Frente al envejecimiento demográfico, Europa discute entre adelantar el retiro o promover la jubilación activa como vía para equilibrar derechos sociales y viabilidad del sistema de pensiones
Con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, Europa afronta un reto que va más allá de lo demográfico: el futuro de sus sistemas de jubilación. La manifestación más reciente fue a principios de año en Bruselas, donde los pensionistas salieron a la calle reclamando una mayor estabilidad y protección laboral, a la par que oponiéndose a la ampliación de la edad de jubilación.
En Europa, algunos sectores defienden la reducción de la edad de retiro como una medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar el relevo generacional. Otros argumentan que esta medida pondría en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, ya debilitados por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.
En este contexto, la jubilación activa —la opción de combinar trabajo y pensión— sigue siendo una opción en países como Suecia, Estonia o Dinamarca, donde más del 30% de los nuevos jubilados sigue en activo laboralmente. Según el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de Población Activa, en España, un total de 184.900 personas de 50 a 74 años continuaron trabajando en los seis meses posteriores a recibir su primera pensión de jubilación, lo que representa un 4,9% los que compatibilizan la jubilación con un trabajo, por debajo de la media europea (13%).
En países como Suecia o Estonia, más del 30% de los jubilados siguen activos laboralmente, ya sea a tiempo parcial o con regímenes de jubilación flexible. Sin embargo, en naciones como Francia o Italia el porcentaje tampoco supera el 5%.
Esta disparidad pone de manifiesto, además, la influencia directa de las políticas nacionales tanto en la participación de los mayores en el mercado laboral como en asegurar una estabilidad financiera en la tercera edad. Dos factores clave en el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, en los últimos años, en países como Francia y Alemania se han vivido protestas y discusiones políticas intensas, reflejando la dificultad de encontrar dicho equilibrio.
¿Se puede evitar la vulnerabilidad?
«Más del 37% de los pensionistas —unos 3,3 millones de personas— reciben menos de 750 euros/mes«, apuntan desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. Explican que son la minoría los que continúan activos por motivos personales y que en el caso de los que continúan por necesidad su situación pasa por falta de contratos, protección laboral y vinculados a sectores como el comercio, la limpieza o el cuidado de personas.
Es entonces cuando la necesidad se impone frente a la vocación y las ganancias en negro o sin regular se hacen patentes. «Debe ser un derecho tanto a una jubilación digna como al acceso a una pensión contributiva, sin que esto implique necesariamente la imposibilidad de seguir trabajando si la persona así lo desea y cumple con los requisitos legales», aclaran desde UJP-UGT.
Según el INE, en España, el 18,8% de estas personas continúan trabajando por motivos económicos, ya que lo necesitan para obtener ingresos adicionales. Por su parte, el 48,7% siguió trabajando por otras razones como que su pareja seguía trabajando. De esta forma, las asociaciones confirman que no existen incentivos para que las personas mayores se queden sin capacidad de readaptar las labores a las capacidades.
El objetivo del sistema de pensiones para estas organizaciones es asegurar con los distintos modelos la calidad de vida de las personas en esta etapa. Así, estudios como el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señalan que retrasar de manera forzada la jubilación afecta directamente a la salud de las personas aumentando el riesgo a morir antes de los 70 años.
Las motivaciones para continuar trabajando después de la jubilación varían significativamente entre países europeos. Mientras que en España muchas de las personas que siguen activas lo hacen por elección personal, razones vocacionales o para mantenerse ocupadas, en otros países la necesidad económica es la prioridad.
Según datos de Eurostat, en Chipre, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Letonia, más del 50% de los jubilados que continúan trabajando lo hacen por motivos estrictamente económicos. Estas diferencias reflejan no solo las distintas realidades del sistema de pensiones, sino también las desigualdades estructurales entre regiones europeas en cuanto a nivel de vida y protección social.
Así en Grecia, también, muchos jubilados continúan trabajando para complementar pensiones insuficientes, aunque gran parte de esta actividad se realiza, también, de forma no declarada.
En 2023, el gobierno intentó frenar esta práctica eliminando la reducción del 30% en las pensiones para quienes declaran su empleo. Los jubilados que trabajen sin declarar serán sancionados con una multa equivalente a un año completo de pensión. Eso sí, declarar sigue siendo poco atractivo: los trabajadores asalariados ven deducido un 10% adicional de sus ingresos, y los autónomos deben afrontar contribuciones de hasta el 50%, lo que mantiene los incentivos para seguir en la economía sumergida.
