La plantilla del SEPE, unos 7.300 empleados en estos momentos, tendrá que gestionar sin ningún refuerzo de personal la transición al cobro del ingreso mínimo vital (IMV) de los parados que se queden sin ninguna prestación o subsidio a partir del 1 de noviembre, cuando entra en vigor la reforma de la ley asistencial aprobada por Yolanda Díaz en mayo.
Deberán preparar todo el papeleo para los parados que se quedan sin ayudas y soliciten el ingreso mínimo vital (IMV). Serán miles los colectivos que antes estaban cubiertos por un subsidio de desempleo: personas de menos de 45 años sin cargas familiares, emigrantes retornados sin derecho a prestación contributiva, trabajadores agrarios con menos de seis meses de cotización y mujeres con más de 16 años que han sufrido violencia doméstica. Luego la Seguridad Social se encargará de decidir si concede o no el IMV.
«Es una nueva carga de trabajo que no vamos a poder soportar con la misma plantilla», explican fuentes del CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE. «En la pandemia ya le dijimos a la ministra Yolanda Díaz que necesitábamos unas 3.000 personas más porque no se estaban reponiendo desde años antes las jubilaciones y no se podía prestar el servicio de manera correcta. No nos hizo caso y sólo aprobó la contratación de 926 personas, que no cubren tampoco ni las jubilaciones», señalan.
«Pero no sólo eso. Es que esa nueva gestión va a requerir de una cita presencial en la oficina que ahora mismo ni siquiera se está produciendo con normalidad. Muchas peticiones de citas presenciales no se pueden atender porque no somos suficientes. La gente se queda semanas sin poder ser atendido», explican.
El pasado 24 de junio, CSIF envió una carta a Yolanda Díaz en la que le advertía de la situación en la que se encuentra el SEPE. En esa misiva se recordaba a la ministra que el 55% de las oficinas que tienen atención presencial tienen 5 trabajadores o menos, 7 oficinas en las que se dispone de ningún efectivo; 59 oficinas que cuentan con un solo efectivo; 104 oficinas que solo disponen de dos efectivos; 86 oficinas que cuentan con tres efectivos; 67 oficinas que disponen de cuatro efectivos y 65 oficinas que cuentan con cinco efectivos
«Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de evitar un seguro calendario de movilizaciones de protesta, abocando sin duda a un escenario de conflicto de todo punto indeseable para ambas partes, desde CSIF manifestamos nuestro rotundo rechazo a este modelo de colaboración con el INSS, en tanto el SEPE no esté dotado con personal suficiente que permita afrontar con unos mínimos ratios de calidad no sólo la gestión propia, también las tareas inherentes a la cogestión propuesta», explican.
El director general del SEPE, Gerardo Gutierrez, mantuvo una reunión con las centrales sindicales y les aseguró que tenían que gestionar el IMV con la misma plantilla. “Cuando llegue el 1 de noviembre y se vea que es un caos, pues o rectifica la ministra o habrá movilizaciones sí o sí”, señalan desde CSIF.
Se avecina por tanto un nuevo incendio en el SEPE, como ya ocurrió en la pandemia. La ministra no cumplió con la plantilla en el pasado y ahora desconfían de que se contrate la gente necesaria para dar un buen servicio a los ciudadanos en las oficinas.
