El Gobierno se propone tomar parte activa en la gestión de las mutuas

El Ministerio de Seguridad Social plantea cambios de calado en la gobernanza de la junta directiva de las mutuas colaboradoras –las asociaciones privadas que gestionan prestaciones públicas como la incapacidad temporal–. Lo hace en la última propuesta enviada a los agentes sociales el lunes pasado y en un contexto de aumento en el número de bajas laborales temporales, que requiere mayor control. Según detalla el documento al que ha tenido acceso elEconomista.es, la intención es que dos representantes de la Administración cuenten con presencia en el órgano de gobierno de las mutuas y tengan voz en él.

En concreto, el documento propone introducir dos disposiciones nuevas al artículo 87 de la Ley de Seguridad Social. En primer lugar habla de incluir a un representante de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) en la junta directiva y en la comisión de auditoría. En segundo lugar, el Ejecutivo también plantea que participe en el órgano de gobernanza un representante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS). En todos los casos, los miembros de la Administración asistirían con voz, pero sin voto.

Otra de las novedades que incluye el papel presentado al diálogo social y al que ha tenido acceso este diario es la participación sindical y empresarial en la junta directiva de las mutuas. Es decir, la propuesta también plantea la posibilidad de incorporar a cuatro representantes externos que tampoco tendrían derecho a voto pero que sí podrían intervenir: un máximo de dos miembros de la patronal y otros dos de los sindicatos más representativos.

Según detalla el documento, tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores tendrán que comunicar los nombres al Ministerio de Seguridad Social. La propuesta, sin embargo, también elimina la Comisión de Control y de Seguimiento, órgano en el que ahora participan los agentes sociales. Actualmente, la norma define a la junta como el órgano al que corresponde el gobierno directo de la mutua y está compuesto por entre diez y veinte empresarios asociados. De estos, un 30% corresponde a aquellas empresas con mayor número de trabajadores, uno de ellos tiene que ser un trabajador autónomo adherido y uno debe representar a los trabajadores.

La propuesta del pasado lunes amplía el papel presentado por el Ministerio ante agentes sociales en el mes de junio. Este primer documento planteaba «mejorar la gobernanza de las mutuas, reforzando su dirección y tutela», pero no proponía ninguna acción específica.

En junio el Ministerio introducía la idea de que tanto Seguridad Social como las organizaciones empresariales y sindicales pudieran participar en la mejora de la gobernanza de estas entidades «por la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan». Una medida que surge como guiño a los sindicatos tras introducir la idea de la reincorporación progresiva de los trabajadores tras sufrir una enfermedad de larga duración –algo que no termina de convencer entre los representantes de los trabajadores–. La idea, sin embargo, no gusta entre las mutuas que defienden que su naturaleza es privada y que, por tanto, las decisiones de gobierno pertenecen a la junta de administración y no a la Administración ni a los agentes sociales. A su juicio esta medida no hará más que aumentar los costes de la incapacidad temporal para las empresas al alargar la toma de decisiones.

Cabe destacar, no obstante, que se trata de una propuesta enviada por el Ministerio a agentes sociales y que todavía no ha sido pactada en el diálogo social. Además, al tratarse de una modificación en la Ley de Seguridad Social, el Ejecutivo tendría que aprobar el cambio en el Congreso de los Diputados.

Plantea crear una unidad central de evaluación de las incapacidades

La propuesta de Saiz llega en pleno auge de las cifras de incapacidad temporal. Según las últimas cifras oficiales, publicadas por la Cartera en el mes de julio, las horas no trabajadas por bajas médicas han crecido un 15% en el último año. En comparación con el primer trimestre de 2019 –la fecha de referencia para Seguridad Social al mostrar los niveles prepandemia–, el número de horas no trabajadas por IT aumenta hasta el 78%, una cifra que excluye las bajas por cuidado al menor, lactancia y embarazo. A estos datos publicados por el Ministerio les acompañan los últimos informes de la asociación de mutuas (AMAT) que estimó en septiembre que el coste de la incapacidad temporal cerraría 2025 en 32.798,87 millones de euros (casi la mitad, 16.010,97 millones, será sufragado por las empresas).

En este contexto, Saiz ha planteado varias propuestas a los agentes sociales desde que se inició la mesa de diálogo en el mes de enero como, por ejemplo, devolver a las mutuas el poder de dar el alta en las bajas laborales que duren más de un año o la vuelta progresiva al trabajo para enfermedades de larga duración. Propuestas a las que ahora la Cartera añade la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, que estará compuesta por varios equipos de valoración. Los equipos de valoración estarían compuestos por un presidente (un funcionario del INSS) y dos vocales (un médico inspector del INSS y un especialista en seguridad y salud laboral). Sus funciones serían las mismas que hasta ahora, pero su acción se encontraría centralizada bajo esta unidad.

Por otro lado, la propuesta de Seguridad Social, aunque cuenta con las mismas medidas que las presentadas en la mesa del mes de junio, desarrolla de forma más extensa alguna de estas cuestiones. Además de las ya mencionadas, el documento especifica las patologías desde las que se podría optar a la reincorporación progresiva en caso de aprobarse. En concreto, la propuesta hace referencia a procesos oncológicos, cardíacos, accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves y otras enfermedades que se consideren igualmente graves.

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