Dimite el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, que se suma a la renuncia de Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones, que abandonó su cargo el lunes.
De esta forma, el ministro José Luis Escrivá se ha visto en la obligación de reformar los primeros espadas del ministerio en un momento clave de la negociación para la reforma del Régimen de Autónomos y la gestión de la inmigración procedente de Ucrania.
En el año 2020 fue nombrado secretario de Estado por Escrivá, quién eligió a Arroyo como su mano derecha para cambiar el sistema de diseño de las políticas públicas utilizando el ‘big data’ de los registros públicos y la evaluación ‘exante’. Durante los casi tres años y medio al frente de la Secretaría de Estado se ha encargado de elaborar y negociar algunas de las medidas económicas más relevantes aprobadas en España en las últimas décadas. Muchas de ellas tuvieron un carácter coyuntural para la gestión de la crisis provocada por la pandemia, como los ERTE o el cese de actividad extraordinario de los autónomos. Otras tienen vocación de permanencia, como la reforma laboral, la primera parte de la reforma de pensiones, o la creación del ingreso mínimo vital.
Arroyo abandona el cargo en el que ha tenido que soportar grandes presiones por parte de sus socios de coalición y de los agentes sociales en el despliegue de todas las medidas en materia de protección social y laboral que se han aprobado en la legislatura.
Su labor ha estado sometida a grandes presiones. Primero, dentro del Gobierno de coalición jugó un papel clave durante la pandemia apoyando a la parte de Unidas Podemos dentro de la coalición para desplegar la red de protección pública que evitó la destrucción de millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la buena sintonía no tardó mucho en romperse durante el diseño del ingreso mínimo vital, que la Seguridad Social quiso diseñar un sistema de control de los beneficiarios muy estricto que ha complicado su llegada a las clases populares.
En el ámbito del diálogo social, ha liderado la negociación con sindicatos, patronales y autónomos la puesta en marcha de la reforma de pensiones, la laboral o la de los autónomos. Negociaciones muy complicadas todas ellas en las que las filtraciones de las conversaciones han sido una constante. Probablemente una de las que más afectó dentro del ministerio fue la de la propuesta para extender el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años que generó uno de los mayores choques en el seno del Ejecutivo.
La salida de Arroyo se produce cuando estaba en la recta final de la negociación con los autónomos para la reforma del Reta, que ya dura casi dos años, y el paso más difícil es el que está por venir, la segunda parte de la reforma de las pensiones, que tiene que introducir elementos correctores del déficit adquirido tras la indexación al IPC. Esta es la siguiente negociación que va a abrir el ministerio con los agentes sociales de forma inminente y que incluye la subida de las bases máximas de cotización o la ampliación del periodo de cómputo.
Fuente: El Confidencial
