La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado una condena de seis años de prisión para cada uno de los dos acusados de estafar 114.000 euros a la Seguridad Social al dar de alta a 25 personas como falsos trabajadores de tres sociedades y para los que, además, se pide un año de prisión
La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado una condena de seis años de prisión para cada uno de los dos acusados de estafar 114.000 euros a la Seguridad Social al dar de alta a 25 personas como falsos trabajadores de tres sociedades y para los que, además, se pide un año de prisión.
Los hechos se iniciaron cuando, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, el procesado J.L.M.Y., según lo planeado con el resto de acusados, movido por el ilícito ánimo de defraudar a la Seguridad Social, usó una empresa sin actividad y otras dos de caravanas, cursando el alta de los demás acusados como trabajadores.
De este modo obtuvo las correspondientes prestaciones económicas por desempleo y similares, cuando en realidad ninguno de ellos desempeñaba actividad laboral alguna en las empresas, lo que suponía la obtención de dinero indebido con grave quebranto económico para la Seguridad Social.
La primera de las empresas fue constituida por D.R.G. para ser utilizada junto a J.L.M.Y. a los fines descritos por la Fiscalía, mientras que las otras dos de caravanas fueron usadas por el principal acusado a espaldas de sus administradores, como gestor que era de profesión y usando documentación de estas.
Estas dos sociedades eran ajenas al ilícito plan ideado por el procesado, pues no sabían nada sobre las altas cursadas con relación a los presuntos trabajadores que no desempeñaron ninguna actividad en sus empresas, siendo la administradora la que denunció los hechos ante la Policía.
A cambio de dar las altas de los falsos empleados, el principal procesado solía cobrar cierta cantidad económica a cada uno a cambio de la gestión, en otras ocasiones le entregaban una pequeña contraprestación de lo percibido por el dinero público recibido indebidamente.
Al menos 21 de los 25 falsos trabajadores recibieron indemnizaciones por parte de la Seguridad Social que oscilaban entre los 1.746 euros la más baja y los 9.313 euros la más alta, sumando en total 114.434 euros.
El 12 de julio de 2017 se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro en las oficinas del principal acusado, incautando una torre de ordenador que contenía amplia documentación del grueso de los investigados, como sus altas en las empresas o recursos sancionadores de la Seguridad Social.
Por todo ello la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la seguridad social, alternativamente un delito continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación superior a 50.000 euros, motivo por el que pide imponer para los dos principales acusados seis años de cárcel y una multa de 698.604 euros para J.L.M.Y. y 336.000 para D.R.G.
Para los otros 25 acusados les pide un año de cárcel a cada uno, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la Seguridad Social durante 4 años.
El juicio por estos hechos se desarrollará del 16 al 18 de febrero en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.