¡Ojalá, por la cuenta que nos trae a todos, nos equivoquemos de nuevo pero sus primeros pasos nos hacen intuir que Elma Saiz es muy probablemente una simple “mozo de espadas” del inefable José Luis Escrivá que, a pesar de haber sido objeto de nuestras críticas por sus continuas “mentirijillas” y maniobras, al menos había de reconocer que tenía la personalidad (y los conocimientos) para intentar hacer frente al gran problema de nuestro sistema público de pensiones.
La primera toma de contacto entre la ministra y los agentes sociales, está convocada para la tarde del lunes 18 de diciembre y los sindicatos ya han dicho que uno de sus objetivos será el de conseguir que el Gobierno prorrogue de manera inmediata el contrato de relevo para la industria manufacturera, cuya regulación actual expira el próximo 31 de diciembre y cuya continuidad consideran fundamental, por ejemplo para el sector del automóvil. Sobre la mesa, indica, estará la subida de pensiones para el próximo año, que será del 3,8% para las contributivas; de entre el 5% y el 7% para las mínimas contributivas, con excepción de las de viudedad con cargas familiares, que se revalorizarán un 14,1%, y del 6,9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¡Es decir, nada nuevo bajo el sol!
Saiz afronta en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la etapa anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Durante la toma de posesión de su cartera, la ministra Saiz se comprometió a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas y a culminar la regulación de la jubilación bonificada en la edad para las profesiones especialmente duras o penosas. Señaló además que en esta legislatura será “clave” seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización de autónomos y los planes de pensiones de empresa (PPE), “hitos muy relevantes” de la pasada legislatura, pero ya, a falta de “detalles”, ya en curso.
Su herencia
El anterior ministro del ramo llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo.
El Gobierno puso en marcha su reforma de pensiones en dos fases. La primera fase consagró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó el modelo de jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
También, en esta primera fase de la reforma, se eliminó el llamado factor de sostenibilidad (FS) de la reforma de 2013, que fue sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año 2023 y con el que se estableció una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
La segunda fase de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año 2023 estuvo centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Contempla subidas de bases máximas de cotización, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
Desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, también desde 2024 y hasta 2027, tendrán una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
Junto a estas dos reformas, el Ejecutivo llevó a cabo otras reformas como el cambio del sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos y la reforma de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo (PPE) con la que se estableció un marco normativo actualizado para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral entre todos los trabajadores.
Los retos de la nueva ministra
Precisamente uno de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura.
Junto a eso, el PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo para la constitución del nuevo Gobierno, diversas materias que afectan a la Seguridad Social y que formarán parte de las medidas a afrontar por el Ministerio de la Seguridad Social en esta legislatura.
Dicho acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se han comprometido además a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
Parece que no está en su agenda ni la comprometida ya en el acuerdo del denominado Primer Bloque de la reforma de las pensiones (en puridad ya un Anteproyecto de Ley remitido al Parlamento para su debate) donde se incluía la obligación por parte del Gobierno (incumplida) de una propuesta de Proyecto de Ley específico para la creación, en el plazo de 6 meses, de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, que debería ser la encargada de adecuar y modernizar el sistema y mantener su equilibrio.
Tampoco parece estar en la agenda de la nueva ministra lo comprometido en la disposición adicional sexta de la ley 21/2021 donde se establece que “en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la LGSS”.
Lo dicho, la tarea no parece ardua tras la herencia de José Luis Escrivá, pero en cualquier caso se precisarán habilidades y conocimientos que está por ver, dado su curriculum, que tenga la insigne nueva ministra
