La prolongación de la esperanza de vida es uno de los fenómenos más notables y trascendentales que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas. Este avance, resultado de mejoras en la salud pública, la tecnología y el estilo de vida, conlleva importantes implicaciones para la estructura económica y social de los países.
Una de las áreas más afectadas es, sin duda, el sistema de pensiones. A medida que las personas viven más tiempo, la pregunta sobre cómo financiar una jubilación cada vez más prolongada se vuelve crucial para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de previsión social. En este contexto, es necesario analizar cómo la diferencia entre la edad legal y la edad efectiva de jubilación, así como la relación con la esperanza de vida, afecta a la viabilidad de las pensiones, y cómo los sistemas pueden adaptarse a los desafíos de una sociedad que envejece.
La sostenibilidad del sistema de pensiones depende, en gran medida, del equilibrio entre las personas activas que cotizan y las personas retiradas que perciben prestaciones. En muchos países, la edad legal de jubilación ha sido modificada en las últimas décadas para ajustarse a los cambios demográficos.
En términos económicos, esta situación puede tener efectos negativos en el crecimiento, el consumo y la estabilidad financiera de un país. En una sociedad envejecida, la población activa se reduce, lo que impacta negativamente en la productividad y en la capacidad de generación de riqueza. Adicionalmente, las pensiones, al ser de forma generalizada inferiores al último salario, disminuye el poder adquisitivo de los jubilados, reduciendo el consumo y generando presiones deflacionarias que conllevan a una situación de tipos bajos con los que las instituciones financieras, como ya vimos en años anteriores, carecerán de incentivos a prestar dinero a familias y empresas, por lo que la economía se ralentiza. Este fenómeno, conocido como ‘japonización de la economía’, puede resultar en un estancamiento prolongado si no se adoptan medidas para aumentar la productividad y ajustar las estructuras fiscales y laborales.
La relación entre la esperanza de vida y la edad de jubilación es clara: a medida que la esperanza de vida aumenta, es necesario reconsiderar las políticas de retiro para garantizar que el sistema de pensiones siga siendo sostenible. En el último siglo, la esperanza de vida en España ha pasado de 45 a 83 años sin embargo, la edad legal de jubilación ha permanecido constante entorno a los 65 años, lo que ha modificado radicalmente el equilibrio entre los años trabajados y los años que se viven como pensionistas jubilados, pues además hace 100 años llegaban con vida a esa edad el 10% de la población y los que llegaban vivían de media otros 10 años, mientras que ahora llegan más del 90% y viven de media otros 21 años.
Dado el aumento de la esperanza de vida, muchos países ya han comenzado a ajustar sus sistemas de pensiones. Entre otros, un ejemplo destacado es el de Dinamarca, donde la edad de jubilación está directamente vinculada a las proyecciones de longevidad. Esta medida no solo garantiza la sostenibilidad del sistema, sino que, también, asegura que las generaciones futuras no se vean desproporcionadamente afectadas por el envejecimiento de la población.
En España, la reforma de las pensiones ha elevado la edad de jubilación a 67 años, un paso importante para mantener la viabilidad del sistema. Sin embargo, es necesario continuar ajustando las políticas a medida que la longevidad sigue aumentando. El sector asegurador también tiene un papel crucial en este nuevo paradigma, con un modelo de previsión que combina ingresos públicos, pensiones privadas y planes de empleo.
En este sentido, y teniendo en cuenta que, en la actualidad, tan solo una pequeña proporción de población activa en nuestro país recurre a productos financieros de ahorro, urge una política de divulgación y apoyo al mismo. Si queremos asegurar la viabilidad del sistema de pensiones debemos ahorrar más, potenciando el carácter previsional de este capital mediante productos de ahorro atractivos, una mayor y mejor educación financiera y una concienciación sobre la relevancia de destinar un porcentaje de nuestros ingresos mensuales a nuestro futuro, más allá de nuestras aportaciones al sistema público o a los futuros planes empresariales.
El debate gira de forma habitual en torno a los principios de suficiencia de la pensión y la sostenibilidad del sistema, pero el tercer gran principio del sistema público de pensiones es el de la equidad. Existen dos tipos de equidad que es importante considerar: la equidad actuarial, que busca que las prestaciones recibidas como pensionistas sean proporcionales o equivalentes a las contribuciones realizadas como cotizantes; y la equidad intergeneracional, que se fundamenta en la necesidad de distribuir de manera justa los costes del sistema entre las distintas generaciones. Si la población trabajadora actual se jubila anticipadamente y vive más años como pensionista, las generaciones futuras estarán obligadas a soportar una carga desproporcionada para mantener el sistema en funcionamiento, ya sea por la vía de mayores cotizaciones o por el coste del endeudamiento acumulado.
Un aspecto importante que se suele pasar por alto en este debate es el impacto positivo que podría tener el incremento de la productividad del colectivo sénior en el mercado laboral. Al permitir que las personas mayores sigan trabajando, se aprovecha su experiencia y conocimiento, lo que puede generar nuevas oportunidades para los trabajadores más jóvenes, mejorando la productividad general de la economía y reduciendo tensiones intergeneracionales.
Pero no debemos olvidar que la sostenibilidad del sistema de pensiones se complica con el crecimiento de la economía sumergida. Muchas personas, tras jubilarse de manera anticipada, continúan trabajando fuera del marco legal, ya sea por necesidad económica o por mantenerse activos. Esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino que, además, aumenta la presión sobre el sistema de pensiones, ya que se financian prestaciones para personas que, en realidad, siguen activas en el mercado laboral.
De hecho, en España, la economía sumergida representa aproximadamente el 23% del PIB, según estimaciones del FMI. Reducir esta cifra es clave para asegurar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Para ello, es fundamental fomentar políticas de formalización laboral y mejorar los incentivos para que las personas que desean seguir trabajando lo hagan dentro de los canales formales.
En conclusión, la esperanza de vida ha cambiado profundamente la forma en que debemos pensar sobre la jubilación. Alinear la edad legal y efectiva de jubilación, reducir la economía sumergida, favorecer el conocimiento financiero, apoyar el ahorro y la inversión y permitir que las personas mayores sigan trabajando, si así lo desean, son pasos fundamentales para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el futuro.
Fuente: Esperanza de vida y jubilación: el nuevo desafío para el estado del bienestar
