España gasta más en ayudas al desempleo pese a reducir su tasa de paro, reflejando un sistema que fomenta la dependencia y la inactividad.
El sistema de ayudas sociales en España, lejos de actuar como una red de seguridad temporal, se ha transformado en una trampa de inactividad y dependencia que desincentiva el empleo formal y alimenta la economía sumergida. Así lo advierte el último estudio elaborado por Freemarket Corporate Intelligence, la consultora presidida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, bajo el título El sistema de ayudas sociales en España: de red de seguridad a trampa de inactividad y de dependencia.
El informe sostiene que los principales programas de protección —el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones por desempleo, el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y las rentas mínimas autonómicas— están reforzando el paro estructural y subvencionando de forma indirecta la economía sumergida. Según los autores del estudio, el diseño actual del sistema, basado en transferencias sin incentivos de activación, ha creado un círculo vicioso de dependencia que lastra la productividad y la eficiencia del gasto público.
El análisis detalla que el coste anual del Ingreso Mínimo Vital ronda los 2.893 millones de euros, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia. El 90 por ciento de los beneficiarios lo perciben durante más de un año, el 75 por ciento supera los dos años y el 60 por ciento lo mantiene más de tres años, lo que contradice la idea de que se trata de una ayuda temporal. Además, el Tipo Impositivo Marginal Efectivo (TIME) del IMV —la proporción de ingresos que se pierde al empezar a trabajar— alcanza niveles cercanos al 100 por ciento, lo que implica que para muchos perceptores trabajar no resulta rentable.
El siguiente gráfico muestra la escalada en el coste del IMV:
De acuerdo con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) citadas en el estudio, el diseño del IMV reduce en 12 puntos la probabilidad de que sus beneficiarios se incorporen al mercado laboral, llegando a superar el 20 por ciento entre los menores de 30 años y las familias monoparentales. A ello se suma que entre el 15 y el 20 por ciento de los receptores podrían tener ingresos no declarados, lo que convierte esta ayuda en un subsidio indirecto a la economía sumergida.
El informe también analiza el sistema de prestaciones por desempleo, cuyo coste medio anual supera los 20.000 millones de euros. España ofrece una de las duraciones más largas de Europa, hasta 24 meses para las prestaciones contributivas, el doble que en Alemania. Este diseño, advierte Freemarket CI, elimina la presión económica para buscar empleo y provoca la devaluación del capital humano, ya que los parados de larga duración pierden habilidades y reducen sus posibilidades de reinserción.
Otro ejemplo de ineficiencia es el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), heredero del antiguo PER, que sigue dotado con 285 millones de euros anuales, de los cuales 246 millones se destinan a Andalucía y Extremadura. El estudio subraya que este programa fomenta el paro estacional y la dependencia asistencial, ya que solo exige 35 jornadas trabajadas al año para percibir subsidios durante el resto del ejercicio.
El documento añade que las rentas mínimas autonómicas suponen un gasto adicional de 1.600 millones de euros anuales, coexistiendo con el IMV y generando una duplicidad burocrática que, según los autores, complica la gestión, multiplica los costes y perpetúa la trampa de la pobreza.
Niveles altos
En conjunto, el informe de Freemarket CI concluye que estos programas no solo no logran reducir el paro estructural, sino que contribuyen a mantenerlo en niveles crónicamente altos. España, recuerda el estudio, no consigue bajar del 10 u 11 por ciento de desempleo incluso en épocas de fuerte crecimiento, en gran medida por los desincentivos laborales que generan sus ayudas sociales.
Vale la pena señalar, además, que los desembolsos movilizados en concepto de subsidio de desempleo van a más aunque la tasa de paro se reduzca. Esto viene a confirmar el nefasto diseño de estos programas y sugiere, por otro lado, que el grueso de la caída del desempleo es producto del maquillaje estadístico perpetrado por el gobierno, por ejemplo, a base de reclasificar a los fijos discontinuos como trabajadores ocupados durante el conjunto del año.
A pesar de que el país dedica al gasto social una proporción del PIB superior a la media europea, la eficiencia de dicho gasto es de las más bajas del continente. El siguiente gráfico muestra la diferencia en el porcentaje de riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales para el conjunto de la UE, así como para Alemania, Irlanda, Francia y España:
Como puede verse, Irlanda ha reducido en más de diez puntos su tasa de riesgo de pobreza entre 2015 y 2024 con un gasto social equivalente a la mitad del español, España apenas logra reducirla entre un 27 y un 32 por ciento tras las transferencias sociales. La comparación europea refleja que España tiene el sistema de ayudas más regresivo de la Unión Europea: el 20 por ciento más rico recibe más dinero público que el 20 por ciento más pobre, según datos de Eurostat y Eurofund.
Freemarket CI propone una reformulación completa del modelo asistencial, orientada a la activación laboral y a la eficiencia del gasto. Entre las principales medidas, plantea transformar el IMV en un complemento salarial que se reduzca gradualmente conforme aumenten los ingresos laborales, garantizando que trabajar siempre resulte más rentable que no hacerlo; unificar el IMV y las rentas autonómicas en una única prestación estatal para eliminar duplicidades; reducir la duración de las prestaciones contributivas por desempleo hasta la media europea; y suprimir o reformar profundamente el PFEA eliminando la trampa de las 35 jornadas. Además, las ayudas deberían estar vinculadas a planes individualizados de activación laboral y formación profesional.
El estudio concluye que el Estado español no necesita gastar más, sino gastar mejor. En palabras de Freemarket CI, España ha construido una gran maquinaria de dependencia que desincentiva el trabajo y perpetúa la pobreza. Mientras países como Irlanda o Dinamarca han logrado combinar protección y activación, el modelo español subsidia la inactividad y penaliza el esfuerzo, convirtiendo las ayudas sociales en un ancla que impide el progreso individual y colectivo.
