comisión del Pacto de Toledo un PowerPoint a colorines y un documento «La Acción Protectora de la Seguridad Social y la Financiación del Estado», fechado en 2023 pero que es una copia absoluta de otro de igual título fechado en 2021. Escrivá afirma que su reforma tiene el aval de Bruselas a quien, es de esperar, haya tenido que presentar la memoria económica que se derivan de sus medidas y que, sin embargo, oculta a los ciudadanos. Bruselas le ha insistido que para dar ese aval era preciso articular un mecanismo automático de control y Escrivá ha tenido que modular su recientemente aprobado MEI y en el RD ley 02/2023 se incluye lo que se ha dado en llamar la “cláusula de cierre” mediante el cual en caso de desvío del gasto el MEI subirá de forma automática para asegurar un incremento en las cotizaciones. El aumento de las cuotas será equivalente a un 20% del exceso de gasto sobre las proyecciones previstas por el Gobierno y desconocidas para todos excepto, por lo visto, para Bruselas.

 

Las estimaciones de la Airef cuestionan los cálculos económicos aportados por Escrivá. En su reciente informe señala que el gasto en pensiones aumentará en 2,6 puntos (unos 30.000 millones) desde su tasa actual (13,6%), hasta 2050, cuando cerrará con un nivel del 16,2% del PIB, con lo que superaría ese máximo del 15% que el Gobierno se comprometió a no rebasar. Los ingresos, por su parte, aumentarán un 1,3% del PIB, sobre todo por la reforma de las cotizaciones de los autónomos y la evolución de las bases máximas de cotización.

 

Por su parte el Banco de España expresó que: «La AIReF detalla bien unas conclusiones que podríamos compartir: estima que las medidas puestas encima de la mesa no serían suficientes para compensar el incremento del gasto público». El Banco de España apuesta por que «debería realizarse un ajuste equilibrado de las variables: por el lado del gasto y por los ingresos». En este sentido, señaló que se debería «considerar la edad de jubilación», posicionándose así en la misma línea que la presidenta de la Airef, que indicó que la sostenibilidad de las pensiones después de ligarlas al IPC solo se lograría con dos soluciones: o un nuevo retraso en la edad de jubilación o una ampliación de los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Precisamente las dos medidas que ha aprobado Francia y que están provocando fuertes movilizaciones ciudadanas.

 

Desde el PP se decantan por la abstención o más probablemente por el voto contrario al RD este próximo jueves 29 de marzo pues tras el informe de la AIReF y la falta de transparencia de del Gobierno afirman que “dado que en las últimas horas el Gobierno sigue sin facilitar la información requerida de la reforma de las pensiones, el responsable del PP en esta materia llamará oficialmente a su interlocutor para volver a pedírsela. No entendemos que se les niegue a los españoles el acceso a todos los datos y análisis económicos y financieros que han fundamentado esta reforma sobre un tema clave para nuestro futuro”.

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