Tiene margen para enviarlo hasta abril pero busca acelerar los proyectos
Calviño presenta mañana a patronal y sindicatos su estrategia
El Gobierno está terminando de forjar la llave con la que aspira a acceder a las ayudas europeas aprobadas ante la pandemia de Covid-19. Se trata del Plan Nacional de Inversiones y Reformas, cuya redacción está siendo liderada por el Ministerio de Economía. El documento debe servir a España para obtener 72.000 millones de euros en subvenciones en tres años, comenzando por 34.000 en 2021 (26.634 millones del fondo Next Generation ya integrados en el Presupuesto de este año y 8.000 más, del fondo ReactEU, que se inyectarán directamente a las autonomías para reforzar sus sistemas sanitarios y educativos). Aunque hay margen para enviarlo a la Comisión Europea hasta el 30 de abril, el Ejecutivo está decidido a entregarlo lo antes posible para agilizar la puesta en marcha de los proyectos. Pese a que el examen comunitario, y por ende el desembolso, aún se demorarán meses, el Gobierno ha presupuestado ya los fondos para anticiparlos vía deuda y pretende iniciar las inversiones una vez las comunique a la UE. En todo caso, el envío está pendiente de las últimas aclaraciones de Bruselas sobre el formato, revelan fuentes oficiales.
La estrategia será anticipada el viernes 15 de enero a los líderes de patronal y sindicatos por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que están convocados a una reunión junto la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y otros siete ministros.
JUBILACIÓN
En el caso de las pensiones, la estrategia avanzada a los agentes sociales pasa por un fuerte endurecimiento de las jubilaciones anticipada y parcial, el fomento del mantenimiento del empleo más allá de la edad de retiro (jubilación demorada) y la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa al cumplir la edad legal que ahora pueden incluir los convenios. Además, incluye una nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que no convence a los sindicatos, que fija la garantía de mantenimiento de poder de compra en un periodo más amplio que el del año actual.
Pero la propuesta más controvertida de la reforma de las pensiones que baraja el Gobierno es la ampliación de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación de jubilación. Esta medida no ha sido incluida en la propuesta presentada al diálogo social y, de momento, cuenta con el rechazo frontal de sindicatos y Unidas Podemos, y ayer mismo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que Unidas Podemos “no acompañará” esta medida, por lo que podría darse el caso de que el Gobierno la incluya en la propuesta a Bruselas pero no pueda sacarla adelante en el Parlamento español.
Fuente: Cinco Días
