Los pensionistas ‘perderán’ en un año el 50% de las subidas de 2018 y 2019

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El adelanto electoral, la precipitada ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo y el revés del Gobierno socialista, incapaz de aunar consensos para rescatar en un real decreto-ley los principales acuerdos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones, han instalado la incertidumbre de cara a la revalorización del próximo año. De hecho, a día de hoy y ante la falta de una norma que así lo regle la ley vigente para la revisión de las cuantías de las pagas es la del PP de 2013, por lo que la subida en 2020 volvería a ser del 0,25%, después de dos años con alzas del 1,7% (2018) y del 1,6% (2019). Esto provocaría de facto la pérdida de un 50% del poder adquisitivo conservado en los dos últimos ejercicios a partir del 1 de enero del próximo año.

Esta pérdida solo se produciría en el escenario actual, ante la falta de aprobación de unos Presupuestos que incluyan la revalorización para el próximo año -tal y como se incluía en el defenestrado proyecto de Cuentas del PSOE- y la caída de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su segundo punto propone reformar la ley de la Seguridad Social para vincular la subida anual de las pensiones a la evolución de la inflación (IPC) y que ante la falta de acuerdo no será votada en el Congreso. De hecho, cabe recordar que las subidas de 2018 y 2019 solo se han producido por el acuerdo presupuestario del PP y el PNV de abril del pasado ejercicio, que recogía esta partida de gasto con carácter bianual. Un gasto, que una vez consolidado en la Tesorería de la Seguridad Social asciende a los 1.500 millones de euros en 2018 y 2.591 millones en el presente año. Es decir un incremento acumulado de los costes cercano a los 4.100 millones de euros. Cifra similar al coste del mantenimiento del poder adquisitivo de todo el colectivo de los pensionistas en dos años.

Ahora bien, este mantenimiento del poder adquisitivo requeriría para el próximo año 2020 un incremento de las cuantías de las pensiones en la misma medida que el avance del IPC, que los organismos oficiales (Banco de España, BBVA Research, FMI) sitúan en el 1,7%. Esto quiere decir que ante una nómina anual de las pensiones contributivas que alcanza este ejercicio los 135.267 millones de euros, implicaría un incremento de la misma de 2.300 millones, hasta alcanzar los 137.567 millones.

Sin embargo, ante la falta de medidas que así lo reviertan, como se ha explicado, el próximo año se aplicaría el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) estipulado en la norma de 2013, que ajusta las subidas al mínimo del 0,25% en caso de déficit en la Seguridad Social, que en 2019 está previsto alcance los 18.650 millones de euros. En este sentido, la nómina se incrementaría en 338 millones de euros, por lo que el Estado ahorraría casi 2.000 millones (1,5%) en comparación a si elevase las cuantías con el IPC, lo que implicaría además una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en la misma cuantía. Es decir, casi un 50% del incremento de 4.100 millones experimentado en los dos últimos ejercicios.

El momento clave en el que se gestó la incertidumbre que hoy existe en torno a la revalorización de las pensiones del 2020 fue el de la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre del pasado año, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En el borrador de este texto, el Gobierno socialista incluyó que la vinculación de las pensiones a la evolución de la inflación se haría de forma permanente, modificando de pleno la actual ley de la Seguridad Social. Sin embargo, en el texto aprobado finalmente se retiró esta cláusula y se cambió por otra que reflejaba la excepcionalidad de las subidas de las pensiones aplicadas para este año, en lo que se instaba a los partidos políticos a encontrar y consensuar una fórmula de revalorización en los foros previstos, como el Pacto de Toledo. Un hecho, que provocó las críticas de Podemos al considerar que el consenso se alcanzó en septiembre en la Comisión para la reforma de las pensiones.

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