«El retraso de la jubilación (por elección) no solo debe ser planteado como algo positivo en materia de reducir el gasto público, si no ir de la mano con la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras», defienden Inmaculada Ruiz, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). En este sentido, defiende que rebajar a las personas pasada una edad a puestos inferiores es «desaprovechar» talento senior.
Las asociaciones coinciden en que este tipo de jubilaciones parciales o flexibles, siempre que sean elegidas promueven y «aseguran un envejecimiento y participativo», más en una sociedad cuyo valor se mide por el capital productivo aportado. El trabajo, para ellos, es una manera más de participar socialmente. Por ello, muchas personas cuando se jubilan se sienten al margen de una dinámica social que ha sido su rutina por años.
Así lo hace República Checa
En otros países como República Checa, la realidad es otra. En 2024, cerca de 195.000 personas jubiladas seguían trabajando en la República Checa, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La mitad tenía más de 67 años. Y por su parte, más del 80% de ellas estaban empleadas formalmente, el resto trabajaba por contrato o como autónomos.
A finales de dicho año, se impuso una reforma del sistema que fue criticado por su falta de perspectiva «estructural», según informa el medio checo Denik Referéndum, entre otras cuestiones, por sus medidas de retraso de edad de jubilación, menor incremento en las pensiones nuevas o la eliminación de los pagos de seguridad social para pensionistas que siguen trabajando.
No fue hasta 2025 que llegaron los incentivos. Hasta ese momento, todos los trabajadores en la República Checa, incluidos los pensionistas, debían aportar un 6,5 % de sus ingresos brutos al seguro de pensiones. A cambio, los pensionistas que seguían trabajando recibían un pequeño incremento en su pensión: un aumento del 0,4 % de la base de cálculo por cada 360 días trabajados, incremento que se mantenía de por vida, incluso después de dejar de trabajar.
Con la reforma aplicada, los jubilados que trabajan ya no están obligados a pagar esa contribución del 6,5 %, lo que significa que tienen más dinero neto cada mes. Por ejemplo, un pensionista con ingresos brutos de 20.000 coronas checas —unos 805 euros— puede quedarse con unos 1.300 CZK más al mes —unos 52 euros—.
El Ministerio de Trabajo estima que esta exención supondrá una pérdida para las arcas públicas de unos 4.000 millones de coronas checas anuales — aproximadamente 161 millones de euros— Sin embargo, el gobierno cree que este incentivo hará que más jubilados decidan seguir trabajando, lo que permitirá al Estado recuperar parte de esa pérdida a través del aumento de ingresos fiscales por otras vías —como el impuesto sobre la renta o el IVA por mayor consumo—.
«Depende de las capacidades»
Así, para muchos, la jubilación activa debe seguir siendo una opción, más con el aumento de la esperanza de vida. España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida: 84 años. La cifra se encuentra 2,5 puntos por encima de la media europea, que se sitúa en 81,5 años, según el último informe de Eurostat.
«Los procesos de contratación rara vez incluyen perfiles mayores de 55 años. Muchos currículums son descartados por la edad, incluso antes de revisar la experiencia», defienden desde la UJP-UGT. Apuntan a que los mayores no son incluidos en programas de reciclaje de habilidades al considerarse «cercanos a la jubilación», lo que aseguran «perpetúa su exclusión» al salir del proceso productivo.
Eso sí, lo plantean siempre como una opción, ya que la falta de alternativas que posibiliten su continuidad en el mercado hace que la jubilación sea «más un destino forzoso que una elección libre», diferencia la presidenta de UDP.
«El verdadero debate es cómo garantizamos el derecho a un retiro digno para quienes así lo desean, y un empleo con sentido y dignidad para quienes pueden y quieren seguir activos», defienden desde UJP-UGT. En ese sentido, insisten en que este escenario debe abordarse dentro de una «agenda social transformadora que reconozca el valor de las personas en todas las etapas de la vida», enfrentando desafíos como la pobreza estructural, la desigualdad de género, la informalidad laboral y el edadismo.
Fuente: ¿Retiro o empleo digno?: el debate de la jubilación activa en Europa
