Su número es mayor en 2024 que en los años de la Gran Recesión
La reforma del subsidio busca evitar la trampa del paro de muy larga duración
El 39,1% de las personas que cobraron algún tipo de prestación por desempleo tiene 55 o más años. Suman 687.929, un 2,4% más que hace un año y el máximo de la serie histórica (que arranca en 2009), para un décimo mes del año si descontamos la pandemia. Algo sorprendente cuando la mejoría del empleo ha reducido el paro y los perceptores de ayudas por debajo de los niveles de la crisis financiera. Todavía lo es más la descripción que hace el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de este colectivo: “En su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación”. Es decir, se trata de prejubilados forzosos.
Los desempleados seniors que ‘abandonan’ el mercado laboral, es decir renuncian a buscar trabajo y se limitan a cobrar una prestación hasta que pueden acceder a la jubilación ‘propiamente dicha’ se han convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los responsables de las políticas de empleo. Sobre todo, porque su peso se ha duplicado desde el 17,4% que registraban en el mismo mes de 2009.
De hecho, no es solo que hayan ganado peso en términos porcentuales: es que hay más que durante la crisis financiera, en concreto un 43% más que en octubre de 2009,. Descontando 2020, ejercicio sesgado por la pandemia y los ERTEs, las cifra de 2024 se mantiene en un récord par octubre, por encima de las cotas alcanzadas en la crisis financiera. La clave son los desempleados que reciben subsidios por desempleo.
Paliar esta situación es uno de los motores de la reciente reforma de los subsidios que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, sin embargo su eficacia en este ámbito despierta muchas dudas, ya que pone más el foco en los propios desempleados que reciben esa ayuda que en la razón por la que los cobran. Que dista mucho de ser una elección.
El sorprendente incremento de los últimos años, que supera los niveles alcanzados entre 2009 y 2013 (los peores años de la Gran Recesión en España) apunta a que estas prejubilaciones ya no se explican por los acuerdos en el marco de despidos colectivos, frecuentes durante los primeros años de la Gran Recesión por la reestructuración bancaria, sino a una situación en la que cada vez más desempleados seniors se ven atrapados, malviviendo solo con una prestación de 480 euros y sus ahorros 8si los tiene) hasta poder acceder a una pensión.
Como revelan los datos del SEPE, el 62% de estos mayores de 55 años (en concreto 427.396) cobran algún tipo de subsidio, mientras solo un 23,7% (163.529 desempleados) cobran la prestación contributiva y un 10,8% una renta o subsidio agrario. A ellos se suman apenas un 1,3% de beneficiarios de la Renta activa de Inserción, una ayuda en declive como el extinto Programa de Activación para el Empleo (PAI).
Sin embargo, tanto las prestaciones como los subsidios ordinarios están limitados temporalmente. Lo más habitual es que cuando los trabajadores las agoten pasen a percibir el subsidio para mayores de 52 años.
Algo que pueden hacer ininterrumpidamente hasta cumplir los requisitos para cobrar una pensión de jubilación. Además, son los únicos parados por los que el SEPE cotiza, en un porcentaje del 125% de la base mínima. La razón para ello es que alguien que acceda a esta ayuda con 55 años tendrá que esperar diez años para jubilarse con unos ingresos de 480 euros. Las personas en esta situación suman 395.750, el 92% de los mayores de 55 años que cobran un subsidio y el 57% del total de perceptores en esa franja de edad. Y aquí radica el auge del peso de los subsidios.
Así que cuando el SEPE habla de que la “gran mayoría” se encuentra en esta situación está reconociendo un proceso por el que pasan los parados de más de 55 años y que, históricamente, se ha considerado algo natural, una suerte de cultura de la prejubilación que está teniendo efectos desastrosos en el mercado laboral y ahora está pasando una alta factura en prestaciones por desempleo y futuras pensiones.
