Juzgan en Granada a 30 empresarios y trabajadores por formar un entramado de empresas ficticias

  • El objetivo de era obtener distintas prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, incapacidades o beneficios fiscales

Un total de 30 personas, entre empresarios y trabajadores, serán juzgados desde el próximo 22 de junio en la Audiencia de Granada acusados de formar parte de un entramado de empresas ficticias para obtener distintas prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, incapacidades o beneficios fiscales.

Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide para los procesados penas que oscilan entre el año y medio y los cuatro años de prisión, además de multas de hasta 450.000 euros y privación del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Los empresarios y trabajadores, que se sentarán en el banquillo de la Sección Segunda los días 22, 23 y 24 de junio, están acusados de delitos continuados de estafa en concurso con falsedad en documento oficial o, alternativamente, fraude de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

La Fiscalía relata que, en virtud de las funciones de control e inspección de empresas ficticias de la Subdirección de Empleo y Seguridad Social, se iniciaron actuaciones, entre junio de 2013 y junio de 2014, respecto a un total de ocho sociedades con domicilios en varias localidades del área metropolitana de Granada.

Con estas averiguaciones se constató que en estas entidades mercantiles no existían indicios de actividad empresarial, ni siquiera tras aportar documentación.

Además, tras visitar los domicilios y centros de trabajo, se comprobó que en todos los casos las empresas no existían, carecían de actividad o no pudieron ser localizadas por encontrarse en inmuebles particulares o en lugares que no tenían relación con ellas.

Las empresarias investigadas presentaban deudas por casi la totalidad de las cuotas del Régimen General de la Seguridad Social desde el inicio de su actividad.

Por ello, se concluyó que eran ficticias y se comprobó que contaban con un nexo de unión, común a todas ellas, que era contar con el mismo autorizado al sistema RED, que asimismo figuraba de alta para algunas de ellas.

Otro punto en común era el trasvase de trabajadores y administradores, de modo que existían movimientos de afiliados comunes de unas empresas a otras, y quienes eran administradores de unas pasaban a ser dados de alta en otras como afiliados.

Pese a carecer de toda actividad empresarial y, por tanto, no tener necesidad de contratar trabajadores por cuenta ajena dada su inexistencia real, aprovechando la apariencia generada y conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajadores, según la Fiscalía, procedieron a tramitar a través de su nexo común altas de numerosos trabajadores, previa elaboración de un contrato de trabajo ficticio.

Este fue presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal, manteniendo a los trabajadores en situación de alta laboral durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social y, en su caso, a los subsidios y prestaciones por desempleo.

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