Reclama una reforma urgente que garantice la equidad intergeneracional
Fedea ha publicado el segundo número de la serie de documentos de trabajo dedicada a la I Jornada sobre el sistema público de pensiones y seguridad social.
Los académicos llevan mucho tiempo debatiendo acerca de las ventajas e inconvenientes relativos de los diversos indicadores que se utilizan para medir la salud financiera de los sistemas públicos de pensiones. La literatura ha puesto de relieve que los indicadores fiscales «tradicionales», como la relación entre los ingresos y gastos de cada año (el déficit/superávit del sistema), no ofrecen una imagen completa de su situación financiera. Una herramienta complementaria a la que se está prestando una creciente atención para valorar la solvencia de tales sistemas es el llamado balance actuarial (BA). El BA es un estado financiero que refleja el pasivo de un sistema de pensiones, esto es, los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, junto con los activos (financieros y, en particular, por cotizaciones) que respaldan a dichos pasivos.
Desde 2017, la UE exige que todos los Estados miembros publiquen un cuadro complementario, denominado Tabla 29, en el que se recoge el valor devengado de sus pasivos por pensiones hasta una fecha de referencia utilizando un método actuarial estándar y algunas hipótesis comunes. Partiendo de la última versión disponible de la Tabla 29 para España, la de 2021, publicada recientemente por el INE, el trabajo desarrolla los pasos detallados que deben seguirse para obtener el balance actuarial y la cuenta de resultados y ofrece una valoración de la solvencia de nuestro sistema público de pensiones.
Los principales resultados son los siguientes:
- Los pasivos por pensiones del sistema público de pensiones en España al final de 2021, sin incluir el régimen de clases pasivas, ascienden a 5,46 veces el PIB de 2021.
- Dado que el valor razonable de los activos financieros y por cotizaciones (estimado de acuerdo con el método sueco de grupo abierto) atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB de 2021, el patrimonio neto negativo o “agujero” del sistema alcanzaba la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021; es decir unos 2,49 billones de euros.
- La normativa que se aplica en Estados Unidos (GASB 67/68), y Europa (IAS 19) a las empresas promotoras de planes de pensiones de prestación definida, establece que el patrimonio neto negativo de los fondos de pensiones debe incorporarse en los estados financieros de las empresas promotoras. Si, por analogía, el “agujero” del sistema público de pensiones adeudadoa los cotizantes actuales y a los pensionistas se trata de forma similar, dado que las deudas netas por pensiones son una forma de deuda pública que se corresponden con derechos adquiridos que son muy difíciles de negociar, la deuda pública “real” de España sobre ascendería a 3,21 veces el PIB, en lugar de la cifra oficial de 1,17 veces.
- Pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años. Los autores concluyen que el sistema tiene una situación de solvencia muy deteriorada, con un patrimonio neto negativo muy elevado, lo que significa que su carga se está trasladando a las generaciones futuras. En su opinión, es urgente que nuestra clase política comience a tomarse en serio el agujero del sistema de pensiones y a tomar medidas correctivas.
La entidad cuestiona en su análisis, la fórmula que Moncloa utiliza para medir la salud financiera del sistema, que parte de los indicadores fiscales, aquellos que miden la relación entre los ingresos y gastos de cada año, es decir, el déficit/superávit del sistema. Una vía, que Fedea considera incompleta, y proponen una herramienta complementaria para valorar la solvencia estos sistemas, cada vez más utilizada, es el llamado balance actuarial.
En concreto, plantean observar el pasivo de un sistema de pensiones, esto es, los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, junto con los activos financieros y, en particular, por cotizaciones que respaldan a dichos pasivos. El documento recuerda que la Unión Europea exige que todos los Estados miembros publiquen un cuadro complementario para recoger el valor devengado de sus pasivos por pensiones hasta una fecha de referencia utilizando un método actuarial estándar y algunas hipótesis comunes.
Critica la política del Gobierno
Los cálculos de la entidad de análisis parten de la última versión disponible de este cuadro para España, el de 2021, publicada recientemente por INE. Según sus número, los pasivos por pensiones del sistema público al finalizar ese año fueron de 5,46 veces el PIB español, muy por encima de las 3,32 veces alcanzados en 2014. Con este punto de partida, los cálculos de Fedea apuntan a que el patrimonio neto negativo o «agujero» del sistema alcanzaba la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021, es decir unos 2,49 billones de euros.
«La salud financiera del sistema de pensiones español es débil y se está debilitando debido a políticas de pensiones incorrectas, la falta de crecimiento económico y las tendencias demográficas», apunta el documento que demanda que la gestión de las obligaciones en materia de pensiones pase de estar de un enfoque de «ojos que no ven, corazón que no siente a otro más transparente que refleje con exactitud el valor neto del sistema».
Para ello, propone aprobar una reforma urgente que garantice la equidad intergeneracional y modificar el enfoque de la política de Seguridad Social en España. «Se puede afirmar que la reforma llevada a cabo en el periodo 2020-2023 está mal planteada porque se basa en la ficción de que el sistema de pensiones está en una especie de equilibrio cuando el sistema tiene una situación de solvencia muy vulnerable y con una deuda muy elevada», advierte Fedea.
ENLACE AL ESTUDIO (EN INGLÉS)