De las prejubilaciones de oro al paro crónico
Las prestaciones y subsidios por desempleo han sido la base de una práctica habitual en España: la de basar los recortes de plantilla para ahorrar costes en los ‘seniors’, que suelen cobrar los salarios más altos, ofreciendo condiciones muy ventajosas para los afectados, que llegan a encadenar casi una década cobrando unos ingresos similares a los que recibían al trabajar gracias a un esquema que combina indemnizaciones, convenios especiales con la Seguridad Social y prestaciones por desempleo hasta el momento de jubilarse con una pensión apenas sin merma.
Estos casos venían pactados con los sindicatos en el marco de un despido colectivo y, además, su adhesión individual era voluntaria. Pero la fórmula ha vivido un lento declive en los últimos años. En primer lugar, porque ya no es tan rentable para las empresas, ya que hay menos asalariados de 55 años con salarios que supongan un ahorro que compense el coste de estos procesos. Pero también el Estado se ha cansado de que esto se haga con cargo a las arcas públicas.
El más contundente fue el Gobierno de Mariano Rajoy: que diseñó un retrasó progresivo la edad de jubilación anticipada de 63 a 65 años en línea con la ordinaria, y puso en marcha la denominada ‘cláusula Telefónica’ (aprobada pero no implementada por el Ejecutivo anterior, del PSOE) para que las empresas que hicieran despidos colectivos a mayores de 50 años teniendo beneficios compensaran al SEPE.
Además, reformó el subsidio especial para mayores de 52 años retrasando el acceso a los 55 años y reduciendo de 125% a 100% la cotización del SEPE, lo que complicó aún más la estrategia. El problema de esta medida es que perjudicaba a los parados de larga duración que no se habían ‘beneficiado’ de los despidos más ventajosos y que entraban en otro tipo de prejubilación: la forzada por la imposibilidad de encontrar trabajo. Una situación cada vez más frecuente para los desempleados de larga duración y que no ha dejado de incrementarse, sustituyendo claramente a los prejubilados en mejores condiciones.
Pensando en estas situaciones, una de las primeras medidas de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa fue revertir este recorte para personas. Aunque tras la pandemia quedó claro que se había vuelto a una situación en la que algunas empresas utilizan este ‘puente de plata’ para volver a pactar despidos con los sindicatos en algunos casos a partir de los 53 años.
Una reforma marcada
Esta cuestión marcó la reforma de los subsidios aprobada hace un año. El Ejecutivo reforzó la compatibilidad entre salario y prestación por desempleo, y estableció una cuantía más alta del subsidio ordinario, pero decreciente a lo largo del tiempo que se cobra (pasando de 560 a 480 euros) para ‘animar’ a los parados de larga duración para encontrar trabajo. Nada de esto afectaba a los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, que no vieron mejorada la cuantía y sí recortada la cotización del SEPE, del 125% al 100%.
¿Qué se pretendía? En parte, disuadir a las empresas de aprovecharse de esta ayuda costosa, ya que el gasto en subsidio se sumaba a la ‘sobrecotización’, más la futura pensión. Pero el Gobierno no se atrevió a reconocerlo y sus explicaciones, que lo vinculaban a la subida del SMI, no convencieron a nadie.Y fue utilizado por Podemos como excusa para tumbar en el Congreso la norma.
El Ejecutivo tuvo que rehacer a toda prisa el decreto ley para pactarlo con patronal y sindicatos, respetando el porcentaje del 125% y con un enfoque centrado en reforzar los incentivos a la activación de los parados. La idea, en el caso de los mayores de 55 años, es que los ‘seniors’ que perciben la prestación contributiva y el subsidio ordinario salgan del paro de larga duración antes de acabar con un subsidio sin límites temporales, pero de 480 euros.
La norma entró en vigor el pasado 1 de noviembre, con lo cual los datos del SEPE aún no recogen su impacto. Pero hay muchas dudas de que cumpla este objetivo cuando el problema de las prejubilaciones forzosas no es la falta de voluntad de los desempleados de activarse, sino que no encuentran oportunidades laborales.
El Gobierno ha anunciado un plan especial para los parados a partir de 45 años, pero hay muchas dudas de que no quede desdibujado en la burocracia competencial que caracteriza a las políticas activas de empleo sin que las personas a las que se dirigen ni las empresas que deben contratarlas lleguen a conocer su existencia.
