La tasa española es la más alta del bloque comunitario, solo por detrás de Bulgaria, y supera en más de 10 puntos la media europea
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación dirigida a cubrir las necesidades básicas de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, con especial foco en la infancia, ha llegado a más de 1,35 millones de niños y adolescentes desde su puesta en marcha en junio de 2020, hace ya cinco años. Sin embargo, el alcance de esta ayuda pública sigue siendo insuficiente para proteger económicamente a los más pequeños, ya que a día de hoy España continúa ocupando el puesto de subcampeona de la Unión Europea en pobreza infantil.
El Ministerio de Seguridad Social difundió ayer los datos correspondientes a la nómina del pasado mes de junio, en el que el IMV celebró su quinto cumpleaños. Y el balance que deja es el siguiente: desde su activación, la prestación ha llegado a 1.049.403 hogares y beneficiado a 3.120.623 personas, de los cuáles 1,35 millones son niños y adolescentes, el 43,3% del total.
En junio, el IMV benefició a 736.867 hogares en los que viven 2.253.401 personas, 370.277 más que en este mismo mes de 2024, lo que implica un crecimiento del 19,7%. Hasta 931.617 beneficiarios, el 41,3% del total, fueron niños y adolescentes. «Combatir la pobreza y, especialmente, la pobreza infantil es invertir en el país que queremos ser. El IMV es una herramienta que está funcionando para, precisamente, ayudar a estos menores a tener las oportunidades que merecen», afirmó en su valoración la ministra Elma Saiz.
Sin embargo, las estadísticas más recientes de la agencia europea Eurostat reflejan que esta prestación está resultando insuficiente para combatir la pobreza infantil en nuestro país. En 2024, España se posicionó como el segundo país de la UE con el porcentaje más alto de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, alcanzando un 34,6% de la población menor de 18 años. Ese porcentaje representa a más de 2,7 millones de menores y ha aumentado desde el 34,5% registrado en 2023 y el 32,2% de 2022.
El año pasado solo Bulgaria se colocó por encima en este ranking, con un 35,1% de menores en riesgo, mientras en el conjunto de la UE la tasa de pobreza infantil afectó a un 24,2% de los menores de 18 años (el equivalente a 19,5 millones de niños en todo el territorio). En decir, la tasa española supera por más de diez puntos la media europea. Y mientras en nuestro país el porcentaje no ha hecho más que crecer, a nivel comunitario se ha reducido en 0,6 puntos en comparación con el 24,8% de 2023.
En su última memoria anual, el Consejo Económico y Social (CES), que es el órgano consultivo del Gobierno en materia económica y laboral, ya apuntó a la pobreza en la infancia como «una dimensión particularmente dramática«. «El buen comportamiento macroeconómico no ha logrado mejorar los datos de pobreza infantil», que siguen «muy por encima del promedio europeo», advertía el informe, que se refería a esta situación como «una lacra social impropia de una economía fuerte y una democracia consolidada como la española».
En el mismo documento, el CES dedica un apartado específico al IMV y recuerda que, en su última evaluación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluyó que más de la mitad de las personas que podrían beneficiarse de esta ayuda económica (en concreto, el 56% de los elegibles) no la están recibiendo. «Esto evidencia la persistencia de importantes problemas de eficacia en la implementación de la prestación», afirma el CES, que señala a problemas de acceso a la información, al propio desconocimiento del lenguaje adminsitrativo e incluso al miedo a que la Administración obligue a devolver los pagos indebidos.
Precisamente, y así lo recoge también el CES en su memoria, el año pasado se constató un aumento de la litigiosidad relacionada con los expedientes del IMV resueltos como denegación, revocación o cobro indebido. Estas problemáticas, especialmente las relacionadas con cobros indebidos, han llevado al Defensor del Pueblo a actuar de oficio tras detectar que la Seguridad Social ha reclamado devoluciones por valor de 500 millones de euros, afectando «de manera desproporcionada a colectivos vulnerables».
La Autoridad Fiscal tiene previsto actualizar su opinión sobre el IMV este mismo miércoles. En su tercera y última evaluación hasta la fecha, el organismo que dirige Cristina Herrero pidió acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (como el Ingreso Mínimo, el Complemento de Ayuda para la Infancia o los subsidios por desempleo) más automático y que la Adminsitración actúe de oficio. El CES, por su parte, viene defendiendo la necesidad de crear una prestación universal que cubra los costes reales de la crianza, al menos, entre los 0 y los 3 años, para acabar con la pobreza infantil.
