Varias modificaciones del decreto intentan mejorar los fallos de gestión e implementación que hacen que seis de cada diez solicitudes sean denegadas, mientras el proyecto de ley aún no ha debatido sus enmiendas tras estar paralizado más de un año
El Ingreso Mínimo Vital, la renta estatal diseñada por el gobierno actual de coalición PSOE-UP, se presentó en febrero de 2020 dos veces, previo al estallido del coronavirus. La autoría fue reclamada por dos miembros del ejecutivo en sus primeras comparecencias tras tomar posesión: el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y José Luis Escrivá, recién nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que ya desde su anterior puesto en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había sugerido crear una modalidad de prestación similar. Ambos hablaron de una renta mínima de carácter estatal que conviviría con las autonómicas y que triplicaría el alcance de estas.
El 29 de mayo de 2020 se anunció, al alimón y en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como un gran hito de legislatura la herramienta que llegaría a 850.000 hogares, lo que suponía 2,3 millones de personas. Un año y medio y una pandemia después, el pasado 1 de octubre, en nota de prensa y sin comparecencia, el equipo de Escrivá reconocía que el IMV había llegado a 800.000 personas, que no hogares, lo que reducía en un 60% el número de familias beneficiarias con respecto a lo anunciado, y aún más, un 65% a las personas, comparándolas a las previsiones calculadas. En espera de los resultados de los incipientes itinerarios de inclusión, presentados esta misma semana, y que se espera que sirvan como “palancas” para que las personas beneficiarias salgan de su situación vulnerable, los resultados quedan muy lejos de lo previsto.
Analizando los propios datos ministeriales con la tasa de riesgo de pobreza, la cifra media de cobertura del IMV se reduce a un 10% para el territorio nacional, con datos dramáticos en zonas como Catalunya, donde sólo cinco de cada cien personas vulnerables son receptoras de esta ayuda, seguidos de Canarias, Castilla La Mancha, Illes Balears y Galicia, con seis, Extremadura con siete y Murcia, Comunitat Valenciana, Madrid y Cantabria, donde son ocho de cada cien las personas en situación de pobreza protegidas. La CCAA que sale más favorecida en esta mirada sería Navarra, con un 22% de cobertura sobre el total de población vulnerable.
Una fuente oficial del ministerio valora estas cifras como un reto: “Hemos detectado la existencia de un grupo importante de personas en situación de vulnerabilidad que no ha solicitado el IMV. Se emprenderá una búsqueda activa de las mismas y, por esta vía, se podrían incorporar entre otras 20.000 y 40.000 nuevas prestaciones”, calculan.
La Plataforma RMI Tu Derecho ha valorado esta misma semana de forma positiva que las solicitudes pendientes de tramitación se hayan reducido en el último medio año en más del 70%, pasando de 350.000 a 97.500, en un dossier en el que analizan las deficiencias estructurales que identifican y monitorizan en la implementación de esta ayuda, un año y cuatro meses después de su lanzamiento
Y es que aún se están quedando fuera miles de personas. Una pista la dan las 890.000 solicitudes denegadas de los 1,45 millones recibidas, según la información del ministerio de mediados de septiembre.
Desde la European Anti-Poverty Network, la EAPN, autora del índice AROPE que acaba de ser publicado, aseguran que “el IMV es el mayor avance social desde la Ley de Dependencia, pero no está llegando a todas las personas que lo necesitan”. Los requisitos a cumplir (que lo alejan de la idea de renta básica incondicional), y la excesiva burocracia, acrecentada por el torpe flujo de información entre instituciones como la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social, el cruce con la gestión de las rentas autonómicas y la presión sobre los servicios sociales locales, junto con el colapso administrativo generado por la pandemia, ayudan a explicar en parte los bajos índices de éxito.
Para entidades y asociaciones que trabajan con personas en exclusión, sin embargo, hay errores de base. “Las personas con necesidades de entre 18 y 22 años quedan fuera a menos que estén emancipados y con familia propia”, explican desde la red europea como uno de los ejemplos de inoperancia.
La trampa de computar los ingresos de hace años para delimitar rentas
Según el ministerio, la causa mayor de que más de seis solicitudes de cada diez sean denegadas es la superación de los niveles de renta. El problema, señalado por numerosas entidades, es que para delimitarlos se utilizan las declaraciones de la renta de los potenciales beneficiarios en los ejercicios fiscales anteriores, lo que da lugar a que aquellas personas que hubieran estado trabajando en 2019 y en 2020 sufrieran reducción de ingresos por causas sobrevenidas, relacionadas o no con la pandemia, quedaran fuera. Lo mismo es aplicable con las anualidades de 2020 y 2021. Desde hace unos meses, en el registro de solicitud se puede señalar la opción de que se tengan en cuenta los ingresos del año en curso. Inmersos ya en el cuarto trimestre, aún no se han actualizado las rentas del 2021, pero sí se están haciendo revisiones de las concedidas en 2020 desde la Seguridad Social, lo que da lugar a situaciones complejas
Intentos de mejora que chocan con instituciones
En febrero de este año, el Gobierno modificó el decreto por el que se regula el IMV ampliando algunas opciones de unidades de convivencia, para facilitar el acceso a personas con complicaciones para justificar residencias. También quedó rubricada la necesidad de que los municipios comuniquen a la Seguridad Social los cambios en el padrón en un plazo de treinta días para que no se produzcan fallos en el cruce de datos que lleve a denegaciones erróneas, una de las causas de denegación y recurso más repetidas.
Fuente: el diario
