Malestar entre los grupos parlamentarios por el calendario propuesto en el Congreso, que lo consideran un «atropello» y una «vergüenza». Afea al responsable de Seguridad Social que les de «48 horas para aprobar una reforma estructural que durará décadas». Escrivá descarga la responsabilidad sobre las exigencias de Bruselas y los agentes sociales
Si hay una reforma que afectará a millones de españoles y en una etapa especialmente delicada de sus vidas, esa es la del sistema de pensiones. Los cambios que afectarán al pilar central del estado de bienestar, sin embargo, pasarán por el Congreso en un trámite exprés, con el mínimo espacio para el debate. Los planes del Gobierno, que han levantado ampollas entre varios grupos, incluidos algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, es que el proyecto de ley pueda estar aprobado la próxima semana.
Ayer quedó constituida la mesa de ponencia y se fijó para mañana la fecha de la comisión, momento en que se conocerá si el equilibrio de fuerzas es el suficiente como para impulsar la norma. También se desvelará cómo se incluirá finalmente la enmienda que contiene la piedra angular de la reforma: el mecanismo de equidad intergeneracional, que esta tarde explicará el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante los grupos, en su comparecencia ante el Pacto de Toledo.
Una de las opciones que se barajan es que sea presentado como enmienda ‘in voce’. Otras fuentes apuntan a que podría introducirse en la ponencia.
Como fuere, los planes son que la próxima semana pueda pasar ya al Pleno del Congreso y de allí al Senado. Un auténtico ‘rally’ que ha generado un malestar notable y generalizado entre los grupos consultados por este diario, que puntualizan además que el periodo de enmiendas finalizó el 27 de octubre y que la norma lleva registrada desde septiembre.
«Entra usted como un elefante en una cacharrería: tramitar en 48 horas una reforma para las próximas décadas es un atropello en formas y plazos y no hay derecho a imponer la reforma hurtando el debate». José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, se ha llevado esta tarde una severa amonestación por parte del Pacto de Toledo, la comisión que debe aprobar la reforma de las pensiones.
La diputada de Ciudadanos María Muñoz Vidal no ha sido la única en afear a Escrivá lo que señalan como una falta de consideración con el Parlamento. Lo han hecho también grupos tan dispares como PP, ERC o PNV, que han acusado al responsable de Seguridad Social de querer imponerles el consenso, así como de dar a la negociación con empresarios y sindicatos para acordar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) mayor relevancia que a las aportaciones que pueda hacer el Congreso.
El Pacto de Toledo se preciaba de ser una comisión excepcional en el Congreso. Excepcional porque los problemas particulares entre partidos quedaban fuera en aras de un consenso por un bien mayor, que es el sistema de pensiones. Pero, a juzgar por el malestar generado por el MEI, es una cualidad cada vez más difícil de mantener.
El acuerdo convocado en el mes de julio para el pasado 15 de noviembre fue presentado a patronales y sindicatos el día 3 de noviembre. Los 13 días de negociación concluyeron con el plante de los empresarios y el apoyo sindical. Con ese balance, Escrivá ha acudido al Congreso para exponer un sistema que gravará los salarios con una cotización específica del 0,6% durante 10 años para rellenar el fondo de reserva de las pensiones durante la próxima década.
Como ha resumido Muñoz Vidal, en 48 horas deben dar el visto bueno a una reforma estructural que se prolongará durante al menos una década. Los diputados, han escuchado y pedido más información pero su plazo para ofrecer alternativas o al menos discutirlas en el seno de concluye mañana. El resumen puede ser que el Gobierno trata de atajar hasta el extremo el trámite parlamentario para aprobar una reforma que estará lejos de cosechar la aprobación amplia que demanda Bruselas como garantía de estabilidad en las reformas.
