El sector público sigue destruyendo empleo, más de 84.000 en el último año

CSIF destaca la caída de plazas en Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria en más de 78.500 puestos. El Gobierno justifica que no se han perdido, “solo han cambiado de adscripción a Educación”, porque la mayoría eran profesores

El sector público continúa su goteo incesante de destrucción de empleo y resta ya más de 84.000 empleos en el último año, con una caída del 6,3% que supone romper la tendencia general de creación de empleo en la mayoría de los sectores. Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la Administración encabeza “de lejos” la pérdida de puestos de trabajo en España, junto al agrario y al empleo del hogar, estos dos últimos los sectores más afectados por el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Según apunta el sindicato, la variación anual de puestos de trabajo lleva ocho meses consecutivos “en números rojos, en los que no ha parado de crecer la destrucción de empleo en términos de la Seguridad Social”, datos que creen son consecuencia “de la parálisis del Gobierno por la inestabilidad parlamentaria, que ha llevado a desistir de presentar unas cuentas del Estado para 2024″, ha lamentado el sindicato. Una situación redunda en el “deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos” en todos los ámbitos. Por ello, han vuelto a denunciar la Administración General del Estado (AGE) cuenta con una plantilla “envejecida y tensionada” en áreas y organismos fundamentales, lo que “dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad”.

 

Especialmente significativa ha sido la caída en el apartado de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, con más de 78.500 bajas. Fuentes ministeriales han explicado a LA RAZÓN que esa cifra tiene que ver con el exponencial crecimiento del empleo público por ejemplo en Educación, que se ha elevado en 150.000. Ello tiene que ver con que “desde septiembre pasado se han producido cambios de encuadramiento de algunos afiliados que algunas comunidades que los tenían encuadrados en la sección Administraciones Públicas aunque eran profesores y ahora los han encuadrado bien en Educación. Ha sido progresivo, pero todavía cuenta con un efecto de arrastre“.

Pese a ello, CSIF reclama al Gobierno negociar “de inmediato” la oferta de empleo público para este año, agilizar los procesos electivos y la concreción de medidas anunciadas por el ministro, como la eliminación de la tasa de reposición o mejorar las condiciones de la jubilación. La organización sindical ven una situación especialmente grave en sanidad al calcular que se necesitan “al menos 10.000 plazas adicionales de Atención Primaria y de 1.100 pediatras para acercarnos a la media europea”. CSIF considera positivo el protocolo específico para que los pediatras revisen posibles adicciones o usos problemáticos de nuevas tecnologías por parte de menores, pero advierte de que difícilmente se obtendrán resultados positivos si no se refuerzan las plantillas del personal de la sanidad y se ponen los medios materiales adecuados.

Los sindicatos han vuelto a ser muy críticos con la evolución del empleo. Aunque aplaudieron el descenso del paro en mayo, lamentaron que la temporalidad siga ganando peso, ya que ha “disminuye el peso relativo de la contratación indefinida”. UGT criticó que el Gobierno continúa sin atender el desempleo estructural, no termina de atar la reforma del despido y no avanza hacia el pleno empleo ni “hacia la protección de los trabajadores, garantizando su derecho a recibir una indemnización por despido adecuada”. Desde CC OO, aunque han celebrado que los datos del paro indican que las políticas que “se están llevando a cabo en España son útiles y sientan bien a la economía, puntualizaron que “queda pendiente la subida de los salarios, la mejora de las condiciones laborales para evitar la precariedad o poner freno a la siniestralidad laboral”. Por su parte, CSIF ha reclamado a las administraciones que “apuesten por la creación de empleo público de calidad”.

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