Tomás Cabezón, del PP, le ha entregado en mano al ministro los teléfonos de su grupo parlamentario «por si no los tiene». El principal grupo de la oposición ha denunciado públicamente que su papel en el Pacto de Toledo es ignorado de manera sistemática por el Ministerio de Seguridad Social.
Incluso apoyos parlamentarios como el PNV han acusado a Escrivá de «suplantar» al Parlamento por el diálogo social, recordándole dónde se validan las leyes. ERC le ha avisado de que «aprobar una ley en dos días es complicado».
Escrivá ha optado por asumir el enfado de los grupos y entrar al cuerpo a cuerpo con Cabezón, llegando a exigirle que hiciera pública su alternativa, el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 y derogado en julio que, según ha señalado, hubiera supuesto «recortes masivos» de las pensiones. Cabezón le ha recordado que el compareciente es él y, a su vez, le ha pedido que aclare las intenciones del Gobierno de cara a elevar a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones y, también, de qué manera quiere tramitar el MEI para que entre en vigor el 1 de enero.
Aunque Escrivá se ha esforzado por desmontar el argumento de que el MEI perjudique a la población en edad laboral más joven aportando algunas cifras, desde el PP hasta el Grupo Mixto, pasando por Ciudadanos y Vox, han acusado al Gobierno de cargar el coste de la jubilación de los baby boomers sobre el sector de la población (los jóvenes) con un 40% de tasa de paro. Y ello a pesar de que el ministro ha asegurado que con el actual Factor de Sostenibilidad un trabajador de 18 años que se jubile en 2070 perdería entre 194 y 485 euros de pensión mensual, mientras un trabajador de 38 años perdería entre 138 y 345 euros y uno de 58 años estaría perdiendo entre 67 y 169 euros. Y ha añadido que con el MEI todas las generaciones aportarán lo mismo durante 10 años mientras con el FS la pérdida de pensión durante toda la jubilación es superior para los jóvenes.
El ministro ha asegurado durante su comparecencia que el hasta ahora vigente Factor de Sostenibilidad, introducido en 2013, «ha dañado extraordinariamente la credibilidad de España ante las instituciones europeas» y ha afirmado que ese es «el peor de los daños que se puede hacer a la Seguridad Social». Y de este modo ha justificado su eliminación del sistema público de las pensiones y su sustitución por el MEI, un mecanismo que permitirá responder al «reto demográfico transitorio de las próximas décadas», que es «equitativo en términos intergeneracionales», ya que «distribuye el esfuerzo entre generaciones» y que es «contingente» y «flexible en su aplicación por parte de los decisores futuros».
En cualquier caso, Escrivá ha restado relevancia a las dudas que están surgiendo en torno a la rentabilidad que pueda generar el Fondo de Reserva con la incorporación de esa aportación finalista durante una década y se ha reafirmado en que con esta cotización adicional, se podrán acumular más de 40.000 millones de euros en 10 años. En concreto, ha garantizado que con la rentabilidad histórica del fondo del 3,5%, se alcanzarán los 42.000 millones de euros en 2032, lo que equivale al 2,3% del PIB, y ha calculado que la diferencia de un punto arriba o abajo en la rentabilidad equivale a oscilaciones de unos 2.000 millones de euros en uno u otro sentido.
El responsable de Seguridad Social ha indicado que la batería de reformas continuará el próximo año y ha descargado sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia pactado con Bruselas la responsabilidad del malestar en el Congreso. «Nos hemos visto obligados a generar dos bloques de negociación y les pido comprensión», ha demandado. También ha apuntado a patronales y sindicatos como responsables de presentar su MEI sin tiempo material para que los diputados lo analicen y ha prometido cambiarlo. «Hay que darle la vuelta a la metodología secuencial con los agentes sociales, que tienden a agotar los plazos y limitan el espacio a esta Cámara. Este procedimiento y estos tiempos no son los adecuados», ha afirmado antes de que le recordaran que es él quien marca los plazos de las negociaciones con los agentes sociales.
